La regularización extraordinaria también traerá derechos a los niños y niñas: “Mi hija tiene traumas por todo lo que ha pasado”

“Al no tener documentos, mis hijas se han privado de muchas cosas. Y ha sido frustrante”, rememora Julia (nombre ficticio) sobre sus dos hijas, que eran adolescentes cuando llegaron a Gran Canaria. En España, según un informe de ‘Save the Children’ y ‘Por Causa’ publicado en 2021 con datos de 2019, había más de 146.000 personas menores de 19 años en situación administrativa irregular, un escenario que va a cambiar con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y que va a mejorar la vida de miles de menores que, incluso con protección familiar, han vivido privados de derechos durante años. Con la regularización, estos menores van a poder participar de manera plena en sus colegios, en las actividades extraescolares y podrán continuar sus estudios si así lo desean. 

Las niñas y niños sin papeles se han enfrentado durante años a numerosas trabas administrativas que les han impedido la integración completa en la sociedad y que, además, han dejado un impacto en la salud mental de ellos y de sus familias. Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia en movimiento de ‘Save the children’, desgrana que estos menores han debido renunciar a viajes escolares, a la realización de estudios medios y superiores, a la realización de prácticas curriculares, al comedor escolar, a becas o a estar federados en equipos deportivos. “Son cuestiones que van quitando la libertad de vivir y de participar en la sociedad de manera plena”, denuncia. 

Las consecuencias de la falta de papeles se evidencian especialmente en la educación. Julia, una mujer de Perú que no tiene papeles, recuerda que sus hijas tenían buenas calificaciones y que decidieron estudiar. La menor comenzó una formación de administración que no pudo terminar, ya que le exigían disponer de la tarjeta de residencia para la realización de las prácticas. “Ella hizo un primer periodo de prácticas en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria, donde su coordinadora la llegó a recomendar. Pero ya las segundas prácticas no las pudo hacer porque no tenía el NIE (Número de Identificación de Extranjero). Así que no pudo terminar”, señala su madre. “Ella ha tenido capacidad intelectual para hacerlo, pero no se le ha dado la opción de elegir”, denuncia. 

A su hija le gustaba la psicología, pero tampoco hubiera podido matricularse en la universidad si antes no hacía entrega del certificado académico, para el cual es necesario disponer de tarjeta de residencia. “Estas son cosas que están dentro de mi corazón, ahí, un poco reprimidas y con dolor, obviamente, porque no veo a mi hija realizada como ella querría”. A su otra hija la matriculó en un centro privado para estudiar peluquería, donde pudo formarse sin necesidad de un NIE. Julia recuerda que trabajaba sin papeles y que con mucho esfuerzo económico pagaba el curso a su hija. Sin embargo, una vez finalizada su formación no pudo ejercer, ya que no tenía autorización de residencia ni de trabajo. “Fue muy frustrante porque no podía ejercer lo que le gustaba”, se lamenta. 

Zupporili subraya que estos menores se enfrentan a más obstáculos en su día a día. Por ejemplo, no pueden salir de excursión con sus compañeros de clase fuera de sus provincias o de su país, puesto que deben presentar documentación en regla. “Hace muy poco hemos tenido un caso muy grave de un niño que había viajado a Polonia. Encontraron su situación de irregularidad en el aeropuerto y empezaron un expediente de expulsión de ese niño por estar en situación de irregularidad en España. Sabemos que es una situación de mucho riesgo y de mucha inseguridad para ellos”, destaca. Julia también recuerda que sus hijas tuvieron que renunciar a programas de intercambio con estudiantes de otros países por el mismo motivo.

También encuentran problemas para federarse en deportes, escuelas y equipos oficiales. Pero además, si consiguen inscribirse en alguna entidad, pueden tener dificultades para viajar. La hija mayor de Armando (nombre ficticio) ha dejado con 11 años y después de dos años sus clases de gimnasia rítmica en un municipio del sur de Gran Canaria. “Mi hija después del colegio salía a clases de gimnasia rítmica. Le pagaba una mensualidad, pero el inconveniente era que cuando tenían presentaciones fuera, la niña obligatoriamente tenía que tener un NIE. Entonces ya la academia iba seleccionando a las niñas que podían viajar y tener descuento de residente”, revela. 

A raíz de esta imposibilidad para viajar, Armando confiesa que su hija se ha desanimado y ha abandonado esta actividad. “Ella ya dijo que no quería seguir porque veía a sus compañeritas que iban fuera y ella no podía”, cuenta. Al mismo tiempo, Armando recuerda que el primer curso escolar fue el más complicado, ya que con los pocos recursos de los que disponía la familia, puesto que tanto él como su mujer tenían trabajos esporádicos y sin contrato, tuvieron que hacer frente al pago de todos los libros, los uniformes y el comedor. 

Un hogar en el que sus miembros no disponen de documentación tiene bastantes probabilidades de caer en la pobreza. Zuppiroli constata que la irregularidad es un factor de riesgo, ya que la ausencia de papeles dirige a las personas hacia trabajos precarios, mal pagados, donde se exponen a la explotación laboral o a ser chantajeados. “Cuando estás en la irregularidad no participas en la sociedad de la misma manera, con lo cual eso puede afectar a tu seguridad y a tu empoderamiento. Y esto puede tener unas consecuencias a nivel de salud mental de los niños y las niñas y en su desarrollo en el medio y largo plazo”, matiza la experta en infancia migrante. 

“Yo veo en mi hija que tiene muchas cosas en la cabeza, tiene muchos traumas por lo que ha pasado. No me gustaría que otros niños pudieran tener ese tipo de traumas por no tener papeles”, reclama Julia. De hecho, la vida en la irregularidad marca a los menores desde temprano. Los hijos de Armando, con 8 y 11 años actualmente, preguntan en sus casas cuándo van a poder ir a la Península o a hacer planes de familia fuera su localidad. “¿Cuándo vamos a tener los papeles para que vayamos de paseo?”, le preguntan sus hijos a su padre.

Padres sin papeles, hijos sin papeles

En España, la situación administrativa de un menor va vinculada a la que tiene su progenitor: “Yo he arrastrado a mis hijas a esta situación por no tener papeles”, se lamenta Julia. En nuestro país, prevalece el criterio de ‘ius sanguinis’, el derecho de sangre, frente al ‘ius soli’, derecho de suelo. Por ello, hay personas que, aun habiendo nacido en España, no tienen la nacionalidad española y adoptan la de sus padres y, por consiguiente, su estatus jurídico. “Si el progenitor paterno o la progenitora materna progresan en ese sentido y tienen una autorización de residencia, también indirectamente los menores pueden de alguna forma solicitar su permiso de residencia”, aclara Jair Sánchez, abogado experto en Extranjería. 

Por ello, el decreto para la regularización de miles de personas extranjeras es una oportunidad para las familias. Los progenitores que presenten su solicitud pueden añadir al mismo tiempo la de sus hijos, según aclara Sánchez. Para ello, deben aportar el certificado de nacimiento donde conste quiénes son los progenitores, el pasaporte con sello de entrada en España y el certificado de empadronamiento. 

Zuppiroli añade que se puede aportar cualquier otra documentación que demuestre que han entrado a España antes del 1 de enero de 2026 y que han residido en el país los últimos cinco meses, como informes de escolarización, médicos, de urgencias o de cualquier otro recurso que refleje que la persona ha estado residiendo en el territorio en el periodo solicitado. 

Para aquellos progenitores que ya hayan iniciado su tramitación de arraigo antes de la entrada en vigor de la regularización extraordinaria, Redwan Baddouh, portavoz de Regularización Ya en Canarias, recomienda que, a falta de nuevas instrucciones, lo aconsejable es esperar a que, si entrado junio no hay respuesta, que desistan y que se presenten a la regularización extraordinaria junto a sus hijos.  

“El hecho de que los padres puedan tener su permiso de residencia y la autorización a trabajar, ya es algo que beneficia a los menores. Que sus padres puedan tener unas mejores condiciones laborales en sus puestos de trabajo, ya beneficia al menor”, resalta Sánchez. En la misma línea, ‘Save the children’ celebra esta regularización extraordinaria ,ya que va a sacar de la exclusión a miles de personas vulnerables: “Proporcionar papeles a las familias y a los niños es cuidar y proteger a los niños”, concluye Zuppiroli.