La Intervención Sectorial Apícola (ISA) , instrumento de la Política Agraria Común (PAC) regulado por el Real Decreto 906/2022, tiene como objetivo principal coordinar la lucha contra la varroosis , enfermedad causada por el ácaro Varroa destructor , que desde su llegada al Archipiélago en 1993 amenaza la apicultura local y a la raza autóctona de abeja canaria.
La filosofía del programa es clara: sin tratamiento colectivo, ningún apicultor puede frenar la reinfestación. Por ello, la ISA financia medicamentos veterinarios, asesoramiento técnico y formación en control de plagas para asegurar un abordaje integral. En Canarias, las asociaciones de apicultores han desempeñado históricamente el papel central en esta gestión, garantizando que las ayudas lleguen a las colmenas mediante sistemas legales y fiscalizados de compra conjunta de medicación, sin necesidad de almacenar stock, o por decirlo de otra manera, sin necesidad de contar con una botica y o centro dispensador.
Sin embargo, la convocatoria canaria de la ISA en 2025 introdujo requisitos adicionales no previstos en la norma estatal. Entre ellos, que las asociaciones estén autorizadas como centros dispensadores oficiales de medicamentos veterinarios.
El resultado, denuncian los colectivos, ha sido devastador: solo dos asociaciones de una veintena en el Archipiélago lograron cumplir los requisitos , dejando fuera a miles de colmenas, sobre todo en islas no capitalinas.
Esta exclusión ha tenido repercusión directa en el reparto nacional de fondos. Aunque el censo oficial se sitúa en torno a 33.000 las colmenas canarias , la baja participación en la convocatoria redujo de manera notable la asignación. Así, Canarias ha vuelto a situarse en la última posición en ayudas por colmena: 0,82 euros , frente a la media nacional de 1,53 euros y los 1,25 euros de la siguiente comunidad más baja, Madrid.
Las asociaciones insisten en que “la ISA fue concebida como una herramienta sanitaria, no como un filtro burocrático”. En un territorio fragmentado y ultraperiférico, sostienen, “la red asociativa no es accesoria, sino la única vía eficiente para garantizar que los tratamientos lleguen a cada apicultor”.
Y advierten que el riesgo no es sólo económico. “Si se rompe la cadena colectiva de control, la varroa se expande sin distinción y el perjuicio afecta a toda la cabaña apícola”.
Los apicultores reclaman al Gobierno de Canarias aplicar la normativa estatal sin cargas añadidas y actuar como facilitador, no como obstáculo. “Cada euro invertido debe destinarse a lo esencial: proteger a las abejas y, con ellas, la biodiversidad y la economía rural”, concluye.
La voz queda de los apicultores canarios en Madrid
Desde la Asociación de Apicultores de Gran Canaria (APIGRANCA) han mostrado su malestar con la gestión que de este asunto ha hecho el consejero de Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Narvay Quintero. Si bien consideran legítima la demanda de estos fondos que garantizan recursos básicos para el sector primario, denuncian que durante la negociación el consejero “no defendió la apicultura canaria”, lo que ha derivado en un reparto que sitúa a las islas en la última posición en apoyo público por colmena dentro del Estado, como se aprecia en las imágenes anteriores. “¿Cómo puede un consejero exigir recursos para el campo canario y al mismo tiempo aceptar que nuestra apicultura quede en el último lugar en financiación?”, se preguntan desde APIGRANCA.
La asociación subraya que esta decisión no es un asunto burocrático menor, sino que tiene efectos concretos sobre la sanidad y la producción apícola. “Cada euro que no llega se traduce en tratamientos menos para las colmenas, mayor riesgo sanitario insular y cosechas potencialmente perdidas”, aseveran.
Recuerdan que en Canarias las asociaciones de apicultores son las principales responsables de garantizar la cobertura sanitaria del sector, por lo que esta falta de recursos compromete al conjunto del sistema productivo y a la biodiversidad insular.
Un problema estructural
La crítica se sustenta también en el informe publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), El sector apícola en cifras. Principales indicadores económicos 2024 (julio de 2025), que refleja cómo España en su conjunto mejora en producción y consumo, mientras que Canarias ha perdido 3.200 colmenas en los últimos dos años.
Desde este periódico hemos querido conocer qué alegan al respecto desde la Consejería Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Explican que “la distribución de fondos fue aprobada en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se celebró en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el pasado mes de junio, de acuerdo a la normativa estatal que regula la Intervención Sectorial Apícola (ISA) 2025 en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC)” y que “estos repartos por comunidad autónoma se realizan basándose en criterios de otorgamiento y ponderación que, además del número de colmenas, también contemplan la dimensión y la titularidad de las explotaciones, así como la pertenencia a cooperativas o agrupaciones de defensa sanitaria ganadera legalmente reconocidas, entre otros baremos”.
Para APIGRANCA, lo ocurrido responde a una doble realidad: infrafinanciación estructural y falta de defensa política. “Cada euro que no llega no es una cifra abstracta: es una colmena sin tratar, una isla más expuesta y un apicultor abandonado”, concluyen.