Dos tramposos muy tramposos

Salvador Alba ya hace vida normal. O casi normal. Sale cada mañana temprano de la cárcel de El Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, para acudir a su trabajo en las inmediaciones de la calle de Triana, concretamente al despacho de refinado nombre Consortium Abogadis, del que es titular un viejo conocido de la política, Jorge Rodríguez Pérez, al que un día bautizamos creo que muy certeramente en este periódico con el sobrenombre de alicatado hasta el techo. Rodríguez es el prototipo de personaje que se desenvuelve por el mundo estirado, en el sentido más estricto del término, siempre de punta en blanco, con modales elegantes y esforzada dicción… pero que, en contraposición, atesora una biografía política y profesional que en absoluto se corresponde con tanta finura.

Desde que supo que Salvador Alba se quedaba sin abogado, Jorge Rodríguez corrió a su encuentro. Están hechos el uno para el otro y enseguida sintonizaron. Además del mismo gusto por la trampa, ambos tienen enemigos comunes y, sobre todo, amigos comunes que deben estar encantados de que su relación sea cada día más estrecha y, a ser posible, provechosa. Casi todas las andanzas políticas de Jorge Rodríguez, incluidas las que han tenido que ver directamente con la  corrupción, han sido desgranadas al detalle por este periódico. Al igual que sus intentos por convertirse en magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ocultando a ese órgano jurisdiccional un dato destacado de su trayectoria profesional que lo inhabilitaba. Por un asunto de calendario (no habíamos visto la luz aún) no pudimos contar cómo de gamberros fueron sus inicios como concejal de Urbanismo junto a José Manuel Soria, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se vio forzado a dimitir al descubrirse que beneficiaba desde su puesto a una empresaria muy amiga, íntima amiga. Aunque los pormenores no fueron adecuadamente investigados porque salió por patas, es seguro que tuvieron que ser muy escandalosos como para que José Manuel Soria, tan bueno de boca como ha sido siempre para la corrupción, no se lo dejara pasar. 

Pero Soria lo recuperó más tarde para la política incorporándolo no sólo al núcleo duro del PP de Canarias, sino como portavoz parlamentario para asuntos económicos. Desde ese puesto lo descubrió Canarias Ahora operando como conseguidor para una trama corrupta liderada por un empresario peninsular para introducir a su empresa en los ayuntamientos gobernados por el PP (particularmente el de Telde)  para construir vivienda pública sin someterse a los rigores de la ley de contratación. O sometiéndose solo un poco, ya saben.

Rodríguez se sentó en el banquillo de los acusados ante el que por unos pocos meses fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, que se hizo acompañar de dos jueces novatos (jueces de adscripción territorial) para poner la sentencia más estrambótica de cuántas han cabalgado a lomos de burros volando por el palacio de justicia de la plaza de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria. El tribunal absolvió a Jorge Rodríguez pero dando por probado que cometió tráfico de influencias, aunque no de una manera lo suficientemente grave como para condenarlo. Los demás acusados, salvo la esposa de uno de ellos, fueron condenados a penas de prisión y fuertes multas.

En medio de ese juicio, Navarro Miranda recibió la noticia de que el PP, perdón, el Consejo General del Poder Judicial controlado por el PP, ese Consejo General del Poder Judicial que alargó tanto y tan ilegalmente su mandato, lo nombraba presidente de la Audiencia Nacional. A los mandos de aquella operación, José Manuel Soria, el que compartía con Jorge Rodríguez junta directiva regional del Partido Popular de Canarias.

Navarro Miranda, quien por cierto aparece profusamente en el canal de WhatsApp de Paco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad que el PP quiere mandar al matadero como única víctima de los desmanes de la policía corrupta, también tiene unas cuantas páginas de protagonismo en el libro que Salvador Alba publicó para vengarse del mundo y, de paso, conmemorar los seis años y medio de cárcel, y los 18 de inhabilitación a los que fue condenado por delinquir con la toga puesta. Describe Alba en su Injuria, cuál es grado de amistad que mantiene con Navarro Miranda, que lo lleva a compartir mesa y mantel en varios restaurantes de calidad de Madrid y a moverse por la capital a bordo de su coche oficial de la Audiencia Nacional. Uno de los destinos, por cierto, con los que Alba soñaba y que José Manuel Soria debió incluir en alguna de sus promesas a cambio de que acabara con la carrera política de Victoria Rosell. 

Con Navarro Miranda Salvador Alba almuerza en mayo de 2016, con su escándalo en plena ebullición. Y lo hacen en el restaurante Pelotari, casualmente el que utilizó el exmagistrado corrupto para verse en diciembre de 2015 con el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, el día antes de publicar la primera filtración de las falsedades contra Victoria Rosell, justo cuando empezaba la campaña electoral de las elecciones de diciembre de aquel año. 

Una vez condenado, Salvador Alba continuó obsequiando al mundo jurídico canario con sus capacidades para la inventiva. De repente le afloraron todas las enfermedades imaginables para evitar entrar en prisión, y mucho menos en una de la Península, que era donde le tocaba por haber delinquido como funcionario de la Administración de Justicia. Curiosamente, ya en la cárcel de Estremera, Madrid, se le sanaron todos sus males porque no dejó de viajar ni una sola vez a Gran Canaria a partir del momento en que pudo disfrutar de permisos penitenciarios.

Alba no se ha arrepentido de sus delitos y así lo ha ido pregonando por todas partes. Además, la cárcel no ha servido para su reinserción social porque, al menos respecto al delito de falsedad documental, sigue actuando como si nada. Así lo demuestra en la web del despacho de abogadis del que forma parte. Bajo su fotografía se puede leer, entre otras afirmaciones de dudosa veracidad, que ha sido formador en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, lo que el órgano de gobierno de los jueces desmiente rotundamente.

Con todo este panorama y estos antecedentes (incluso penales), el Colegio de Abogados de Las Palmas ha admitido a Salvador Alba como colegiado para que pueda ejercer como si no hubiera pasado nada y en contra de lo que mandata el Estatuto General de la Abogacía Española, con una condena por delitos graves y una inhabilitación de 18 años. Es una magnífica inyección de imagen para este colectivo profesional de cuyos miembros el propio Alba dijo en 2012 que no tenían preparación para atender bien a sus clientes. Ahora va a subir el nivel, sin duda.