Sergio Rodríguez: “El PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma en el Parlamento de Canarias”

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mostrado su “profundo rechazo tras el posicionamiento del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias en relación con las enmiendas presentadas para salvaguardar la economía insular”, se indica en una nota de prensa de CC. “El PSOE tendrá que explicar por qué vota en contra de La Palma en el Parlamento de Canarias”, ha aseverado el titular del Cabildo, censurando que los socialistas hayan votado en contra de los intereses de los palmeros y palmeras en un momento crucial para la recuperación.

“Estoy sorprendido una vez más y, la verdad, hasta cierto punto molesto por la postura de un Partido Socialista en La Palma que vuelve a poner por delante los intereses de su partido y sus colores que los de los ciudadanos afectados de nuestra isla y del Valle de Aridane”, ha manifestado rotundamente Rodríguez.

El Cabildo de La Palma, se punta en la nota, “hizo su trabajo a través de una carta a todos los grupos parlamentarios”. En ella, ha recalcado Sergio Rodríguez, “pedíamos que aceptaran debatir las enmiendas presentadas in voce, ya que el reglamento recoge que tiene que haber unanimidad para poder hacerlo, pero al vetarlas el PSOE y NC, independientemente de que votaran en contra de la ley después, cercenaron la posibilidad de que ya ayer las hubiera recogido la ley modificada aprobada”.

“El posicionamiento en contra de los intereses de la ciudadanía de la Isla”, se añade en la nota, “surge en la votación de este miércoles sobre la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”. Desde el Cabildo insular y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, “menos PSOE y Nueva Canarias, se requirió blindar los derechos de las familias afectadas y el modelo económico insular por encima de la 'guerra política' y evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los damnificados por la erupción de 2021 o cercene el desarrollo socioeconómico de la isla”.

El presidente insular ha enfatizado que existen “cuestiones fundamentales que deben ser transversales a las discrepancias partidistas”. La primera de las enmiendas planteadas “exige salvaguardar de forma explícita los derechos de las familias que perdieron sus propiedades bajo las coladas del Tajogaite, no solo para reconstruir sus casas, sino para mantener el uso de vivienda vacacional que venían ejercitando y que constaba registrado oficialmente en el Gobierno de Canarias”.

La normativa autonómica general “impone la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística, lo que representa un filtro temporal que limita el derecho pleno a la reconstrucción y explotación comercial de los afectados.” “Esta justa pretensión de mantener el uso preexistente ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y por los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias”, ha recordado Rodríguez.

La segunda propuesta busca blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma (Ley de Islas Verdes). Este marco legal especial cuenta con supremacía sobre la planificación general y no puede verse condicionado por la nueva regulación turística.

Sergio Rodríguez ha calificado de incomprensible la postura del PSOE, recordando que en su momento firmaron el apoyo al desarrollo turístico insular, pero ahora vetan en la Cámara la modificación legal que ampara a los pequeños propietarios. Por ello, ha recalcado que “me sorprende además que el portavoz del Partido Socialista en La Palma haya adelantado que su grupo había presentado una enmienda 'copiando' básicamente una propuesta en la que Coalición Canaria lleva trabajando meses en defensa de los afectados por el volcán. Hemos comprobado que no hay ninguna enmienda registrada en este momento por su parte, por lo que lo que ha hecho el señor Perdomo es mentir a los ciudadanía de La Palma”.

También recuerda que “en La Palma no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva. Es un ecosistema de viviendas unifamiliares que aportan rentas complementarias a las familias, ayudan a fijar población, recuperan fincas agrícolas en las medianías y generan un turismo no invasivo. Aunque trabajamos en los Instrumentos de Planificación Singular Turístico para ampliar plazas de formato tradicional, en este momento no podemos prescindir de ninguna cama ni de ninguna herramienta que genere dinamismo económico”, argumenta el presidente palmero, destacando además el perfil pionero de la isla en la promoción de vivienda pública y protegida.

A esta posición, prosigue la nota, “se ha sumado el diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, quien ha solicitado formalmente al Gobierno de Canarias la aprobación urgente de un Decreto-Ley que fije unos requisitos mínimos y transitorios para el alquiler vacacional. Esta solicitud se produce tras comprobar que PSOE y Nueva Canarias vetaron la tramitación de la enmienda in voce presentada por los nacionalistas durante la tramitación de la Ley de agilización y simplificación de licencias”.

La propuesta “vetada por socialistas y canaristas planteaba un procedimiento transitorio sencillo, basado en la presentación de planos, fotografías y número de expediente, junto a medidas de seguridad básicas y una moratoria de cinco años para que las edificaciones unifamiliares aisladas de las Islas Verdes pudieran adaptarse plenamente a la normativa de actividades clasificadas”.

“La Palma se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras la erupción de 2021 y no puede permitirse perder ni una sola cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad”, ha advertido Jonathan Felipe. “No tendría sentido que Canarias reconozca por un lado el derecho de las familias afectadas a reconstruir sus viviendas y sus usos turísticos, y al mismo tiempo se genere una inseguridad jurídica que impida desarrollar esa actividad, que es esencial para la recuperación económica”.

En esa misma línea, se agrea en la nota, el propio presidente regional Fernando Clavijo ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo de “dar respuestas reales y buscar alternativas que no dejen desprotegidos a los pequeños propietarios de la isla”.

“No tenemos varitas ni pócimas mágicas para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero sí trabajamos decididamente para buscar soluciones. Han sido muchas las dificultades, pero este Gobierno no ha mirado para otro lado. Hemos venido a cambiar las cosas, con la predisposición constante de escuchar y mejorar las leyes”, ha declarado Clavijo.

En este sentido, el presidente autonómico ha anunciado que, a través de la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, el Gobierno regional “continuará trabajando sin descanso para articular los mecanismos legales necesarios que otorguen plena seguridad jurídica en la aplicación y desarrollo de la Ley de Islas Verdes frente a las incertidumbres generadas por la regulación autonómica”, concluye la nota.