Sin papeles para Omar, el niño con parálisis cerebral que viajó a España para sobrevivir

Omar nació en marzo de 2007 en Marruecos. Aunque el embarazo de su madre, Mbarka, fue “normal”, al nacer el niño tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello. Con diez meses comenzaron sus primeras convulsiones. Su diagnóstico es parálisis cerebral infantil y encefalopatía epiléptica. Algunas crisis duran un minuto o menos, pero otras se prolongan hasta cinco, según los numerosos informes médicos que guarda la familia. Recibir asistencia médica continuada en su país era misión imposible por el coste y la lejanía de los hospitales. Con el objetivo de poder tratarse y vivir, él y su madre emprendieron una travesía en patera hacia Canarias.

Llegaron a Lanzarote en 2020. Hace dos años, Canarias Ahora dio a conocer su historia, cuando estaban alojados en un centro para familias de Tenerife. Desde entonces, han recorrido diferentes puntos del país en busca de ayuda. No tuvieron éxito, así que regresaron a Lanzarote, donde han encontrado una pequeña red de apoyo. Omar ha cumplido ya los 16 años y está mucho más alto. Mbarka parece estar algo más tranquila. Sin embargo, las dificultades para regularizar su situación les obligan a vivir en los márgenes, lejos de una vida libre y estable. 

La Asociación Pro Derechos Humanos de Canarias y Médicos del Mundo han emitido un informe a la Secretaría de Estado de Migraciones sobre los riesgos que enfrenta esta familia por no tener residencia. La imposibilidad de garantizar en su país de origen el tratamiento que Omar necesita, hacen que allí su vida y su salud corran grave peligro. Desde Madrid han respondido que la petición debía ser presentada ante la Oficina de Extranjería de Arrecife, en Lanzarote, pero conseguir una cita es un proceso muy lento. “Abren las citas una vez cada dos meses”, cuentan fuentes jurídicas. Mientras tanto, madre e hijo corren el riesgo de ser expulsados. 

Mbarka ha pedido el permiso de residencia por circunstancias excepcionales para su hijo porque “no hay otra vía de regularización posible”. El menor no cumple con el perfil para obtener un permiso de residencia por razones humanitarias por enfermedad sobrevenida, ya que la suya es anterior a su entrada a España. Tampoco son beneficiarios de la protección internacional y no pueden acogerse a la reagrupación familiar porque la madre no tiene permiso de residencia ni trabajo. 

Sentados en el salón de la casa cedida en la que ahora viven, ellos mismos relatan los obstáculos que sortean día a día. Mbarka no habla español, pero con la ayuda de un amigo de la familia que hace de traductor cuenta que lo que más le preocupa es conseguir papeles para tener ingresos y poder garantizar a su hijo los bienes básicos. Comida, ropa, medicamentos, agua corriente, luz y un lugar en el que vivir en paz. 

Cada vez que alguien le pregunta cómo está, responde que lo único que quiere es que Omar esté bien. Sin embargo, su salud también se ha visto mermada. Insomnio, tristeza o alteración del estado anímico son algunos de los síntomas que los sanitarios han identificado en ella. “Su salud integral ha pasado a un segundo plano, ya que no se puede permitir estar enferma ni física ni mentalmente. El cuidado de Omar es su prioridad”, cuentan fuentes sanitarias que han asistido a la familia. 

En el caso de Omar, Médicos del Mundo advierte en su informe del mal pronóstico. El menor reúne varios factores de riesgo para sufrir muerte súbita, como el consumo de más de dos antiepilépticos y la alta frecuencia de crisis convulsivas generalizadas. La organización apunta que es “imprescindible” que el niño pueda acceder de forma “pública y gratuita” a las diferentes especialidades médicas cualificadas. Tener permiso de residencia es crucial para poder garantizar la continuidad del tratamiento que ahora recibe en el Archipiélago. 

A 176 kilómetros del hospital

Omar nació en el hospital público de Sidi Ifni, que no disponía de pruebas diagnósticas ni de seguimiento para la patología del menor. Tampoco había especialistas sanitarios. La situación económica de su familia hacía imposible costearse una atención privada. Por lo que siempre tenían que recorrer 176 kilómetros hasta Agadir para llegar al hospital público de referencia. Conseguir la medicación también era un problema. 

El niño no pudo nunca ser escolarizado en un centro educativo, porque su atención debía ser especializada y cualificada, de manera que pudiera mejorar su calidad de vida, su autonomía y sus capacidades físicas, sociales y mentales. “En Sidi Ifni no existen este tipo de centros. Los que hay en el país son caros y privados y no podía costear su desplazamiento al centro ni su matriculación”, cuentan. 

Mbarka tampoco fue nunca escolarizada, por lo que no sabe leer ni escribir en árabe. A lo largo de su vida ha tenido que dedicarse a todo tipo de trabajos informales. Su renta siempre fue baja, fluctuante e insuficiente para cubrir sus necesidades básicas y de su hijo. 

El 24 de noviembre de 2020 fueron rescatados por Salvamento Marítimo de una patera con 19 personas a bordo. En el puerto de Arrecife, el menor sufrió una crisis de ansiedad. Tras una noche en el hospital, pasaron cuatro meses en un recurso de acogida. Después, pasaron a convivir con decenas de personas más en una antigua prisión de Santa Cruz de Tenerife convertida en un recurso de atención a personas vulnerables. “Omar necesita estabilidad, y aquí no la tiene”, contó a ahora.plus entonces la mujer. 

Un día decidieron abandonar el centro y viajar a Bilbao, donde habían escuchado que había asociaciones que podrían prestarles ayuda. No la consiguieron, por lo que se trasladaron a Almería, donde vive un sobrino de Mbarka. Allí pasaron un tiempo en compañía, pero ambos se sienten más tranquilos en un espacio propio. 

En febrero de 2022 regresaron a Lanzarote y Omar ha podido matricularse en un centro de educación especial. Hasta hace poco, vivían en el municipio de Tinajo, en un piso cedido por la propietaria y alejado de servicios básicos como el centro de salud o paradas de transporte público. Mbarka tenía que recorrer cerca de un kilómetro con el menor en silla de ruedas por un camino de tierra. Un informe psicosocial elaborado por el Ayuntamiento en esas fechas concluyó que la familia está en situación de vulnerabilidad, sin recursos económicos, sin una vivienda en condiciones y sin documentación, lo que le impide acceder a ayudas. Al no poder obtener ningún tipo de ayuda, el municipio les facilitó un transporte desde la casa en la que estaban hasta la parada de guagua. 

Los servicios sociales de otros ayuntamientos les han facilitado comida y los medicamentos que Omar necesita para vivir. Mbarka realiza algunos trabajos informales y poco a poco han salido adelante con la ayuda de algunos compatriotas. Hasta ahora, Mbarka no ha sufrido prostitución por las amistades que la ayudan y están pendientes de ella, “aunque el riesgo sigue estando presente”. 

Diferentes informes elaborados por ayuntamientos de la isla evidencian que la situación de irregularidad administrativa desemboca en una situación de necesidad económica que pone en peligro la cobertura de los bienes básicos y la integridad de ambos.

La seguridad jurídica que ofrece estar en situación administrativa irregular es, según los especialistas consultados, la única vía para mejorar la calidad de vida de los dos. “Ser ciudadanos de pleno derecho, reconocidos institucional y socialmente, favorece la integración en la comunidad”, apuntan.