El típico baile competencial
El debate sobre la regasificadora ha servido al menos para retratar a cada cual en su posición; al alcalde de LPGC, lanzando peregrinas propuestas y pisando charcos muy aplaudidos por los empresarios pero muy contestados vecinalmente; al de Agüimes, cabreando a los empresarios e insistiendo en sus tesis de que debe ser una instalación offshore; al Puerto arrimando el ascua a su sardina: si no es en La Luz, que sea en Arinaga; a las fuerzas vivas empresariales y ocultas o semiocultas, aprovechando la polémica para preguntar por sus cosas y reclamar un poquito más de celeridad, de seriedad y de responsabilidad a las administraciones. Porque parece absolutamente confirmado que el Gobierno de Canarias es bastante responsable del retraso de la implantación del gas en Gran Canaria si atendemos a su empeño por apropiarse de la redacción del Plan Especial Territorial de Hidrocarburos, que se lo reclamó al Cabildo en el anterior mandato pero que lo devuelve ahora a la misma institución, ahora en manos del PP, para que lo remate. Un Cabildo, por cierto, que además de haberse pronunciado hasta ahora en favor de una instalación offshore, da por irrenunciable la implantación del gas como única salida ante una inminente caída del sistema por demanda y capacidad de producción. Y para ello ha tenido en cartera cuatro ubicaciones: cantera de Roque Ceniciento, en La Isleta; Arinaga, Salinetas (antigua Cinsa) y Juan Grande, mediante una pequeña instalación portuaria de descarga. Las Palmas de Gran Canaria acaba de quedar descartada sin que nadie lo haya proclamado oficialmente.