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El diputado Jonathan Felipe solicita que se aclare la competencia de los Juzgados de La Palma en el conflicto de las cláusulas suelo

Ha sugerido en Comisión parlamentaria que se asignen los expedientes a los Juzgados de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, a los que habría que dotar de personal.

Jonathan Felipe en una intervención parlamentaria.

Jonathan Felipe en una intervención parlamentaria.

El diputado de Coalición Canaria (CC) Jonathan Felipe ha solicitado en Comisión Parlamentaria que se aclare la competencia de los Juzgados de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane en el conflicto generado con las reclamaciones de las cláusulas suelo, se informa en nota de prensa.

Según explica, actualmente en La Palma existen unos mil expedientes que esperan por una vista y 600 sin dictar una sentencia. El motivo radica, según Felipe, en “el colapso generado tras dársele, por orden del Consejo General del Poder Judicial, la competencia exclusiva y excluyente al Juzgado de San Cristóbal de La Laguna para los casos de reclamación de condiciones generales de la contratación de las cláusulas suelo de las islas de La Gomera y el Hierro, excluyendo a La Palma”.

El diputado palmero recuerda que “en este caso podría producirse la nulidad de los procedimientos que no tienen sentencia firme porque no se han asignado las competencias a los Partidos Judiciales de La Palma”.

Jonathan Felipe ha propuesto a la Consejería que, en primer lugar, “defina la orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que se le asigne a los Partidos Judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane la competencia objetiva sobre estos expedientes y, por otro lado, que se dote a los juzgados de personal de auxilio y tramitación para que, cuanto antes, los procedimientos vayan saliendo adelante”. 

En la misma intervención parlamentaria, Felipe se interesó también por el plan de infraestructuras de las Ciudades Judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane, y sobre el compromiso del Gobierno con la asistencia jurídica gratuita. 

Sobre este aspecto, el diputado recordó que “durante el último Gobierno se consiguió que Canarias fuera una de las pocas Comunidades Autónomas que no dejó de pagar a los abogados y procuradores aunque, por supuesto, hay que seguir dignificando la profesión y a los profesionales que se dedican a la asistencia jurídica gratuita”.

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