El Puerto de Las Palmas amplía la concesión a una petrolera con depósitos cercanos de combustible a la población

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha decidido ampliar la concesión concedida hace 86 años a una empresa petrolífera, Minerva Combustibles, que gestiona tanques de fuel en zonas cercanas a la población del barrio de La Isleta, en la capital grancanaria.

La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha alertado esta semana sobre esa prórroga por entender, entre otras cuestiones, que pudiera “suponer un riesgo para los vecinos de la capital y para el medio ambiente”. Eugenio Reyes, en representación de la federación ecologista, ha declarado que el 4 de diciembre ese colectivo ha presentado un escrito ante la Autoridad Portuaria de Las Palmas pidiendo información sobre el otorgamiento de prórroga concesional de quince años que se le ha otorgado a Minerva Combustibles, que la ostenta desde 1939.

Los ecologistas han cuestionado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas si para aprobar esta prórroga se ha reclamado a la empresa un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Informe Ambiental Estratégico “o algún documento equivalente como un informe de riesgo sobre las obras proyectadas conforme a la legislación actual, ya que en el momento del otorgamiento, a principios del siglo pasado, esta legislación no existía”, sostienen los ambientalistas.

Para Ben Magec, “la prórroga concedida a las instalaciones de depósitos de combustibles del Puerto de Las Palmas colindante con edificio de viviendas es una decisión que pone en riesgo a miles de vecinos de La Isleta durante casi dos décadas más”. La Autoridad Portuaria ha optado por mantener hasta 2043 una concesión heredada de una orden ministerial franquista de 1939, “perpetuando en pleno siglo XXI una actividad industrial de alto peligro a escasos metros de viviendas, colegios y espacios públicos”. Y lo hace, a juicio de los denunciantes, “ignorando que el propio Plan Especial del Puerto, desde los primeros planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, declara esta zona como de uso terciario (oficinas, comercial, zonas libres, parques, etcétera.) precisamente porque la cercanía de depósitos y tuberías de combustible es incompatible con la seguridad del barrio”.

Ben Magec califica de “discrecional” este acto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, “con Coalición Canaria a la cabeza, que implica una gran irresponsabilidad pues vuelve a sacrificar la salud y la tranquilidad de La Isleta en favor de intereses industriales que deberían haber sido reubicados hace años en cumplimiento de dicho Plan urbanístico”. Una decisión que clama por explicaciones y que exige, de una vez por todas, que la ciudadanía deje de ser el escudo humano de actividades peligrosas“.

No es la primera vez que la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatríz Calzada, impuesta por Coalición Canaria, tropieza con la falta de una política energética sostenible en este recinto. El proyecto de instalar una central eléctrica de gas natural licuado junto a la capital de la isla fue tumbado por los organismos competentes (Dirección General de Salud Pública, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria) mediante la tramitación del estudio de impacto ambiental. Con la excusa de facilitar el suministro de gas natural licuado a los buques, se pretendía instalar una planta de generación eléctrica “con la presidenta de la Autoridad Portuaria poniéndose de perfil”, dijeron entonces los ecologistas.