El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha confirmado este viernes que la compañía Emalsa, que se encarga de la gestión del agua en la capital, ha reclamado judicialmente que se analicen el contrato y las cláusulas para rescindir el acuerdo de alquiler de las oficinas de la empresa, ya que, dijo, las actuales son “abusivas”.
“Es una iniciativa que elevé al Consejo de Administración para que analizara jurídicamente el contrato. Esta propuesta fue considerada y ya se ha presentado la demanda en el juzgado correspondiente para que se analicen las cláusulas y se diga si es correcto que debamos seguir pagando esa renta”, dijo.
En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil agregó que otro de los objetivos es que los tribunales se pronuncien sobre si las cláusulas del contrato de la sede de Emalsa respecto a la indemnización que debería pagar el inquilino (la compañía) si quisiera resolver el contrato unilateralmente “son justas o no”.
Por su parte, Cardona señaló que se sigue manteniendo abierta la línea del diálogo con el propietario del inmueble para llegar a un acuerdo y que el conflicto sobre la interpretación del contrato pueda culminar con un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes.
Indemnización por resolver el contrato
Indemnización por resolver el contratoEn este sentido, el alcalde consideró que sería justo que el dueño de las oficinas recibiera una indemnización por resolver el acuerdo anticipadamente. “Emalsa lo que dice es que un juez nos diga si son cláusulas abusivas. Se ha planteado una acción muy clara para intentar resolver el contrato sin tener que acudir a indemnizaciones absolutamente abusivas”, reiteró.
Aquí, entendió que es lógico que el arrendador tuviera una indemnización si no se cumpliera el contrato, ya que sería lo normal si existe un acuerdo por tres décadas y a los pocos años la compañía decide marcharse.
“Ahora -matizó-, el cuantum de esa indemnización parece razonable que es abusiva en estos momentos”, poniendo como ejemplo de normalidad que se abonara un año de indemnización y se produjera una salida amistosa.
Respecto al papel del interventor, Cardona comentó que “está desembarcando” y que ha solicitado información, documentos y material para empezar a realizar su trabajo. “La intervención ya se ha materializado”, concluyó.