Máñez asegura que el uso de los fondos de formación para cubrir los costes de los ERTE es “excepcional”
El Gobierno de Canarias ha informado de que el respaldo a la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social de destinar los fondos de formación para el empleo a costear las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) es “una decisión excepcional”.
La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo indica en un comunicado que esta decisión está motivada por la situación de emergencia que atraviesa el país y tiene como objetivo garantizar que las casi 158.000 personas afectadas por un ERTE en Canarias cobren sus prestaciones.
La consejera de esta área, Elena Máñez, afirma en la nota que al margen de la posición del Ejecutivo autonómico, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, ya recogía que esos fondos podrían destinarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo.
Máñez afirma que ha exigido en todo momento que los fondos sean repuestos al finalizar la emergencia y que el Ministerio “convoque una nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, a la mayor brevedad, para abordar su reparto”.
La consejera insiste en que Canarias no va a renunciar a los fondos de formación para el empleo, “como tampoco lo hace a su derecho de recibir las partidas comprometidas por el Estado a través del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), vitales para la recuperación económica de las Islas”.
Sin embargo, manifiesta que en estos momentos la prioridad es proteger las prestaciones de los trabajadores afectadas por un ERTE, expedientes de los que, adelantó, ya se han presentado 22.068 solicitudes en el Archipiélago, con 157.995 personas afectadas.
Agrega que la situación de los ERTE se agrava por la pérdida de 19.797 puestos de trabajo en marzo y una caída del -24,01% de la contratación respecto al mes de febrero, con especial incidencia en el sector de la hostelería (-37,41%), directamente vinculado al turismo.
Según la nota, la consejera puso también sobre la mesa que se reconozcan las singularidades de la única región ultraperiférica española, que se verá “especialmente afectada por el parón económico en el sector turístico”.
“El Gobierno de España debe tener en cuenta el impacto económico diferencial que tiene la emergencia del COVID-19 en cada uno de los territorios”, manifiesta Máñez, quién alerta de que la importancia del sector turístico en el Archipiélago hará que este impacto “sea más prolongado en el tiempo y con un proceso de recuperación más lento”.
Además advierte de la falta de liquidez que amenaza en un futuro próximo a las administraciones públicas debido a la caída de las previsiones de ingresos, en un marco “de paralización de la actividad económica” y pide que Unión Europea debepermita el endeudamiento y mancomunar la deuda.
“Hay que facilitar todos los recursos posibles, flexibilizar las reglas fiscales y permitir el endeudamiento para que las administraciones públicas puedan hacer frente, sin condenar su liquidez, a cuestiones de extrema urgencia como las prestaciones ligadas a los ERTE, las ayudas a autónomos y autónomas o la atención sanitaria durante esta emergencia”, añade.
Para Elena Máñez, hacer frente al gasto derivado de las prestaciones vinculadas a los ERTE “obliga a plantearse las prioridades en una situación de excepcional emergencia”.