Policía y Guardia Civil destapan un fraude en suministro de gas en 26 viviendas en Arroyo de la Encomienda, la mayoría de la Sareb

Un operativo de una veintena de agentes de la Policía Local de Arroyo (Valladolid) y de la Guardia Civil destaparon ayer en la comunidad de Arroyovereda de ese municipio 26 enganches ilegales al suministro del gas, en su mayoría en viviendas propiedad de la entidad Sareb, dependiente del Gobierno de España, según ha informado el Ayuntamiento este viernes en un comunicado.

El Consistorio ha explicado que la inspección arrancó tras la denuncia de la existencia de varios enganches ilícitos en estos pisos ubicados en la calle Narciso Monturiol.

Por ello, personal técnico de la empresa gestora del suministro de gas procedió a la revisión de todas las conexiones durante más de ocho horas, acompañados en todo momento por las fuerzas de seguridad para evitar problemas de orden público.

Los técnicos descubrieron 26 casos, procediendo, en ese mismo momento, a la instalación de contadores digitales para evitar que los moradores de esas viviendas continuasen con el presunto fraude.

Los agentes investigan a los moradores de las viviendas enganchadas por la presunta comisión de un delito de defraudación de fluido.

Más de la mitad de los enganches se corresponden con inquilinos con contrato de ‘alquiler Sareb’ y en los que la comisión de un delito conllevaría la cancelación del mismo y el correspondiente desahucio, según la propia sociedad estatal.

El alcalde pide la rescisión de los contratos

El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha instado a la Sareb para que proceda a “la rescisión de todos esos contratos de alquiler de bajo coste en que se haya descubierto un delito de fraude en los suministros”.

“Además hablamos de manipulación de la instalación de gas, con el riesgo que eso supone para el resto de los vecinos”, ha analizado,

Se trata de una comunidad donde la Sareb tiene un centenar de viviendas, de las que en torno a cincuenta están ocupadas desde el 2022, según le informe que remitió el año pasado el Ayuntamiento a la gestora de activos procedentes de la reestructuración bancaria española.