No es la primera vez que las comisiones de investigación parlamentarias que se celebran en España se utilizan para enfangar al oponente político. El esperpento que estamos viviendo ahora en el Senado, con el PP montando a su antojo comparecencias que en absoluto pretenden aclarar nada sino enfangarlo todo, viene ocurriendo en esta democracia desde hace tiempo.
Sus señorías saben que nadie puede dirigir contra ellas ninguna acción judicial (ni civil ni penal) por insultar, por inventarse hechos que jamás existieron o incluso por atribuir delitos, porque están protegidos en la sede de la soberanía nacional por una inmunidad parlamentaria que, como tantas otras muchas cosas como la inviolabilidad del jefe del Estado o el aforamiento de los responsables políticos, no es utilizada para el fin con el que se creó.
Para que la esquizofrenia política no se quede ahí, las personas comparecientes en las comisiones de investigación sí están obligadas a decir verdad, so pena de acabar en la jurisdicción penal en el caso de mentir.
Ver a la ministra Pilar Alegría tratando de defenderse de unos hechos inexistentes resulta dantesco. En el mundo jurídico se llama la prueba diabólica (probatio diabolica), consistente en tener que demostrar que los hechos en los que se la involucra (una orgía con destrozos en el Parador Nacional de Cuenca) jamás ocurrieron, descargando de tal responsabilidad a los que sostienen sin pruebas todo lo contrario.
Este lunes vimos en una comisión de control en el Parlamento de Canarias, la de la compra de material sanitario durante la pandemia, al exministro José Luis Ábalos, incurso en estos momentos en una causa penal que nada tiene que ver precisamente con el objeto de la comparecencia que le trajo hasta Tenerife. Daba lo mismo, su condición de investigado y de palanca eficaz para atacar al presidente del Gobierno fue convenientemente utilizada por los diputados designados por el PP y Coalición Canaria para preguntarle sobre todo por asuntos que nada tienen que ver con el objeto de la iniciativa parlamentaria, que desde hace tiempo se está conduciendo hacia lo que pretende la mayoría parlamentaria, lo que no coincide necesariamente con el objetivo que debería perseguir una comisión de investigación. Da igual lo que se concluya, da igual que no se demuestre que Ángel Víctor Torres no intervino en ninguna operación malvada para que la ciudadanía de Canarias se pusiera mascarillas defectuosas mientras él se repartía con Ábalos suculentas comisiones. El caso es agitar permanentemente el botafumeiro lleno de mierda de un lado al otro del templo para que todos los fieles seguidores de estas teorías se llenen los pulmones con lo que quieren creer.
Un saltaperico
A esta estrategia que el PP despliega en toda España se prestó este lunes en el Parlamento canario el diputado de CC José Alberto Díaz-Estébanez, un saltaperico que su partido utiliza para las causas perdidas convencido de que, aunque no haya con qué, él es capaz de fabricar el fango más pegajoso que se pueda encontrar a este lado del Atlántico para lanzarlo con rabia contra quien sea menester. Puede ser un adversario político, pero también un periodista o cualquiera que se le ponga a tiro y ose rechistar sus maneras de matón barato.
Ya se llevó un aviso en la pasada legislatura cuando, al término de una comisión de control de Radio Televisión Canaria, un diputado de Podemos le advirtió que a la próxima “te arranco la cabeza” (según la versión de Díaz-Estébanez), o le previno de que “no me calientes la cabeza” (según la versión de Francisco Déniz, de Podemos), pronunciado después de que el interpelado le dijera “eres un mantenido de Carlos Sosa”. Qué raro, este periodista y su periódico, en boca de Díaz-Estébanez.
Sus redes sociales son una prueba del estilo pendenciero de este diputado, que lo mismo insulta a un adversario que amenaza a un periodista o a la empresa editora de un periódico con la inminencia del fin “del chollo” en vísperas de que su partido, Coalición Canaria, regresara al poder en 2023.
De ahí que, ante determinados acontecimientos, CC le pida contención, cuando no silencio absoluto, porque con su temperamento crispado y su lengua incontrolada puede echar a perder cualquier estrategia. Es lo que ha ocurrido precisamente ahora con la polémica suscitada en torno a la filtración de una conversación entre el expresidente del Parlamento canario y actual vicepresidente segundo, Gustavo Matos, del PSOE, y el empresario Mohamed Jamil Derbah. Una oportunidad inigualable para que Estébanez desplegara todo su repertorio de insultos la ha desaprovechado porque las instrucciones eran claras: muchos en su partido, incluidos los de mayor rango político e institucional, se han reunido con el mismo empresario sospechoso de varios delitos y no era plan despertar a las demás fieras. Callado como si no hubiera pasado nada. Da hasta grima imaginarlo mordiéndose la lengua.
No estaba en el Parlamento canario Díaz-Estébanez en 2006 cuando se constituyó la comisión que investigó el caso eólico, aquel en el que se vio envuelta la Consejería de Industria, excepto su consejero, a la sazón, Luis Soria López, hermanísimo de José Manuel Soria López. Un director general y un alto funcionario, además de algunos advenedizos que se quisieron forrar con un concurso de asignación de potencia eólica en los tiempos en los que estallaba el boom de las renovables, el que estalló antes de que el ministro Soria llegara al Gobierno de España y se sacara de la manga el impuesto al sol.
La comisión de investigación la propuso el PSOE porque la vía penal quedó en vía muerta por la intervención providencial de un comisario de Policía que impidió que alcanzara al consejero Soria, que ni siquiera apareció en ninguna de las decenas y decenas conversaciones telefónicas intervenidas. El comisario encargado de la investigación se encargó de que todo quedara en el despacho de al lado, el del director general de Industria, y acabó premiado como responsable de seguridad en la embajada de Cuba. ¡Azúcar!
La comisión de investigación se constituyó en el Parlamento y desde el principio ya se venía venir a quiénes no les iba a caer el peso de la responsabilidad política: a cualquiera que no fuera el consejero de Industria ni su hermano José Manuel, a la sazón diputado de a pie y presidente del Cabildo de Gran Canaria, desde donde también tuvo sus cosas con un empresario interesado en el concurso eólico, Javier Esquivel, en cuyo chalet estuvo viviendo de gorra diecinueve meses.
El caso eólico fue destapado por Canarias Ahora precisamente a partir de que se conociera este trato de favor de un empresario a José Manuel Soria y la denuncia de un particular ante la Fiscalía. Nuestras investigaciones nos costaron una dura querella del exministro con Rajoy, que llegó a pedir cárcel para dos periodistas de este periódico y de la radio que entonces estaba vinculada a él, Canarias Ahora Radio. La sentencia acabó en absolución y condena en costas al querellante, que recurrió solo este aspecto y le fueron perdonadas en la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Pero en el Parlamento, Soria estaba esperando a este periódico, así que montó de tal modo la comisión de investigación que, pese a no formar parte de ella, se personó en una de sus sesiones para ocuparse personalmente de interrogar al que entonces era presidente del Consejo de Administración de Canarias Ahora, José Francisco Henríquez, al que el mencionado inspector salsero metió en la investigación por haber sostenido una conversación telefónica con el principal encartado, que lo llamó para pedirle que intercediera ante diputados del PSOE para que votaran a favor de una iniciativa de la Consejería de Industria.
Henríquez ni siquiera se sentó en el banquillo, la imputación que le colgó la Policía no tuvo recorrido alguno, pero fue suficiente para que Soria y Coalición Canaria le atribuyeran a él y al periódico una suerte de responsabilidad política imposible.
Las conclusiones de la comisión de investigación de la trama eólica dicen así: “Se ha podido apreciar a distintos comparecientes, todos ellos, o militantes del PSOE, o ex altos cargos de Gobiernos del PSOE, o personas afines al mismo, pretendiendo desviar de forma intencionada el verdadero objeto de la investigación y, casualmente, coincidiendo con la línea editorial de un medio de comunicación ”CanariasAhora.com“, cuyo editor y uno de los principales accionistas es D. José Francisco Henríquez Sánchez”.
El PSOE emitió un voto particular en el que se situaron las responsabilidades políticas en el despacho del exconsejero Soria, pero eso ya se sabe que no pasa a la posteridad.
Pero sí la sentencia que condenó a siete personas por diferentes delitos, todos ellos relacionados con la filtración de las bases del concurso de asignación de potencia eólica para dar ventaja a determinados concursantes. Ni una sola mención se hace en la sentencia ni a Canarias Ahora ni a ninguno de sus directivos. Sí a los siete condenados, entre los que se encontraba José Ignacio Esquivel, hermano del dueño del chalet en el que vivió Soria de gorra diecinueve meses, además del director general de Industria que sirvió de parapeto al consejero Luis Soria.
Para vergüenza de los que votaron a favor de esas conclusiones de vergüenza, ahí van sus nombres: María Belén Allende Riera (CC), Guadalupe González Taño (CC), Esther Nuria Herrera Aguilar (CC), Jorge Alberto Rodríguez Pérez (PP), Manuel Fernández González (PP) y Carlos Ester Sánchez (PP).
Las vueltas que da la noria de los mentirosos: Jorge Alberto Rodríguez Pérez es actualmente el abogado que representa al exjuex delincuente Salvador Alba, al que ha dado cobijo en su despacho jurídico, Consortium Abogadis, con la ayuda inestimable del Colegio de Abogados de Las Palmas.
El dictamen de la comisión se llevó al pleno del Parlamento y fue apoyado por 29 votos a favor y 20 en contra.