Las empresas industriales deberán presentar un informe medioambiental
Las empresas de carácter industrial deberán presentar ante la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, antes del próximo 7 de febrero, un informe preliminar de su situación y los efectos medioambientales de su actividad, con respecto a la contaminación de suelos.
En un comunicado remitido este martes por la Cámara de Comercio se señala que así aparece recogido en el Real Decreto 9/2005 en el que se establecen, entre otras cosas, la relación de actividades que deben cumplir con esta obligación.
En la práctica y según los datos del último censo elaborado por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, sólo en la provincia esta nueva normativa afectaría a un total de 3.816 industrias, lo que supone el 5% del tejido empresarial de la misma.
Aprobado hace dos años, el principal objetivo de la aplicación de este Real Decreto no es otro que el de conocer los efectos medioambientales que están teniendo las diferentes actividades industriales en las islas y declarar qué suelos son los que están o no contaminados.
Además, se pretende obligar a las empresas que contaminan a adoptar una serie de medidas que permitan la recuperación medioambiental de los terrenos en los términos y plazos dictados por el Gobierno.
En líneas, generales, la aplicación de esta nueva norma afecta a todas las empresas de carácter industrial, sobre todo las dedicadas a actividades de recogida y tratamiento de residuos (incluido el reciclaje), y recogida y tratamiento de aguas residuales (plantas depuradoras).
También afecta a empresas de saneamiento y descontaminación, transporte por vía terrestre, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos a motor, fabricación y comercialización al por mayor de pinturas, barnices y revestimientos similares, fabricación de fibrocemento, materiales cerámicos y otros productos para la construcción.
También están obligados a presentar un informe todas aquellas empresas, industrias o no, que manejen, produzcan o almacenen más de 10 toneladas por año de una o varias sustancias peligrosas, y por aquellas personas o entidades que almacenen combustible para uso propio y cuyo consumo anual media sea superior a 300.000 litros.
Las empresas que estén interesadas en conocer más datos de esta o cualquier normativa medioambiental que afecte a su funcionamiento pueden hacerlo a través de la Línea de Consulta Medioambiental que la Cámara de Comercio y el Cabildo Insular de Tenerife abrieron, hace ahora cerca de un año y medio, agregó el comunicado.