Canarias se desmarca del triaje de menores migrantes y reclama al Estado que asuma el procedimiento
El Gobierno de Canarias no participará en los procedimientos de triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan al Archipiélago. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha reiterado este jueves que la identificación y determinación de la edad en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE) corresponde al Estado, al considerar que se trata de una actuación vinculada al control de fronteras y a la entrada de personas en España.
La posición del Ejecutivo autonómico se produce después de que la Delegación del Gobierno en Canarias haya solicitado a la comunidad autónoma que designe representantes para participar en estos procedimientos. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que el Pacto Europeo de Migración y Asilo exige que durante el triaje esté presente una persona que vele por el interés superior del menor y que esa función no puede recaer en los agentes policiales responsables de la gestión del CATE.
Delgado mantiene, sin embargo, que esa responsabilidad no convierte automáticamente a Canarias en competente para intervenir en una fase que, a su juicio, corresponde al Estado. “El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado”, ha señalado la consejera.
La comunidad autónoma sí asegura que actuará una vez que los menores hayan sido identificados y reconocidos como tales. Canarias, ha explicado Delgado, velará “a posteriori” por el respeto de sus derechos y exige que todos los menores que llegan a las islas hayan pasado previamente por un procedimiento de triaje. Si este no se ha realizado, el Ejecutivo reclama que se lleve a cabo antes de que la comunidad asuma su protección.
La Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con las brigadas policiales de Extranjería para abordar precisamente este reparto de funciones. El Ejecutivo autonómico reclama que quede definido quién ejerce la representación legal de los menores durante el procedimiento, una cuestión que Delgado quiere abordar en la reunión bilateral que mantendrá el próximo 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La consejera también ha pedido que participe en ese encuentro el Ministerio de Juventud e Infancia. Canarias sostiene que España todavía tiene pendiente concretar mediante su normativa interna cómo se aplicará el Pacto Europeo de Migración y Asilo y, especialmente, cómo se repartirán las competencias entre la Administración estatal y las comunidades autónomas.
Delgado ha asegurado que el Gobierno canario ha enviado ya tres cartas al Ministerio de Inclusión para reclamar información sobre las reformas necesarias. “Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera”, ha defendido.
Canarias mantiene la contingencia migratoria
El conflicto sobre el triaje se produce en un contexto de presión todavía elevada sobre el sistema de protección de menores de Canarias, aunque la situación ha mejorado respecto al máximo alcanzado durante la crisis migratoria.
Las islas atienden actualmente a unos 2.600-2.700 menores migrantes no acompañados, según los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social. La cifra fluctúa en función de las nuevas llegadas y de las derivaciones de jóvenes hacia recursos de protección de otras comunidades de la Península.
Canarias continúa, además, declarada en situación de contingencia migratoria, una condición que el Gobierno autonómico ha defendido mantener pese a la reducción de la ocupación de algunos centros. La comunidad llegó a tutelar a más de 5.000 menores, muy por encima de su capacidad ordinaria, que entonces se situaba en 737 plazas.
En los últimos meses, el Ejecutivo autonómico ha cerrado y reorganizado algunos recursos como consecuencia de la menor ocupación. Actualmente dispone de 86 centros de acogida. En abril cerró el recurso de Mácher, en Lanzarote, y en julio hizo lo propio con los centros de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura.
La mejora de las cifras no ha supuesto, sin embargo, que Canarias acepte dejar de estar bajo el mecanismo extraordinario de distribución de menores. El Ejecutivo autonómico sostiene que la contingencia debe mantenerse mientras persista una situación de sobrecarga estructural y reclama un reparto estable y equilibrado entre todas las comunidades.
Canarias no acogerá a los menores de Ceuta
Esa misma posición explica también la decisión de Canarias de no participar en la acogida obligatoria de los menores migrantes llegados a Ceuta. El Ejecutivo autonómico considera que las islas continúan en una situación de contingencia y, por tanto, no cuentan con capacidad suficiente para asumir nuevas derivaciones.
La distribución de estos menores se articula mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece la reubicación en un plazo máximo de 15 días de los menores que llegan a territorios declarados en situación de contingencia migratoria.
Mientras rechaza recibir nuevos menores procedentes de Ceuta, el Gobierno de Canarias sí respaldará este jueves en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para financiar la atención de los menores extranjeros no acompañados. Delgado defiende que estos jóvenes necesitan ser trasladados a otros territorios y que las comunidades que los reciban deben disponer de financiación para atenderlos.
El debate se produce mientras continúa en Ceuta el proceso de identificación de los menores llegados a la ciudad. El Ministerio de Juventud e Infancia ha registrado ya 1.342 menores, aunque el procedimiento de filiación continúa abierto y la ministra Sira Rego ha reconocido las dificultades derivadas del volumen de llegadas y de la presión sobre los servicios.
En este escenario, Canarias reclama que antes de asumir nuevas responsabilidades quede claro quién debe encargarse de cada fase: desde la entrada y el triaje hasta la tutela y la acogida. El Gobierno autonómico insiste en que no asumirá nuevas funciones sin un respaldo normativo y financiero que determine expresamente las competencias de cada Administración.