El senador de Coalición Canaria (CC) Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez ha asegurado este martes que la denuncia por la que el Tribunal Supremo (TS) le investiga por presuntos delitos de falso testimonio y denuncia falsa tiene una “inequívoca intencionalidad política”.
Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa a su salida del alto tribunal, donde ha comparecido como investigado después de que este lunes el magistrado instructor Vicente Magro le citara a declarar de forma voluntaria toda vez que aún no se ha tramitado el suplicatorio a la Cámara Alta.
“He venido a ratificar lo que en su día testifiqué, primero en el marco de la operación y después en sede judicial”, ha señalado el senador, al que se le investiga por hechos que habría cometido cuando era presidente del Cabildo Insular de Lanzarote. La Fiscalía reclama para él un año y medio de prisión e inhabilitación.
La citación de San Ginés tiene lugar después de que el Supremo acordara el pasado febrero abrir causa penal tras haber recibido una exposición razonada del Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, toda vez que tuvo conocimiento de que San Ginés Gutiérrez había adquirido la condición de senador por Canarias, lo que supone su aforamiento ante el alto tribunal.
El magistrado Vicente Magro fue designado instructor de la causa conforme al turno establecido después de que la Sala de lo Penal constatara que existen indicios de la comisión de hechos delictivos por parte del senador.
Denuncia falsa
Sanginés está acusado de acudir en 2009 a dependencias policiales de Costa Teguise y denunciar unas irregularidades en un proceso público de contratación. Unos hechos que, según la Fiscalía, eran falsos: actuó “con ánimo de faltar a la verdad objetiva, y con manifiesto desprecio hacia la misma” y ratificó sus mentiras, según la Fiscalía, en sede judicial después de jurar o prometer decir la verdad.
En comisaría apuntó a un empresario del sector de las reformas como responsable de esas supuestas irregularidades. Un juzgado de Arrecife abrió una causa y el senador ratificó en sede judicial, obligado a decir verdad como testigo, su versión de los hechos. Lo hizo, dice la Fiscalía, “faltando a la verdad objetiva”. Volvió a hacer lo mismo ocho años más tarde, en octubre de 2019, manteniendo sus imputaciones.
Esa causa se terminó archivando en noviembre de ese año, y entonces las actuaciones se dirigieron contra él. Es por lo que la Fiscalía pide un año y medio de prisión para él.
Coalición Canaria tomó en julio de 2023 la decisión de nombrar a Sanginés como senador de la comunidad autónoma pese a estar investigado en el llamado caso Minutas. De esta manera seguía los mismos pasos que el actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que también se aforó durante la pasada legislatura para afrontar las causas judiciales por las que permaneció imputado, los casos Grúas y Reparos, ambos archivados por el alto tribunal sin que fuera citado a declarar.
Sanginés está investigado en ese caso por la presunta comisión de hasta seis delitos (pertenencia a organización criminal, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación y falsedad en relación a la contratación y pago de honorarios) vinculados a los contratos y honorarios pagados durante su etapa en la corporación insular a un abogado amigo, Ignacio Calatayud, imputado en la misma causa.