La Plataforma de Afectados por la Ley Turística denuncia que el Registro de la Propiedad obliga a declarar el “uso turístico” de sus viviendas
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) ha denunciado la situación vivida por varios propietarios que acudieron al Registro de la Propiedad nº 2 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) para dejar constancia de su oposición a cualquier vinculación turística de sus viviendas y, según asegura la organización, recibieron un formulario que incluía una solicitud para incorporar el uso turístico de esas mismas fincas.
En un comunicado, la Plataforma califica lo ocurrido de “kafkiano, sorprendente y profundamente preocupante” y considera “inadmisible” que un propietario tenga que acudir al Registro para manifestar que no autoriza una vinculación turística de su inmueble y se encuentre, en la documentación que se le entrega, con una solicitud en sentido contrario.
“Una persona acude al Registro para decir que no quiere que se modifique la situación de su propiedad y se encuentra con un documento que le piden que firme en el que aparece una solicitud expresa para que conste el uso turístico de esa misma finca. Esta es la condición que le ponen en el registro de la propiedad para recoger el documento de oposición que quería presentar el legítimo propietario. Es una situación que merece una explicación pública”, critica el colectivo.
La Plataforma explica que una de las propietarias acudió al Registro con una instancia destinada a manifestar que no autorizaba ninguna modificación de la situación registral de su propiedad ni ninguna vinculación turística que no hubiera solicitado. Sin embargo, la organización sostiene que, al presentar el escrito, se le entregó un documento cuyo contenido podía interpretarse en sentido contrario a su voluntad.
El propietario dice no y el formulario dice sí
En concreto, el formulario incluía el apartado donde “se solicita que se incluya respecto de la finca [...] el uso turístico al que están destinadas la parcela y el inmueble...”
La Plataforma considera que esta circunstancia plantea una cuestión que debe ser aclarada por el propio Registro.
La organización reclama al Registro que aclare el alcance de la solicitud incluida en el formulario y las razones por las que aparece en un documento entregado a una persona que pretendía oponerse a una posible modificación de la situación registral de su inmueble.
La organización considera que la cuestión central es determinar quién está decidiendo el destino registral de las propiedades y con qué fundamento jurídico. En este sentido, exige que cualquier adscripción a una explotación turística, vinculación de uso o limitación sobre una finca cuente con el consentimiento expreso e individualizado de su titular o con el correspondiente título legal.
La Plataforma también solicita que los propietarios sean notificados formalmente si una empresa explotadora, un promotor o cualquier tercero presenta documentación para inscribir una vinculación turística o una limitación de uso sobre sus viviendas.
Respetar la voluntad expresa del titular registral
La organización fundamenta sus peticiones en que debe de quedar constancia de la voluntad expresa del propietario y que no se practiquen asientos que supongan una adscripción turística, vinculación a una explotación o limitación de uso de la finca sin el correspondiente título.
Asimismo, la Plataforma también solicita que los propietarios sean notificados formalmente si una empresa explotadora, un promotor o cualquier tercero presenta documentación para inscribir una vinculación turística o una limitación de uso sobre sus viviendas.
La actuación del colectivo se produce después de unas declaraciones públicas que, según la Plataforma, habría realizado el registrador de la Propiedad de San Bartolomé de Tirajana nº 2 sobre la aplicación de la nueva normativa turística.
Según la información trasladada a la Plataforma, el registrador habría señalado que los complejos sometidos a división horizontal pasarían a ser considerados establecimientos turísticos y que los apartamentos y bungalows tendrían la consideración de “unidades alojativas”.
Asimismo, según la organización, habría indicado que, en caso de desacuerdo de los propietarios, “había que cambiar la ley en el Parlamento de Canarias”.
Ante esta situación, la Plataforma elaboró y puso a disposición de los afectados un modelo de instancia de oposición y apercibimiento preventivo frente a posibles asientos restrictivos del dominio, dirigido al Registro de la Propiedad.
El objetivo es que cada propietario pueda dejar constancia formal de que no autoriza a terceros a adscribir su finca a una explotación turística, imponerle una vinculación turística o incorporar restricciones sobre su propiedad sin su consentimiento.
La Plataforma anuncia que estudiará individualmente la documentación entregada por el Registro y que continuará utilizando las vías administrativas y judiciales que considere oportunas. “No vamos a dar un paso atrás”, afirma, al tiempo que reclama que cualquier aplicación de la nueva regulación turística se realice con claridad, dentro de la legalidad y respetando los derechos de los propietarios.
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