La empresa de la cementera sospecha que Puertos Canarios ha actuado “en la sombra” para no renovar su concesión en Santa Águeda

Cementera en el Puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria.

Gara Santana

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En la empresa de Cementos Especiales de las Islas (CEISA) manifiestan sentirse “conmocionados” por las conclusiones del informe de Puertos de Canarias anunciadas por Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, y que han conocido este martes “a través de la prensa”. El consejero informó de que el ente público ha emitido un informe desfavorable a la solicitud de prorrogar la concesión a la empresa y que “antes del verano se cerrará el expediente”. Aunque la concesión venció formalmente en 2022, desde marzo de 2021 se tramita en el organismo público Puertos Canarios, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, un expediente administrativo para el “otorgamiento de nuevo título concesional” a CEISA.

Rodríguez explicó a los periodistas que se ha abierto el plazo de alegaciones y audiencia correspondiente para adoptar, posteriormente, la decisión definitiva y que “el objetivo es cerrar el expediente que lleva más de dos años abierto”.

En declaraciones ofrecidas a este periódico, Claudio Piernavieja, coordinador general de la cementera, sospecha que Puertos Canarios ha actuado “en la sombra”, contando a la prensa las conclusiones del informe, una decisión que califica como “irregular”. Tanto las declaraciones del consejero como el modo en que ha hecho públicas las conclusiones le parecen “un desprecio a una empresa estratégica para la isla”.

Piernavieja no entiende de dónde sale este informe “cuando existía uno que ya estaba prácticamente terminado en la anterior legislatura, nutrido por multitud de informes, bien armado” y se pregunta si el consejero Rodríguez “quiere deshacer” lo que estaba.

Por su parte, Rodríguez explicó que, una vez que se resuelva el expediente, “se buscará plantear la desmantelación de la concesión portuaria, pero no la fábrica en su conjunto”. Para los trabajadores esto entraña un problema y es que el alma de su actividad depende del transporte de materiales en el puerto. “Vamos a seguir hasta el final y estudiaremos a fondo si denunciamos en otro tipo de sede judicial”, nos cuenta el coordinador de CEISA. “De nuestra actividad dependen 600 familias y el pueblo de El Pajar nos apoya; no quieren que cambie su identidad, hemos crecido juntos”.

Para el Gobierno canario no cabe prórroga a la concesión, “está vencida y, por tanto, debe pasar al uso que plantea el Plan Insular de Ordenación”. Los trabajadores, por su parte, lamentan que “el futuro de más de 150 trabajadores dependa del político de turno”.

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