Rajoy y Mas, amortizados

La mutua desconfianza y deslealtad de Mariano Rajoy y Artur Mas los asemeja a personajes de tragedia griega arrastrados hacia su inevitable destino por la incapacidad de ambos dos para cambiar el chip. Esto implicaría que la parte “españolista” admita que Cataluña es la nación que realmente es y que los catalanes reconocieran, a su vez, lo que algunos han apuntado ya: España es también, para millones de ciudadanos, una vieja nación, no un simple Estado impuesto por la fuerza a pueblos a los que oprime para explotarlos mejor, que diría el lobo de Caperucita. A partir de ahí, sería posible llegar a la Constitución de corte plurinacional e integrador que necesitamos desde hace demasiado tiempo en aplicación del principio de cada uno en su casa y Dios en la de todos. Sería posible, digo, pero poco probable, lo que hace que la cuestión catalana nos deje la sensación de que comienza a pasárseles el arroz y que tanto Rajoy como Mas están amortizados de cara a la definitiva modernización de España y su encaje en la futura Europa.

Al presidente español le pesan demasiado los cálculos electorales, el temor a perder los votos de los inasequibles al desaliento que mantienen las concepciones más integristas de la unidad de España, coño. Lo que explicaría, a mi entender, que el problema catalán se saque del ámbito político para judicializarlo. Me pregunto qué sentido tiene la exigencia de que se atenga estrictamente al marco legal preestablecido un independentismo que en su expresión menos radical reclama, como mínimo, otro diferente. La negociación política implica mutuas concesiones y si una de las partes o las dos no ceden, no hay nada que hacer.

Para el PP la intransigencia es su principal activo. Fue la que dio lugar a la sentencia de 2010 y llevó al partido a promover aquella recogida de cuatro millones de firmas por toda España para que el referéndum sobre el Estatut se hiciera extensivo a todo el Estado; por no hablar de la campaña catalanofóbica dirigida, como todas sus acciones durante aquel periodo, a despertar los viejos demonios que les proporcionaran votos para tumbar a Zapatero. Esa política de vía estrecha condujo a Rajoy a un callejón de tan difícil salida que trata de colgarle el muerto a la Justicia para que solucione la papeleta. Cargado con la responsabilidad de gobernar el país, cualquier gesto de mínima prudencia, el mero diálogo por ejemplo, se interpretaría necesariamente como debilidad e incluso traición a las esencias removidas y se parapeta en los tribunales.

Es tan escasa la credibilidad del Gobierno que nadie duda de que sean ciertas las presiones del Gobierno para que la Fiscalía empapele a Artur Mas por lo del 9-N. Rajoy, por supuesto, las negó en la rueda de Prensa del miércoles 12: aseguró no tener ni idea de lo que pensaba hacer la Fiscalía; pero lo cierto es que Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP catalán, anticipó días antes de la comparecencia del presidente que la Fiscalía se preparaba para actuar y añadió pormenores de los delitos que se le imputarían a Mas y a varios miembros de la Generalitat que intervinieron en la organización de la jornada del 9-N. El silencio que mantuvo Rajoy en los días siguientes lo llenaron, pues, Sánchez Camacho y la intervención de Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, para señalar que los tiempos de la Justicia no los marca la política. Hasta ABC reprendió a la líder popular catalana. Tras la comparecencia de Rajoy muchos dijeron que Rajoy no se entera de lo que hacen o dicen los suyos; otros consideraron que con su afirmación de que no tenía ni idea de lo que pensaba hacer la Fiscalía, enfatizaba una desautorización en toda regla de Camacho. Por último, Torres-Dulce se reunió con Romero de Tejada, Fiscal Superior de Cataluña, a quien le pasó la pelota de la decisión de querellarse o no contra Mas. Todo dependerá de que se encuentre una base jurídica sólida; o sea, que no estaba la ilegalidad tan clara como presumía el Gobierno. Ni en un partido de rugby se pasan tanto la pelota.

El lío en que está Rajoy le ha servido a Artur Mas para disimular su propia intransigencia. Visto desde fuera de Cataluña ha conseguido que la polvareda secesionista relegara su mala gestión de la Generalitat y redujera los efectos del tremendo golpe de la presunta corrupción de Jordi Pujol. El ex honorable debía saber que el PP se disponía a utilizarla en el contexto de la batalla entablada, quiso aminorar los daños a CiU y se adelantó a “confesar” sus pecados. Los que eran bien conocidos si nos atenemos a que inspiraron a Albert Boadella aquella pieza teatral que tanto indignó al catalanismo pujolista del 3%.

Mas ha jugado, como cualquier otro nacionalista que se precie, al victimismo, aunque sin excesivas estridencias. Con Rajoy cogido en sus contradicciones y compromisos pudo Mas darse el lujo de mantener la calma y mostrarse serenamente firme, mientras el presidente del Gobierno no conseguía contentar a todos los suyos ni encontraba la forma de pagar las facturas electorales. El modo en que ha ido superando Mas los obstáculos para celebrar el 9-N, sin que esté muy claro si violentó la legalidad, indica una astucia muy bien asesorada: si el Gobierno central sigue calificando la votación del 9-N de ilegal, la Fiscalía no lo tiene tan claro, al aplazar la querella contra la Generalitat hasta encontrar bases sólidas.

Mas enfrenta una situación interna complicada que solapa con el pulso al Gobierno central. Pero no es Pujol aunque sea hechura política suya. Para empezar, la movilización social que ha dado lugar al fenómeno Podemos y que ha puesto contra las cuerdas a los partidos tradicionales también se ha producido en Cataluña. Mucho habrán tenido que ver los nuevos catalanes venidos de fuera y sus hijos que no se paran en las ensoñaciones del catalanismo nacionalista, aunque no pocos vean en el independentismo la solución a los problemas que comparten y sufren. Es una temeridad por parte de Rajoy mantenerse en la misma tesitura de meter en el mismo saco del independentismo a quienes han participado en las movilizaciones multitudinarias movidos por otras razones. Tildar de “fracaso” el 9-N es cerrar los ojos a los alardes de las tres últimas Diadas y continuar con la retórica de que quienes no acudieron a las urnas comparten las posiciones del Gobierno. Una actitud que permitió a Mas bajar el tiro y rebajar la reivindicación de independencia a la del derecho a decidir, tan básico en democracia que puede ponerlo por delante con la casi certeza de ganar cualquier recurso ante los tribunales españoles y europeos contra las decisiones del Gobierno. Ya comienza a haber indicios de que las naciones de nuestro entorno propenden a la consideración de la cuestión catalana como un problema interno español cuya solución, sea la que sea, no provocará grandes trastornos en la UE.

La postura de Rajoy ha sido tan cerrada y tanto ha recurrido a las bajas pasiones del españoleo que cualquier concesión aparecerá como derrota ante la “clientela” que le exige ese comportamiento duro. De ahí que Mas se le viniera encima, con los dos millones de votos que Rajoy desprecia, a proponerle dialogar las condiciones del referéndum “definitivo”. Dado que el presidente del Gobierno se ha negado a dialogar y rechaza una solución política, Mas no tiene sino que prolongar la situación hasta que le convenga cumplir su advertencia de convocar elecciones catalanas anticipadas. Según parece es lo que se está pensando y ya ha anunciado que comparecerá el próximo 24 de noviembre: quizá anuncie entonces el camino que seguirá en los próximos meses. Que seguramente tendrá menos que ver con el contencioso con Madrid que con la política interna catalana. Como es sabido, Oriol Junqueras se ha distanciado de Mas al que exige anticipar ya las elecciones con efecto equivalente al de un referéndum e ir a la independencia por lo derecho. Se opone ERC a que haya una lista soberanista única en la que podría diluirse el peso político que ha alcanzado su formación. Por su parte, Iniciativa per Catalunya (IC) prefiere que Mas apure la legislatura y está, en todo caso, contra la idea de utilizar las elecciones para decidir la secesión. Quiere, en definitiva, trascender el asunto de la independencia y se atienda a las políticas económicas y sociales. Joan Herrera, líder de IC, sigue hablando de la necesidad de que Catalunya se proyecte hacia fuera y señaló a IU y a Podemos como dos fuerzas con las que deberían entenderse. Por su parte, los socialistas tratan de recuperar posiciones y convertirse en fuerza clave y su actual líder, Miquel Iceta, se ha ofrecido a ayudar a Mas a apurar la legislatura y rebajar la centralidad del debate soberanista para lo que cuenta con el total apoyo de Pedro Sánchez; quien, por cierto, sigue con la reforma constitucional que amenaza convertirse en una auténtica conduerma pues no acaba de revelar en qué consiste tanta maravilla.

De todas estas movidas y contactos ha quedado el PP descolgado y sin perro que le ladre. Mientras Mas, que sigue sin declararse abiertamente independentista, va de flor en flor; o deshoja la margarita, vayan ustedes a saber. Creo que tanto él como Rajoy están ya amortizados y que la situación requiere gente más on line. Aunque quizá sea Rajoy quien lo tiene peor y pudiera estar abocado a convocar elecciones generales anticipadas por cuanto parece alejarse incluso la recuperación económica en la que había depositado todas sus esperanzas de remontar. Mas tiene todavía ese próximo 24 de noviembre en el que, según ha anunciado, despejará las incógnitas.

La imputación a Clavijo, el trole de la juez Alaya y Águeda Montelongo

El juez Pamparacuatro ha imputado los delitos de moda a Fernando Clavijo con lo que ha sacudido la candidatura de CC en las próximas elecciones autonómicas. Cuatro años llevaba el juez investigando los hechos. La reacción de Clavijo ha sido la tópica y típica de los políticos que se ven a semejante trance. Negarlo todo, proclamar su honorabilidad y decirse muy tranquilo ante la certeza de haber cumplido escrupulosamente con la legalidad. Nada que objetar a la iniciativa del juez ni a las manifestaciones de Clavijo en su defensa. Aunque conviene resaltar la seguridad del alcalde lagunero de que nadie de CC le tendería una trampa: ¿es que se la tendió alguien que no es del partido? No digo yo que fuera su intención sino que la forma de expresarlo apunta por ahí, aun aplicándole la atenuante de que no hay palabra mal dicha sino mal entendida. Eso debió temerse el juez pues dedica un buen espacio de su auto a señalar eso, que la investigación viene de hace cuatro años, cuando todavía no estaba previsto que el imputado acabaría de candidato a la presidencia del califato. El no poder disponer del escaneado puntual de la documentación (aún queda 80.000 documentos por escanear) explica el retraso y la fatalidad, digamos, que esta actuación se produzca cuando Clavijo va lanzado a redimirnos de Paulino.

Y como de jueces hablo, llevamos meses viendo por la tele las entradas y salidas de la imperturbable Mercedes Alaya tirando de su trole sin ocurrírsenos, aunque fuera de temer, que algo nos tocaría a los canarios en la pedrea. Lo que ocurrió, al fin, al presentarse agentes de la UCO de la Guardia Civil expresamente desplazados de la metrópoli para recabar expedientes de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Los documentos se relacionan con las actividades en la isla de la empresa Fitonovo involucrada en la Operación Enredadera para desmantelar una trama de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos. La tal Enredadera ha resultado no ser de esas que uno tiene en el jardín y controla para que no se pase de la tapia; es más bien, de las selváticas que se extienden y prolongan por los sitios más inesperados.

Por otro lado, la juez Bellini ha imputado a Águeda Montelongo, presidenta toda ella del PP majorero, por pasarse de lista cuando estaba al frente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Desde luego, pasar facturas de gastos del partido a los organismos públicos que ocupaban ha resultado no ser nada novedoso, de modo que no puede considerarse que fuera muy original; salvo en el caso del actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, cuyos gastos fueron endosados a una actriz de culebrones mexicanos; o en el del diputado aragonés Ramón Moreno convertido en una manager musical alemana. Yo que ellos me querellaría por tamaña falta de respeto con representantes del pueblo allanado más que llano. En lo demás, Montelongo se atuvo al protocolo fijado que no escrito para semejantes situaciones: negarlas primero, atribuirlas después a errores materiales de algún subordinado; comprometerse luego a devolver hasta el último euro y envolverlo todo en la denuncia de una campaña política de descrédito está dentro de los parámetros ya clásicos. Montelongo recorrió todas esas etapas si bien no sé si por el mismo orden. Aunque, me dicen que el subordinado poco cuidadoso que se equivocó asegura que él hizo lo que le mandaron y que no ha habido devoluciones, cosa que no necesitaba aclarar. En cuanto a que la campaña de descrédito corrió a cargo de Mario Cabrera y de este periódico, me reconocerán que con esta gente no es precisa tanta deliberación porque se delatan ellos mismos de tanto que confían en la impunidad de sus trapisondas.

Habría que añadir como referencia del bien acreditado estilo de gestión de Montelongo que el Cabildo majorero destinó hace unos días 16.000 euros al pago de facturas pendientes de su etapa en el Patronato, cantidad que forma parte de un monto 250.000 euros que no se podrán afrontar del todo porque en muchos casos se trata de encargos de los que no se ha podido comprobar si se han llevado efectivamente a cabo.

Inmigrantes al sol

Adoptar precauciones en Canarias respecto al ébola resulta obligado por razones evidentes. Pero una cosa es una cosa y dos cosas lo ocurrido con los inmigrantes que llegaron el otro día a Maspalomas en una patera. Sencillamente: no se entiende que los mantuvieran tirados en la playa un buen número de horas sin que nadie supiera qué hacer con ellos. De entrada, los servicios sanitarios tardaron cinco horas en aparecer y la solución resultó ser, por último, trasladarlos a las dependencia de la Policía Nacional de San Bartolomé, lo que tuvieron que hacerlo en un camión de limpieza de playas porque ni la Policía Local ni la Cruz Roja del municipio sureño prestaron sus vehículos todo terreno.

No pretendo contarles la historia que ya conocen sino poner de manifiesto que la Delegación del Gobierno, tan solícita para que a Soria nadie le haga hocicones ni desde lejos, interviniera; por no hablar del Gobierno canario y de todos cuanto puedan tener que ver con asuntos de esta naturaleza. Los inmigrantes procedían de zonas muy alejadas de las zonas afectadas por el virus y me cuentan que uno de los responsables del desastre se excusó con que no dominaba la geografía africana para evaluar si había o no algún riesgo. No he logrado saber si el personaje le debe el puesto a algún pariente o amigo bien situado.

El hecho, insisto, se comenta por sí solo. Solo añadiré la aclaración de José Miguel Bravo de Laguna, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en el sentido de que los inmigrantes no fueron maltratados. No lo es, por lo visto, mantenerlos durante horas a pleno sol. A lo que añadió el propio Bravo que aquí no hay vallas como en Ceuta y Melilla, aunque no aclaró si es que las echa de menos o qué.

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