Los Veintisiete pactan que Irlanda vote otra vez el Tratado de Lisboa
Los líderes de la UE acordaron este jueves que Irlanda organice un nuevo referendum sobre el Tratado de Lisboa antes de noviembre próximo, tras su rechazo en una consulta hace seis meses, con el objetivo de que el texto pueda entrar en vigor antes de finales de 2009.
También los jefes de Estados y de Gobierno, reunidos hoy y mañana en Bruselas, consensuaron la mayoría de cuestiones que todavía estaban abiertas en la estrategia comunitaria de lucha contra el cambio climático.
El debate sobre el otro gran tema de esta cumbre, las medidas para combatir la crisis económica, tendrá lugar durante la cena que celebrarán esta noche los líderes de los países de la UE y, según avanzaron fuentes comunitarias, también en este ámbito es probable la consecución de un acuerdo.
Respecto al Tratado de Lisboa, los Veintisiete respaldaron la propuesta de la Presidencia francesa de turno de la UE para resolver el problema generado por el “no” irlandés al texto en junio pasado.
Este plan consiste en que Irlanda celebre un nuevo referéndum antes del próximo mes de noviembre, a fin de que el texto entre en vigor antes de que acabe 2009.
Los líderes aceptaron, a cambio, la petición irlandesa de que todos los Estados miembros sigan teniendo un representante en la Comisión Europea y se comprometieron a ofrecer a ese país garantías jurídicas adicionales de que podrá mantener su tradicional política de neutralidad y de que la UE no interferirá en temas nacionales sobre política fiscal, familia y otras cuestiones sociales y éticas.
Según el texto del acuerdo, “siempre que entre en vigor el Tratado de Lisboa”, el Consejo Europeo adoptará una decisión para que “la Comisión mantenga un nacional de cada Estado miembro”.
El Tratado de Lisboa preveía que, para mejorar la eficacia del Ejecutivo comunitario, a partir de 2014 éste reduciría sus miembros hasta un número igual a dos tercios de los Estados miembros (con 27 socios habría 18 comisarios), en base a un principio de rotación entre los países.
Aunque algunos gobiernos eran reticentes a ir ampliando la Comisión según se incorporen nuevos países a la Unión, aceptaron satisfacer los deseos de Irlanda al considerar prioritaria la ratificación del texto.
En esa línea, reafirmaron que la entrada en vigor del tratado es necesaria “para contribuir a que la Unión ampliada funcione de manera más eficiente y democrática y para incluirla más eficazmente en los asuntos internacionales”.
En cuanto al paquete de medidas contra el calentamiento global, los Veintisiete consiguieron este jueves un “gran consenso” en torno a la última propuesta de la Presidencia francesa, que eleva ligeramente (del 10 al 12%) el porcentaje de fondos procedentes de las subastas de derechos de emisión que se repartirá entre los países más pobres de la Unión.
Fuentes diplomáticas aseguraron que sólo Hungría mantiene reticencias serias sobre esta cuestión, ya que quiere que ese porcentaje sea superior al 12% planteado por Francia.
La obligación de pagar a partir de 2013 por los derechos de emisión, que ahora se conceden de manera gratuita, es el punto más polémico del plan sobre el clima, cuya finalidad es reducir la emisiones de gases contaminantes y aumentar el uso de las energías limpias, en detrimento de las más sucias.
Se trata del triple objetivo 20-20-20, consistente en reducir las emisiones de CO2 el 20%, lograr una cuota de renovables del 20% y recortar el consumo energético en otro 20%, todo ello en 2020 y en comparación con los niveles de 1990.
Italia, uno de los países que ha mostrado más resistencia en las últimas semanas a apoyar el paquete por su elevado coste en un contexto de fuerte desaceleración económica, también quiere que el texto final incluya algunas de sus reivindicaciones, pero, según las citadas fuentes, se trataría de meros detalles.
Por parte española, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, incidió en que “la UE se juega su credibilidad” en la aprobación del conjunto de medidas contra el calentamiento global y dudó de que ningún Estado miembro esté dispuesto a vetar un acuerdo.
