Municipio turístico, sí, pero ¿para quién?
El Parlamento de Canarias ha aprobado esta semana, con amplia mayoría, la Ley de Municipios Turísticos. Para La Palma no es una nota al margen: los umbrales para las islas verdes se han fijado deliberadamente bajos. Bastan dos mil plazas alojativas, una población turística que triplique la empadronada — o simplemente un hotel de cuatro estrellas, incluso en el municipio vecino. En la práctica, casi cualquier municipio de nuestra isla puede solicitar el nuevo estatus.
Considero que la ley es un paso acertado. Reconoce lo que los alcaldes llevan años diciendo: que los ayuntamientos prestan servicios a una población muy superior a la que figura en el padrón. Pero la ley solo responde a la primera pregunta — quién puede llamarse turístico. La segunda, la más importante, queda abierta: ¿dónde se queda el dinero?
Quiero ser transparente desde el principio. Llevo veinte años viviendo y trabajando en La Palma, gestiono alquileres vacacionales y gano dinero con ello. Se me puede atribuir un interés — con razón. Pero precisamente por eso conozco las cifras, y esas cifras deberían preocupar a cualquiera en esta isla.
Tomemos un pequeño municipio del norte. Un hotel de cuatro estrellas, unas decenas de casas vacacionales, una renta neta por habitante de apenas 15.000 euros al año — una de las más bajas de todo el archipiélago. Con la nueva ley, puede declararse municipio turístico. ¿Qué gana? Visibilidad, un lugar en la promoción regional, obligaciones de imagen y señalización. ¿Qué arriesga? Que los precios del supermercado, de la restauración y, a medio plazo, de la vivienda se orienten hacia el poder adquisitivo del visitante — mientras los beneficios del turismo abandonan la isla antes de llegar.
Porque esa es la realidad detrás de las cifras de reservas: cuando un alojamiento se comercializa a través de las grandes plataformas internacionales, entre el quince y más del treinta por ciento de la facturación se va en comisiones. En las últimas semanas he documentado un caso concreto en el que un propietario de La Palma perdió en torno al 34 por ciento de sus ingresos potenciales a favor de una plataforma. Extrapolado a las 1.649 viviendas vacacionales activas de la isla (ISTAC, mayo de 2026), cada año salen de La Palma entre 3,4 y 4,8 millones de euros — dinero que no paga salarios, no deja impuestos aquí y no se gasta en ninguna panadería.
Y aun así, esa cifra se queda corta. La Cámara de España sitúa el multiplicador de producción del turismo en 2,14: cada euro generado directamente en el sector produce otro euro de actividad en el resto de la economía — en el proveedor, en el comercio, en el transporte. Y lo mismo ocurre a la inversa: el dinero que sale de la isla en comisiones no puede circular aquí. Así, 4,8 millones de euros de fuga se convierten en más de 10 millones de euros de actividad económica que, año tras año, ni siquiera llegan a generarse en La Palma.
Una etiqueta por decreto no cambia nada de esto. Al contrario: si los municipios se declaran turísticos y se promocionan sin que la cadena de valor sea local, el nuevo estatus acelera exactamente lo que muchos vecinos temen — costes que suben sin que suban los ingresos. La etiqueta de “turístico” no hace próspero a nadie. Los empleos locales, sí.
Y son posibles. No lo digo como teoría, sino como cálculo de mi propia empresa: cien contratos de alquiler gestionados directamente sostienen tres puestos de trabajo estables en la isla. Quinientos contratos sostienen unos quince — con ingresos por encima de la media, en administración, atención al huésped, fotografía, desarrollo de software. Y ahí no acaba: según el estudio IMPACTUR para Canarias, por cada cien empleos directos en turismo se generan otros 38,5 en restauración, comercio, transporte y actividades de ocio. El mismo alojamiento, los mismos huéspedes, la misma facturación. La única diferencia es dónde se queda la comisión.
Hay un segundo efecto que rara vez se tiene en cuenta. Los turoperadores europeos preguntan con regularidad por cupos en La Palma — y son rechazados, porque nadie puede darles garantías de reserva. Yo mismo he tenido que declinar este año solicitudes de Inglaterra y de España. Solo cuando haya suficientes alojamientos gestionados de forma profesional y local se podrán garantizar esos cupos. Y solo entonces los turoperadores llenan aviones: aerolíneas como Condor amplían capacidad cuando los operadores absorben una parte relevante de las plazas. Más vuelos directos para La Palma — sin un solo euro de subvención. No es un sueño: es la mecánica normal del mercado europeo de paquetes vacacionales, que funciona en otras islas desde hace décadas.
La nueva ley exige profesionalización a los municipios: instrumentos de planificación, espacios públicos cuidados, información en varios idiomas. Y está bien. Pero esa misma profesionalización hace falta del lado de los propietarios — y aquí el desequilibrio es especialmente visible: las grandes plataformas cobran la comisión, pero las obligaciones legales se las dejan al propietario. Ni la facturación electrónica — obligatoria para sociedades desde el 1 de enero de 2027 y para arrendadores particulares desde junio de 2027 — ni el registro de viajeros ante el Ministerio del Interior los asume ninguna plataforma internacional. El propietario paga un treinta por ciento de comisión y aun así se queda solo con la burocracia. La gestión local puede ofrecer las dos cosas: la comercialización y la seguridad jurídica.
Mi petición a los alcaldes que ahora deliberan sobre solicitar el nuevo estatus es, por tanto, sencilla: junto a la pregunta “¿somos turísticos?”, pongan la pregunta “¿se queda el turismo con nosotros?”. La ley es el primer paso. El segundo — la cadena de valor local — no lo puede decretar ningún gobierno. Lo tenemos que construir en la isla nosotros mismos: propietarios, gestores, ayuntamientos. Yo he empezado. Invito a todos a hacer las cuentas conmigo.
*Ulrich Götz Roth es director de 100 Arboles S.L. / La Palma Travel — con interés económico declarado abiertamente