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Profesionales del anterior Equipo de Menores del Cabildo demandan a la institución por “acciones vejatorias”

Han interpuesto un procedimiento contencioso-administrativo por “las actuaciones cometidas” por la consejera de Servicios Sociales, Jovita Monterrey.

Varios profesionales del anterior Equipo de Menores del Cabildo de La Palma, pertenecientes al Área de Acción Social, han interpuesto contra esta institución un procedimiento contencioso-administrativo “por las actuaciones cometidas por la consejera del área, Jovita Monterrey” que califican de “vejatorias y arbitrarias”, según se informa en un comunicado, en el que se precisa que de las referidas actuaciones “fue informado” el presidente de la Corporación, Anselmo Pestana.

Los denunciantes aseguran que “los motivos esgrimidos desde el Servicio para deshacer el Equipo de Trabajo han supuesto un ultraje a su honor y un intolerable descrédito a su imagen pública y profesional”.

Asimismo, consideran “vergonzoso que, a falta de mejores razones, Jovita Monterrey haya utilizado sin rubor alguno, entre otros míseros y muy discutibles argumentos, la discapacidad que padece una profesional, sin alcanzar a comprender con qué finalidad, que desde luego no ha sido la adecuación del puesto de trabajo”.

Por otro lado, “afean la interesada utilización que se ha hecho” de lo que consideran “desatinos malintecionados e ideaciones justicieras de una empleada, neófita en la materia, para cuestionar la competencia profesional del Equipo y justificar unos traslados” que, opinan, “han pretendido ser una sanción encubierta”.

Los referidos profesionales entienden que “la actuación de la consejera ha puesto de relieve la grave dejación de funciones de la Jefa de Servicio, máxima garante de su funcionamiento y del quehacer profesional de los técnicos a su cargo”. “Sorprende, por tanto, que se exima de responsabilidad a quien, durante más de 10 años liderando el Servicio, ha permitido esas supuestas anomalías en su funcionamiento, que han obligado a la consejera a actuar por vía de urgencia para subsanarlas y que deja a los técnicos en situación de vulnerabilidad e indefensión”, afirman.

Por otro lado, censuran “el funcionamiento basado en el desconocimiento, en la ambigüedad, en los rumores, en la opacidad y en la arbitrariedad”, y reprueban “contundentemente los métodos utilizados por la consejera, por no ajustarse a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, por suponer un serio menoscabo de sus derechos como empleados públicos” y generar, según su criterio, una situación que califican de “maltrato institucional”.

Los afectados han denunciado también, ante el órgano competente, “el oprobioso papel desempeñado en este asunto por los representantes sindicales de CCOO en el Comité de Empresa del Cabildo de La Palma”.

La Palma Ahora ha intentado conocer la versión sobre este asunto de la consejera insular de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, pero hasta estos momentos no ha sido posible. Fuentes del Cabildo han indicado a este digital que "están analizando el contenido del comunicado" para, en su caso, "dar una respuesta".

 

 

 

 

 

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