El decreto estrella de Coalición Canaria para responder a la crisis de vivienda lo apuesta todo al ladrillo y al sector privado

Toni Ferrera

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El Gobierno de Canarias aprobará la próxima semana un decreto ley para responder de manera urgente, en palabras del consejero de Vivienda del Ejecutivo, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria), a la emergencia habitacional que sufre el Archipiélago. El texto incluye una serie de medidas para incrementar el parque de bienes inmuebles en las Islas, tanto públicos como privados, pero deja el éxito de la norma prácticamente en manos del sector privado. En la Comunidad Autónoma existen más de 23.000 demandantes de vivienda protegida. También hay muchos tantos que no pueden acceder a un domicilio digno debido a la escasa oferta y altos precios en el mercado del alquiler.

Rodríguez ha anunciado un decreto que “surge como respuesta” a la emergencia habitacional generada por la crisis inmobiliaria de 2008, hace más de 15 años. Esa norma permitirá usar suelo dotacional, el empleado en principio para zonas verdes, centros sanitarios o instalaciones deportivas, para construir casas públicas. También hará lo mismo con el suelo de equipamientos, aunque en este caso para viviendas protegidas, tanto de régimen público como privado. En ambos casos, el planeamiento original debe estar no desarrollado y dependerá de la voluntad del ayuntamiento de turno. “En Canarias, probablemente hay una necesidad mayor de construir viviendas que parques”, dijo el consejero en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

El decreto del Ejecutivo regional incluirá el derecho de superficie, una práctica que pone suelo público a disposición de operadores privados por un periodo máximo de 99 años. También prevé la ejecución directa con destino a vivienda protegida de sistemas generales adscritos a unidades de actuación, la recuperación de suelo urbanizable residencial que estaba previsto en los planeamientos municipales y la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde ya estaba prevista dicha compatibilidad. Esto no tiene nada que ver con la residencialización de zonas turísticas que denuncia el sector hotelero. Rodríguez ha aclarado que se trata de suelos planificados hace años como turísticos, pero que finalmente se ha visto que no son idóneos para ello y ahora puede aprobarse un cambio de uso.

Todas las actuaciones mencionadas tienen como objetivo obtener suelo para viviendas protegidas. No está incluida, como al principio parecía que lo iba a hacer, la utilización de suelo rústico. La ocurrencia del director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) de externalizar al resto de las Islas lo aprobado en La Palma, donde la planificación tras la catástrofe volcánica permite edificar bienes inmuebles sobre este tipo de superficie, ha quedado en papel mojado pese a no haber sido desmentida en un principio por el presidente canario, Fernando Clavijo (CC). Rodríguez, en cambio, ha sido tajante: no va a construirse de momento en suelo rústico. El consejero de Planificación Territorial dijo lo mismo hace unos días en sede parlamentaria, aunque sugirió que el debate está abierto.

La futura norma, por otro lado, permitirá el cambio de uso de locales comerciales u oficinas a residencial en edificaciones con uso predominante de esto último. También consentirá que en edificios en suelo urbano aumente la edificabilidad hasta alcanzar la altura máxima de los bloques colindantes. Se permitirá la división de viviendas unifamiliares o colectivas y en las edificaciones y urbanizaciones no terminadas, víctimas del crac financiero de 2008, serán autorizadas las obras necesarias para la total finalización conforme a la licencia original. El Gobierno de Canarias pone como requisito para el despliegue de estas actuaciones que al menos la mitad de los bienes inmuebles resultantes sean destinados a vivienda protegida de promoción privada.

Rodríguez ha reconocido que no es suficiente, pero que hay al menos 3.000 viviendas públicas, ya planificadas, que deberían acelerar su puesta en marcha con este decreto. Ha agregado que existen otras 3.000 casas inacabadas (solo un fondo de inversión tiene 1.400) que podrían beneficiarse de las disposiciones citadas. Más todo lo que construya por su cuenta, con el nuevo marco creado, el sector privado. El consejero ha confesado que el éxito de la norma dependerá “en gran parte” de cómo responda la patronal, con la que asegura haberse reunido en los últimos meses. “Hemos puesto la base para que ese compromiso [de las constructoras] exista”.

La construcción de viviendas protegidas de promoción pública tendrá la consideración de obras de interés general y la declaración de urgencia será rubricada en todos los trámites. Rodríguez no ha fijado fechas para tenerlas todas. “El evaluador [del decreto] no va a ser cuánta vivienda vaya a construirse, sino cuánto va a bajar el precio del alquiler a partir de su aplicación”, ha resumido el consejero.

El decreto ley incluye modificaciones de la Ley de Vivienda de Canarias y actualiza y territorializa por islas el Módulo Básico Canario (MBC). Rodríguez ha matizado que las viviendas protegidas de promoción pública levantadas con esta norma no van a ser desclasificadas, es decir, no serán vendidas. Y también ha dicho que ninguno de los bienes inmuebles resultantes de las actuaciones será destinado al alquiler vacacional. Eso estará regulado en el propio texto.

El documento no incluye nada para controlar los precios de los alquileres, como así lo permite la Ley de Vivienda estatal, y tampoco para recuperar viviendas vacías, más de 200.000 en Canarias, según el INE. El consejero ha añadido sobre esto último que el Ejecutivo está trabajando para desplegar una bolsa de vivienda vacía en la que la administración pública actúe como intermediario y garantista de los propietarios.