Caso Parches: aparece otro desfibrilador infantil caducado y con la fecha falseada en una base de ambulancias en Tenerife

Dos años y medio después del hallazgo que dio origen al denominado caso Parches de las ambulancias canarias, vuelve a aparecer otro desfibrilador infantil caducado y con la fecha manipulada en una base de transporte sanitario público. En esta ocasión, ha sido en Tenerife, en un cuarto que la clínica privada Hospiten Sur cede a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC).

Los hechos fueron denunciados a primera hora de este jueves en la comisaría de la Policía Nacional en Adeje por un trabajador de la empresa Tasisa, adjudicataria de este servicio público. El empleado acudió a las dependencias policiales cuando finalizó su turno de 24 horas y aportó las fotografías a los agentes. El parche presuntamente falsificado lo había encontrado a las ocho de la mañana del día anterior, cuando comenzó su jornada en una ambulancia de soporte vital avanzado, una UVI móvil.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el trabajador se percató en ese momento de que un parche desfibrilador de la marca ZOLL (utilizado para la reanimación cardiopulmonar de niños y niñas de hasta ocho años) estaba caducado desde 2022, pero había sido cubierto con una nueva pegatina que prolongaba la fecha de vencimiento seis años, hasta el 5 de mayo de 2028.

La fecha de la etiqueta manipulada es relevante, puesto que se trata de la misma que figuraba en los parches desfibriladores que encontró el denunciante del caso en Gran Canaria (un delegado de prevención de riesgos laborales del Sindicato del Transporte de Emergencias Sanitarias -SITES-) el 20 de julio de 2023, origen de la investigación que se sustancia desde hace dos años en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.

En abril de este año, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup), matriz de Tasisa, adjudicataria de varios lotes del servicio de transporte sanitario urgente en Canarias, comunicó a los representantes de los trabajadores que apartaba a las tres personas de la empresa que estaban siendo investigadas por estos hechos. Dos de ellos, la gerente (J.P.M.L.) y el responsable zonal y supervisor de recursos materiales (N.M.L.) acabaron siendo despedidos y han demandado a la empresa por ello. Los juicios laborales están señalados para marzo y mayo de 2026.

El tercer investigado de la empresa es el auxiliar administrativo que se encargaba de las peticiones y suministro de material médico (M.L.J.R.), quien en su declaración ante el magistrado instructor el pasado octubre señaló a su supervisor (N.M.L.). En esa comparecencia, contó que su jefe le confesó que había manipulado los parches y que incluso presumió de ello, extremo que el señalado negó.

Además de apartar a los tres trabajadores de la empresa investigados, HTGroup informó en aquel momento de que, ante esa sospecha de falsificación, había ordenado retirar todos los parches pediátricos de sus ambulancias y reponerlos.

Correo a la empresa

Al tener conocimiento de la aparición de otro desfibrilador infantil con la fecha manipulada en Tenerife, un representante de SITES avisó a la empresa. “Creo que queda evidenciado que la tarea de retirada que llevó a cabo no fue eficaz, por lo que reitero que esta nueva gerencia disponga de los medios necesarios para erradicar este problema y presunto delito por el que se juzga a la empresa”, señala el correo.

Desde el sindicato explican que la empresa pública GSC tiene un acuerdo con Hospiten por el que la empresa privada le cede un cuarto del hospital para que el personal de ambulancias pueda descansar y guardar el material. “Prácticamente el 80% del material” utilizado en esos vehículos de transporte sanitario lo suministra la clínica, apuntan los trabajadores. En cambio, de dispensar los parches desfibriladores o los filtros HEPA, por ejemplo, se hace cargo directamente Tasisa (HTGroup).

Al ser preguntadas por el hallazgo de esta misma semana, fuentes oficiales de HTGroup afirman que no se trata “de un hecho nuevo”, puesto que “guarda relación con la investigación judicial actualmente en curso”. “La empresa tiene activados todos los protocolos y procedimientos correspondientes para detectar estas situaciones por parte de los distintos responsables”, añaden.

Antecedentes del caso

El llamado caso Parches se abrió en agosto de 2023, a raíz de la denuncia ante la Policía Nacional del delegado de prevención de Sites que encontró varios parches pediátricos manipulados. Al asumir la investigación y practicar registros a bases de ambulancias y a las oficinas de Tasisa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía detectó medicamentos y material sanitario caducado o deteriorado en las ambulancias de esa empresa (tanto en las básicas como en las sanitarizadas o medicalizadas), ausencia de fármacos imprescindibles para atender a los pacientes o equipos en mal estado.

Los informes de la UDEF hablan de “lagunas terapéuticas”, con especial mención a la “habitual insuficiencia” de insulina y de otros medicamentos que o bien no estaban en las ambulancias o no cumplían con las especificaciones del contrato, generando un riesgo para los pacientes.

En relación con los parches pediátricos, fueron hallados algunos reetiquetados con ampliación de fecha, como los que dieron lugar a la denuncia original en Gran Canaria o la última en Tenerife, pero también otros en los que había un cambio de marca.

Durante las pesquisas, la Policía Nacional recabó correos electrónicos de los trabajadores que ya alertaban años antes de la falta de medicación vital y de que determinadas ambulancias no reunían los requisitos mínimos para operar. En uno de esos mensajes, un sanitario llegaba a comunicar a la empresa que un vehículo debía quedar inoperativo para no incurrir en negligencia.

La UDEF calificaba en esos informes de “extremadamente relajados y apáticos” los controles de la empresa GSC a las ambulancias. Y ponía el ejemplo de una de ellas, sanitarizada, que no había vuelto a ser inspeccionada después de que en una revisión se detectaran más de un centenar de carencias.

En la causa que se sustancia en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria también obra un informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que califica de “riesgo muy grave para la salud” el uso de parches de desfibrilación caducados en pacientes pediátricos, ya que en situaciones de parada cardiaca “no se puede asegurar su correcto funcionamiento”.