La empresa de la cementera empleará “todas las armas legales posibles” para seguir en el puerto de Santa Águeda

El coordinador general de la cementera Ceisa, Claudio Piernavieja, ha advertido este viernes de que acudirán a “todas las instancias posibles y emplearán todas las armas legales”, si se produce finalmente la denegación por parte de Puertos Canarios de la concesión de la prórroga para el uso del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria.

En declaraciones a EFE, Piernavieja ha señalado que aún desconocen el informe acordado en la reunión del consejo de administración de Puertos Canarios y al que se refirió el consejero de Obras Públicas regional, Pablo Rodríguez, para anunciar el pasado martes la denegación de la concesión, que ha considerado “irregular”.

Ha explicado que, aunque ni siquiera han recibido un borrador del mismo, el consejero, tras la reunión del consejo de administración de Puertos Canarios celebrada el pasado mes de octubre, informó de que se suspendía cautelarmente el expediente, con lo que, si no se ha levantado esa suspensión, no se entiende cómo se puede emitir un informe.

Piernavieja ha expresado su “indignación” por las formas y las declaraciones del consejero Pablo Rodríguez debido al “desasosiego e incertidumbre” generado entre los trabajadores de Ceisa (150 directos y 450 indirectos), así como en la propia empresa, de carácter estratégico para la islas.

Ha remarcado que no se ha producido ningún cambio normativo ni legislativo desde el pasado mes de octubre que justifique ese informe, máxime cuando Puertos Canarios disponía de numerosos informes que respaldaban el otorgamiento de la prórroga de la concesión a Ceisa.

Se trata de pronunciamientos de Puertos Canarios, de la Secretaría General Técnica, de las consejerías del Gobierno, del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, del Cabildo de Gran Canaria y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha destacado Piernavieja.

Ha sostenido que mientras que existan derechos sobre la concesión minera a Ceisa no es de aplicación el cambio de uso del puerto y hasta 2046 no vence, al tiempo que ha manifestado que en ninguno de esos informes se alude al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria para denegar la prórroga, pues recomienda pero no obliga al cambio del uso del puerto a turístico y comercial, según Piernavieja.

Por ello ha concluido que cuentan con “un expediente absolutamente armado” que avala la concesión de la prórroga a favor de Ceisa.

Piernavieja se ha preguntado también cómo es posible que el consejero les haya anunciado que, una vez que se les notifique el informe, dispondrán de 15 días para presentar alegaciones, y defienda una solución negociada al tiempo que habla de “desmantelamiento”, de “denegación” y de que antes del verano se quiere concluir el expediente.

Ha recordado además que Ceisa por la Ley de Costas vincula el plazo de la concesión portuaria a la minera, que concluye en 2046 y dispone de una prórroga de 30 años.

En su artículo 66.3 se señala que cuando se trata de dos concesiones, en el caso de la cementera la portuaria y la minera, se debe vincular el plazo a la que disponga de mayor tiempo, que es la segunda, ha indicado.

A juicio del Coordinador general de Ceisa, una industria estratégica como esta “no puede depender del político de turno”, por lo que en caso de que finalmente se les deniegue la concesión confiarán en lo que resuelva la Justicia.

En la empresa manifestaron sentirse “conmocionados” por las conclusiones del informe de Puertos de Canarias y que conocieron “a través de la prensa”. En declaraciones ofrecidas a este periódico, Claudio Piernavieja, señaló que sospecha que Puertos Canarios ha actuado “en la sombra”, contando a la prensa las conclusiones del informe, una decisión que califica como “irregular”. Tanto las declaraciones del consejero como el modo en que ha hecho públicas las conclusiones le parecen “un desprecio a una empresa estratégica para la isla”.

Aunque la concesión venció formalmente en 2022, desde marzo de 2021 se tramita en el organismo público Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, un expediente administrativo para el “otorgamiento de nuevo título concesional” a CEISA.