El Partido Popular relativizó este martes en el Pleno el Senado que tramita los Presupuestos Generales del Estado las disposiciones de los artículos 95 y 96 del vigente REF que establecen que el nivel de inversiones de la administración central en Canarias debe ser igual al del conjunto del Estado ya que, según indicó su portavoz en el debate, Francisco Utrera, tanto dicho precepto como los de corte similar que se establecen en varios estatutos de autonomía son normas “de eficacia limitada a que haya acuerdos” en las comisiones bilaterales entre el Estado y la autonomía correspondiente.
En su contestación al resto de portavoces, pero respondiendo a las críticas que al respecto del senador de CC por El Hierro Narvay Quintero y la senadora por Fuerteventura de la formación Asambleas Municipales de Fuerteventura, Sandra Domínguez, Utrera recordó la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto y subrayó que dichas disposiciones “incluido el Régimen Económico y Fiscal” de Canarias “son constitucionales siempre y cuando se interpreten de una determinada manera y la manera como tienen que interpretarse es como indicadores de posibles acuerdos”.
“Si en comisión mixta se concretan esos acuerdos, esas disposiciones tendrán validez jurídica y si no, no; eso es lo que dice el Tribunal Constitucional”, agregó este senador del PP por Cuenca desde la tribuna de la Cámara Alta después de anunciar que el PP no iba a aceptar prácticamente ninguna enmienda de los grupos de oposición, incluidas las 80 que presentó Quintero y las 17 de Domínguez y tras decir que “no entendía” ni que que se pudiera hablar de “maltrato” a una región, ni que los presupuestos sean rechazables porque en algunas de ellas no se alcance la media de inversión por habitante.
El senador del PP incluso agregó que dicho planteamiento se efectuaba “sin alegar razones ni proyecto alternativo” a lo planteado por el Gobierno en los PGE, salvo en algún caso como la reclamación de la senadora por Fuerteventura para que el Estado financie soterramientos de líneas de alta tensión en la Isla aunque estos no existan “en ningún otro sitio” de España y asimismo llamó la atención, con tono de cierto velado reproche, de que aunque la senadora por Fuerteventura había presentado 17 enmiendas, no se había presentado la semana pasada en la Comisión de Presupuestos para defenderlas.
En respuesta a las afirmaciones del senador por Cuenca, Domínguez subrayó que hubiera participado o no en la Comisión, como senadora por Fuerteventura constituye “un derecho y una obligación elaborar y defender enmiendas para mejorar las infraestructuras viarias o de abastecimiento de agua” y consideró que en la Isla se dan situaciones “tercermundistas” como las derivadas de las colas que deben sufrir los ciudadanos para renovar el DNI.
Se da la circunstancia de que Dominguez accedió el pasado mes de mayo al único escaño con que Fuerteventura cuenta en la Cámara Alta, al sustituir a Claudio Gutierrez (PP), tras hacerse efectivo con cierto retraso el acuerdo por el que los conservadores se presentaron en la Isla en 2011 en coalición con AMF para el Senado y con el compromiso de cederles el asiento mediada la legislatura.
CC: Promesa de Rajoy
Por su parte, el senador por El Hierro Narvay Quintero consideró “insólitas” algunas de las afirmaciones del senador por Cuenca y tras llamar la atención por el hecho de que éste no estaba en ese momento en el salón de plenos, señaló que Domínguez no forma parte de la Comisión de Presupuestos y consideró “una falta de respeto” que hubiera tratado de “decirnos lo que podemos o no presentar”.
Asimismo señaló que al margen de las sentencias del TC, el REF “fue la promesa de Mariano Rajoy”, ya que el presidente del Gobierno dijo “que iba a cumplirlo e incluso lo mejoraría, pero no ha cumplido su palabra”.
Asimismo consideró que “Canarias es una comunidad que el PP no entiende ni comprende” y reprochó a este partido “no creer en el diálogo” ya que su concepción de los acuerdos consiste en que “si ustedes ponen diez puntos, nosotros tenemos que aceptar los diez”.
Las enmiendas de CC que el PP ha rechazado suponen una ficha adicional para el Archipiélago de un total de 1.100 millones de euros en distintas partidas, entre las wue destacan el rescate de los planes especiales de empleo e infraestructuras educativas -40 millones cada uno-, la consolidación de la subvención al transporte de viajeros, 52 millones para el transporte de mercancías, y el intento de mantener parte de lo previsto en construcción de desaladoras y carreteras.
En este último apartado, Quintero resaltó la importancia de que exista una aportación del Estado al proyecto entre La Aldea y Agaete, para lo que los nacionalistas han reclamado 12 millones de euros.