El Gobierno canario y sus socios aprueban la nueva Ley de Ciencia entre críticas por la falta de financiación

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la nueva Ley Canaria de la Ciencia, una norma que sustituye a la vigente desde hace 25 años y que salió adelante con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno regional (CC, PP, AHI y ASG) frente al rechazo de la oposición, que cuestionó su elaboración “de espaldas” a las universidades públicas y su falta de financiación.

La nueva Ley Canaria de la Ciencia actualiza el marco jurídico de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) y sustituye la legislación vigente desde 2001 con el objetivo de reforzar la gobernanza del sistema científico, favorecer la transferencia de conocimiento y mejorar la coordinación entre administraciones, universidades, centros de investigación y empresas, según se recoge del texto.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha agradecido en el pleno del Parlamento que el apoyo de los grupos que han respaldado la ley y ha destacado que las aportaciones de la oposición han permitido mejorar el texto.

Asimismo, ha subrayado que, tras 25 años, Canarias cuenta ya con una nueva ley de ciencia para impulsar su desarrollo investigador.

Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández ha reconocido que aprobar una ley de ciencia tras 25 años debería ser “un acontecimiento histórico”, pero ha anunciado el voto en contra de su grupo al considerar que el texto se ha elaborado sin contar con quienes sostienen el sistema científico, en referencia a las universidades públicas.

A su juicio, se trata de una norma “sin financiación” y orientada al “marketing mediático”.

En la misma línea, la diputada del PSOE Alicia Pérez Hernández ha sostenido que la ley también se ha hecho “de espaldas” a las universidades y ha lamentado que no refuerce su peso institucional ni el compromiso con la transferencia de conocimiento.

Ha reclamado que la norma sirva para impulsar la ciencia en Canarias y ha subrayado que “invertir en ciencia no es un gasto, sino la única apuesta de futuro”.

Durante el debate, el diputado de Vox Nicasio Galván ha calificado la ley de “anticientífica” y ha acusado al Gobierno de pretender “controlar la ciencia a través de la política”.

Ha criticado además las políticas de cuotas de género, que consideró “un contrasentido”, y ha denunciado que el Parlamento ha “ninguneado” la figura del científico canario Blas Cabrera.

Por el contrario, el diputado de AHI, Raúl Acosta, ha defendido que las universidades “han encontrado un reflejo” en el texto y ha asegurado que durante la tramitación se han canalizado sus enmiendas.

Ha comentado que la ley ha mejorado con el diálogo y el consenso, aunque ha admitido que será necesario dotarla de financiación suficiente.

Melodie Mendoza, de ASG, ha valorado que la norma establece un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, capaz de generar empleo cualificado y cohesionar el sistema científico en el territorio, al tiempo que refuerza el papel de las universidades públicas como motor de la investigación.

Desde el PP, Jacob Qadri ha señalado que la ley proporciona “una herramienta moderna” para favorecer la transferencia de conocimiento y aseguró que las aportaciones de las universidades han sido analizadas “en profundidad”.

Ha reconocido, no obstante, que no todas sus demandas han podido incorporarse, como el uso de remanentes o aspectos de financiación, y ha agregado que la norma debe entenderse como un punto de partida susceptible de mejora.

Por Coalición Canaria, Cristina Calero ha afirmado que Canarias necesitaba esta ley para avanzar como “hub internacional” en materia científica y destacó las mejoras incorporadas durante su tramitación parlamentaria.

Las universidades, a un lado

La nueva ley, que llevaba tramitándose más de un año, fue criticada por las dos universidades públicas el pasado verano, ya que, según ellas, el Gobierno canario no contó con ninguna de estas dos instituciones para su elaboración. Además, según señalaron entonces los rectores, “no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”.

Ambos tacharon de “preocupante” que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no abriese un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”.

Novedades de la ley

Entre las principales novedades de la ley figura la creación del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación como órgano consultivo y de participación, y del Comité Canario de Ética de la Investigación, encargado de velar por el cumplimiento de los principios éticos en la actividad científica desarrollada en el archipiélago.

La ley incorpora además un Sistema de Información de I+D+i y una Plataforma Canaria de I+D+i para facilitar el intercambio de información entre los distintos agentes del sistema y mejorar la planificación y el seguimiento de las políticas científicas.

El nuevo marco normativo apuesta también por reforzar la colaboración entre el sector público y el privado, favorecer la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo, impulsar la innovación empresarial y aprovechar las singularidades del Régimen Económico y Fiscal (REF) para atraer proyectos e inversiones vinculadas a la investigación.

Asimismo, dedica un capítulo específico al personal investigador, al impulso del talento y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito científico, con medidas destinadas a reducir las brechas de género y fomentar la incorporación y permanencia de las mujeres en la carrera investigadora.

La norma reconoce igualmente el papel estratégico de las universidades públicas canarias, los organismos públicos de investigación, los centros tecnológicos y las empresas innovadoras como integrantes del Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Con la aprobación definitiva de la ley culmina una tramitación parlamentaria en la que los grupos presentaron diversas enmiendas al texto remitido por el Gobierno, que fue objeto de modificaciones durante su paso por comisión antes de recibir este miércoles el respaldo del Pleno.