El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado este viernes en comisión parlamentaria la renovación del programa de vivienda vacía, que prevé finalizar en verano, y que fijará alquileres un 20-30% inferiores a los precios del mercado libre.
Las rentas se fijarán en base al decreto ley 1/2024 por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos de vivienda habitual de los colectivos vulnerables.
Una de las principales novedades de este programa es que se incorporará como potenciales inquilinos de esas viviendas vacías que se alojen en el mercado a todos los demandantes registrados, en torno a 25.000, sin las condiciones específicas de ingresos que existían previamente, “para hacerlo más atractivo al propietario”.
Además, se plantea garantizar al propietario el abono puntual de la renta durante toda la vigencia del contrato, que puede durar un máximo de 7 años; y garantizar la recuperación vivienda y su conservación mientras esté alquilada.
El Gobierno de Canarias firmará un acuerdo de colaboración con Provivienda, que gestionó el plan de mediados de la década de los 90 del siglo pasado, para que se encargue de la captación de viviendas, la selección de los inquilinos, la gestión de cobros y pagos y la resolución de incidencias.
Rodríguez ha explicado que esta revisión del programa irá en paralelo al análisis “pormenorizado” de las 211.000 viviendas vacías que hay en Canarias, pues “una parte importante” de las mismas están en estado “ruinoso” o tienen “problemas de herencia” y no son susceptibles de alquilar.
Ha relatado que la idea original del Gobierno de Canarias era hacer un nuevo programa de vivienda vacía tras constatar el “fracaso” del anterior, que solo puso en el mercado una propiedad, pero dado que el plan canario de vivienda vigente concluye en 2025 y que había un decreto de encargo del ICAVI a Visocan se ha optado por su modificación.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández, solicitante de la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero, le ha advertido de que si esas viviendas vacías no se alquilan a precio de mercado “lo va a tener más difícil” y ha opinado que esta fue una de las razones por las que el anterior programa “fracasó”.
También le ha sugerido que la captación de viviendas se focaliza en las islas y en las áreas tensionadas, algo de lo que ha tomado nota el consejero.
Pablo Rodríguez ha admitido que el precio al que se alquilarán estas viviendas “no es el de mercado pero es el más próximo al de mercado”, y que la idea es “atraer” a los propietarios con garantías de cobro y también jurídicas.
También se ha mostrado abierto a analizar la inclusión en el futuro programa de vivienda vacía, asociado al nuevo plan de vivienda a partir de 2025, de bonificaciones fiscales para los propietarios que decidan alquilar, así como buscar fondos europeos o alguna otra fórmula de financiación para fomentar la rehabilitación de viviendas para ponerlas en el mercado.
El anterior programa ofrecía una ayuda de 15.000 euros a costa de las rentas futuras por el alquiler.
En la misma comisión, Pablo Rodríguez ha hecho “un ruego” a los ayuntamientos canarios para que le den prioridad a la cesión de suelo para la construcción de vivienda pública.
A preguntas de la diputada del Grupo Popular Jennifer Curbelo, el consejero ha detallado que el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) tiene suelo cedido para la construcción de “algo más de 1.200 viviendas”, en su mayoría con los proyectos redactados o adjudicada su redacción.
Una cifra “absolutamente insuficiente” para atender a la alta demanda de vivienda pública en Canarias, ha reconocido.
Ha abundado en que desde la aprobación del decreto que declaró la emergencia habitacional en Canarias ha habido “muchas conversaciones” con los ayuntamientos “pero no terminan de proceder a la cesión de suelo”.
Pablo Rodríguez también ha reflexionado en la comisión si, en adelante, habría que seguir primando en Canarias el decrecimiento del parque de vivienda pública a través del acceso a la propiedad de los inquilinos de larga duración.
Es decir, “si las viviendas públicas, hechas con el esfuerzo de todos los canarios, siguen siendo públicas o cada tiempo los inquilinos accedan a su propiedad”.
Un planteamiento que ha hecho a raíz de una pregunta del diputado socialista Rafael Nogales sobre los beneficiarios de las diferentes convocatorias de acceso a la propiedad de viviendas protegidas.
Ha detallado que en el primer ofrecimiento había 1.486 viviendas y se acogieron 518; en el segundo, aún vigente, no se ha llegado ni al 24% de solicitudes, y en el tercero, que finaliza en septiembre, hay 41 solicitudes de 438 disponibles.
Esto, en lo que al parque del ICAVI se refiere, pues del de Visocan hay 721 viviendas protegidas de promoción privada ofrecidas y han sido aceptadas 130 ofertas de compra.
Por último, el consejero ha detallado, a preguntas de la diputada de Vox Paula Jover, que solo dos municipios de Canarias han presentado “una declaración de intenciones” para que se estudie si se les considera zona tensionada.
“En ningún caso han remitido expediente, estudio, planteamiento para, avalar que son zonas tensionadas, solo mociones de carácter más político”, ha opinado. También se ha mostrado en contra de “todas las medidas en línea de reducir la oferta”, como cree que sucede con la limitación de precios.
“Hasta ahora, la experiencia empírica demuestra que no funcionan”, ha concluido.
Índice de precios
El pasado mes de marzo, el Gobierno de Canarias descartó utilizar el recién estrenado índice de precios de referencia de alquileres, ideado por el Ministerio de Vivienda, porque considera que “hay otras medidas que pueden ser más eficientes”, como el decreto aprobado hace poco menos de un mes o el plan de choque para reforzar la plantilla del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI). El decreto aboga por la construcción de más viviendas en promociones privadas, sin incluir medidas para garantizar que estas acaben en manos de demandantes de vivienda, evitar la especulación o la acumulación de propiedades por parte de inversores o fondos.
Fuentes de la Consejería de Vivienda recordaron entonces que la Ley estatal de Vivienda “recoge la posibilidad de [desplegar] cualquier medida/instrumento que impacte en el mercado inmobiliario”. Y que “se ha optado, primero” por lo mencionado, centrado principalmente en la construcción de viviendas por el sector privado.