Finalizar la reconstrucción agraria del Valle de Aridane costará 224 millones
La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, han mantenido este viernes en La Palma la sexta reunión de coordinación desde enero convocada por la Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutos de La Palma (Asepalma) para seguir avanzando en la reconstrucción agraria del Valle de Aridane, se indica en una nota de prensa del citado departamento regional. Asistieron también director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez; el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez; el consejero insular Alberto Paz, y los alcaldes de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, Eloy Martín, Javier Llamas y David Ruíz, respectivamente. “Con el trabajo hecho por Asepalma y las administraciones implicadas -Gobierno de Canarias, Cabildo y ayuntamientos - hemos cifrado de manera objetiva en 224 millones de euros la financiación que hace falta para la reconstrucción de la parte agraria, incluidas las infraestructuras viales e hidráulicas y los fondos de la nueva convocatoria de Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) que va a activar el Gobierno de Canarias. Ahora, con toda la documentación y el trabajo hecho, solicitaremos una reunión al Gobierno de España para que se implique en la reconstrucción”, explicó Nieves Lady Barreto. “El Gobierno de Canarias, por su parte, entre los años 2024, 2025 y 2026 habrá aportado 266,5 millones de euros a los bolsillos de las personas”, añadió.
Narvay Quintero explicó que el Ejecutivo canario está estudiando la convocatoria de una medida de ayuda a la reconstrucción dirigida a complementar el importe de 44,06 euros por metro cuadrado (m2) que han recibido los agricultores y agricultoras a través de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma. En este sentido, añade, se han valorado distintos escenarios en función de las instalaciones y equipamiento afectado y la cuantía económica que supondría esta compensación para su traslado al Estado.
Así, según los cálculos realizados, para el plátano en invernadero la diferencia entre el coste real de la reconstrucción y la compensación de 44,06 euros por metro cuadrado abonada por la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma, detalla, es de 24,72 €/m2. Para los plátanos no invernados, la diferencia es de 7,8 €/m2.
Para el caso de las frutas subtropicales, la diferencia entre el coste real de reconstrucción y la compensación de 29,37 €/m2 recibida es de 20,19 €/m2.
En relación a este asunto, Quintero apuntó que la ayuda se correspondería con una convocatoria en el marco del PEPAC específica para la recuperación del potencial agrario como consecuencia de las coladas.
Sergio Rodríguez, por su parte, recalcó que es “absolutamente fundamental” que la financiación estatal llegue. “Tenemos un plan de reconstrucción de infraestructuras liderado por el Cabildo y los ayuntamientos, pero, hasta este momento, solo contamos con los fondos estatales de aquel primer convenio que se firmó tras el volcán, con una valoración muy inferior al coste real de la reconstrucción. El Cabildo sólo ha recibido del Estado 6,1 millones, cuando nos hemos gastado más de 60 millones”. El presidente insular también reiteró su petición para que se flexibilicen las reglas fiscales, para que el Cabildo pueda invertir en la reconstrucción fondos de su remanente y la modificación de la ley estatal de contratos para que se pueda seguir contratando obras por emergencia.
Hernán Rodríguez, como portavoz de Asepalma, destacó el esfuerzo conjunto de las administraciones y el sector para dar continuidad a la reconstrucción. “Lo que intentamos entre todos es que se reconstruya el mayor número de parcelas posible con el mayor número de agricultores y estamos trabajando juntos y en la misma línea para lograrlo, pero para eso el dinero tiene que llegar”.
Prórroga del POSEI y modificación del Decreto agrario
El consejero de Agricultura también informó de que la Comisión Europea ha autorizado prorrogar más allá del 31 de diciembre 2025 las ayudas POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) a las agricultoras y agricultores afectados por la erupción volcánica de La Palma, una propuesta planteada por el actual equipo de Gobierno en un encuentro en noviembre de 2023 en la capital belga entre el consejero y la jefa de la Unidad responsable del POSEI, Margaret Bateson-Missen, y que fue reiterada en octubre de 2025 en una reunión entre Quintero y el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en la que el miembro del ejecutivo canario defendió la necesidad de dar continuidad “más allá del horizonte 2025” a estas compensaciones para las productoras y productores de plátano perjudicados por el volcán de La Palma que pese a haberse comprometido a reiniciar su actividad no han podido recuperarla por causas de fuerza mayor ajenas a ellos.
“Europa ha vuelto a respaldar una petición que el Gobierno de Canarias ha defendido desde el inicio de esta legislatura, una reivindicación sustentada en un trabajo técnico, propuesta a la Comisión Europea en 2023 ante la necesidad de prolongar estas compensaciones, y que en 2025 volvimos a plantear. El hecho de haber logrado por segunda vez el apoyo de Bruselas demuestra que seguimos trabajando con firmeza para proteger al sector agrario de La Palma y asegurar su continuidad y futuro”, señaló el consejero de Agricultura.
En la reunión, se añade en la nota, se estudió, por otro lado, la modificación del Decreto ley 3/2024, de 11 de marzo, de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de La Palma, posteriormente convertido en ley para permitir la compra por terceros de fincas, siempre bajo el compromiso de reconstrucción en la isla, y el consiguiente traspaso de las cantidades de referencia de plátano en el marco del POSEI de aquellas explotaciones que se encuentran bajo la lava y que no han podido ser recuperadas por sus propietarios y propietarias por diversas circunstancias. De manera paralela, el Gobierno de Canarias ha solicitado a la Comisión Europea que esta posibilidad se permita.