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Menores migrantes

Una denuncia por agresiones y abusos sexuales vuelve a poner en cuestión la acogida de menores migrantes en Canarias

El 24 de noviembre, 20 menores migrantes escaparon de un centro de acogida de Gran Canaria. El grupo huyó y denunció ante la Justicia que en el interior del recurso habían sufrido supuestas agresiones físicas, vejaciones y también abusos sexuales. La entidad responsable del dispositivo es la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que ya ha protagonizado otros escándalos en Canarias. Cuatro de sus directores están siendo investigados por malversación de caudales públicos después de que la Fiscalía denunciara que desviaban el dinero para los menores a tratamientos de belleza personales, hoteles de lujo y viagra. 

Ocho de los jóvenes que salieron el viernes del recurso, situado en Tafira, han vuelto. Los otros doce menores, que siguen siendo responsabilidad de la comunidad autónoma, siguen fuera del sistema de acogida. Activistas de la plataforma ciudadana Somos Red y de otras asociaciones de apoyo a la infancia son quienes les están ofreciendo asistencia. Según estas entidades, ninguna autoridad ha intentado ponerse en contacto con ellos desde que salieron del recurso. 

Tres abogadas especializadas en Extranjería han presentado un escrito ante la Fiscalía de Menores de Las Palmas para notificar que “se está produciendo una situación de desprotección infantil” de los menores que continúan en la calle. “Ahora mismo a ellos no se les ha dado un amparo ante la voluntad de denunciar una situación de violencia y, en consecuencia, se han quedado en la calle”, explica la abogada Vania Olivares.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, ha explicado a este periódico que hay una entidad que conoce dónde están los menores. “Lo que hemos hecho es coordinarnos con la Policía Canaria para pedir su acompañamiento al acercarnos a donde están los menores”, apunta. El objetivo es localizarlos “lo antes posible” y reubicarlos en el sistema de acogida.

Según el escrito presentado al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas, los menores llevan sufriendo agresiones físicas y forcejeos desde principios de noviembre por parte del director y de algunos trabajadores del centro. Tal y como relatan, uno de los chicos recibió golpes en el despacho del director y, otro de ellos, al intentar escapar del centro fue interceptado por la fuerza por un trabajador que lo arañó. Los jóvenes también denuncian que han sido amenazados con ser trasladados a otro centro de la isla situado en el Tablero y gestionado por la misma fundación. En este recurso, según los menores, se aplican medidas más correctivas.

Tal y como relata Somos Red, los jóvenes se trasladaron a la comisaría de policía situada en el barrio de San Cristóbal de la capital grancanaria y manifestaron su voluntad de interponer denuncia, pero no se les tomó declaración. En el escrito al Juzgado reflejan: “No quisieron atendernos y no nos creyeron. Ni nos tomaron declaración”. “Ante esta situación los menores se vieron obligados a deambular por las calles de Las Palmas de Gran Canaria sin saber qué hacer”, reconocen desde la asociación.

La misma entidad indica que el sábado 25 de noviembre, los 12 menores acudieron al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria e interpusieron una denuncia conjunta ante el juez en la que relatan los hechos ocurridos. “El juez informó de que él tenía 72 horas para actuar y que por ahora no iba a actuar, no poniendo el hecho en conocimiento ni de la Dirección General de Protección de la Infancia ni de Fiscalía”, apunta la organización. 

Una semana de tensiones

Los conflictos en este centro, que acoge hasta el momento a 60 personas, comenzaron hace semanas. La semana pasada, un trabajador golpeó a un menor. La entidad le abrió un expediente al empleado, que ha sido apartado de su puesto de trabajo, tal y como ha confirmado la Dirección General. Además, el menor fue acompañado a interponer una denuncia contra el educador.

Rodríguez señala que los menores también han denunciado pequeños hurtos dentro del centro por parte de algunos compañeros. En una inspección rutinaria, fueron localizados algunos teléfonos que habían desaparecido. Las técnicas que se desplazaron a Tafira aconsejaron el traslado de ocho usuarios a otros dispositivos de Gran Canaria para que pudieran recibir una intervención especializada. 

La directora  general asegura que conoció la denuncia por agresiones a través de los medios de comunicación. “Sobre la marcha mantuve una reunión con el equipo técnico de Las Palmas”, dice. En ella, ordena que se personen al día siguiente en el centro para entrevistar a todos los usuarios, a los trabajadores y que reúnan toda la información pertinente. 

Según Rodríguez, las técnicas no pudieron confirmar en su visita los hechos denunciados por los menores. “Le trasladamos a la Fiscalía el lunes toda la información que se recabó. No es un expediente concluso. Sigue abierto y se va añadiendo información a medida que la recibimos”, sostiene. 

Para Olivares, hay una falta de especialización de los profesionales que trabajan en el sistema de protección infantil. La abogada alude a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que remarca la importancia de vivir en entornos seguros y en la que, además, se incluyen las herramientas que están a disposición de los menores de edad que se enfrentan a situaciones de violencia. 

La abogada defiende que las administraciones deben tener un “especial recelo” a la hora de valorar a qué entidades se les adjudica un contrato público y tener en cuenta los mecanismos de control para que se pueda salvaguardar el amparo de niños y niñas: “No puede ser que cualquier tipo de entidad se presente a un concurso público para acceder a una licitación o una subvención”, subraya. 

Siglo XXI

No es la primera vez que un escándalo salpica a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. El último de ellos salió a la luz en junio de este año, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la ONG. Según el escrito al que tuvo acceso este periódico, parte del dinero público que recibe la fundación fue destinado a tratamientos de belleza, hoteles de lujo, comidas e incluso viagra.

En concreto, están siendo investigados cuatro directores de centros de Gran Canaria y Lanzarote. Mientras el dinero era desviado presuntamente a gastos personales de los directivos, el Defensor del Pueblo advirtió del “lamentable” y “alarmante” deterioro de las instalaciones, así como de una “deficitaria gestión” de los recursos. 

En 2021, de forma anónima, algunos trabajadores denunciaron en Canarias Ahora el trato racista que una de estas directoras daba a los menores en un recurso de la fundación instalado en la capital de Gran Canaria. Se trata de María de los Ángeles Barroso, que entonces era también secretaria y tesorera de Vox Las Palmas.  “El ambiente era de miedo”, contó una trabajadora a esta redacción. 

Durante la emergencia humanitaria que atravesó Canarias entre 2020 y 2021, trabajadores de Siglo XXI denunciaron agresiones físicas y explotación sexual a menores en el dispositivo Puerto Bello, creado en Mogán. La Fiscalía de Las Palmas presentó una querella contra los responsables del centro por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos delitos leves de lesiones. “Un menor llegó a coserse la boca ante la intimidación sufrida para que no hablara tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo”, recogió entonces la querella.