Dos acusaciones critican a las partes por mezclar ETA con el 11-M
En la jornada quincuagésima del juicio por los atentados concluyeron sus informes finales las siete acusaciones particulares que quedaban por hacerlo de las 18 totales personadas -incluidas las tres particulares- y expusieron sus informes las defensas de los acusados Rachid Aglif, El Conejo, Sergio Álvarez y Javier González, El Dinamita, que pidieron la absolución de sus clientes.
El abogado José María Fuster-Fabra, que representa a víctimas de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo -presidida por Pilar Manjón- dijo que “flaco favor hacemos a la lucha antiterrorista si mezclamos etarras donde no los hay”, “si metemos a ETA donde no está” y “si damos pistas a abogados de ETA sobre cómo poner en tela de juicio informes policiales”. En su opinión, “que a nadie le quepa la menor duda que este letrado va a ser el primero en que si hay un único dato, un dato objetivo que conecte a ETA con este atentado, sería el primero que hubiera pedido la investigación hasta las últimas consecuencias”.
Fuster-Fabra se refirió también a la posible existencia de una “cuarta trama” y comparó ese “criterio” con el gol que marcó con la mano el argentino Leo Messi ante el Espanyol en el Camp Nou el pasado 9 de junio y dijo: “pareció bonito pero no lo fue, se hizo con trampa y al final no va a servir para nada”.
“Separar las imágenes de las Azores de las imágenes tremendas, terribles, de los trenes”
Por su parte, el abogado Manuel Murillo acusó a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de defender la vinculación de ETA con el 11-M con el objetivo de querer “separar las imágenes de las Azores de las imágenes tremendas, terribles, de los trenes”. Además, anunció que emprenderá acciones legales contra el ex director de la Policía Agustín Díaz de Mera -quien se negó a revelar la identidad de la persona que dijo haberle hablado de la existencia de un informe que vinculaba a ETA con los atentados- porque, dijo, “intentó desviar” la investigación “hacia otros terroristas”, lo que podría constituir un “delito de encubrimiento de actos terroristas”.
Por la tarde fue el turno de las defensas y el primero en exponer su informe fue el griego Andreas Chalaris (abogado de El Conejo, para quien la Fiscalía pide 21 años de cárcel), que, tras recordar que “la totalidad” de los acusados condenaron los atentados de Madrid, destacó que los procesados son también “mártires” y “víctimas” del 11-M. El letrado cuestionó, con un español a veces de difícil comprensión para los oyentes, la muerte de los siete presuntos responsables del 11-M que se suicidaron en el piso de Leganés el 3 de abril de 2004 y manifestó que “una verdad parcial o fraguada es peor que una mentira”.
“¿Por qué no habéis hecho una prueba de los pulmones a los señores terroristas para ver si verdaderamente habían respirado botes de gases lacrimógenos?”, se preguntó el letrado en alusión a la declaración prestada en la vista por el jefe del Operativo GEO, que explicó que tras derribar la puerta del piso en el que se atrincheraron los terroristas lanzaron gases para hacerles salir.
Acusación “injusta”
Por su parte, la defensa de Sergio Álvarez, Carmen Pérez Calero, aseguró que su cliente, acusado de trasladar hasta Madrid parte de los explosivos del 11-M, “nunca supo lo que transportó” en la bolsa que le entregó Emilio Suárez Trashorras y por tanto, “sin saber y sin querer es imposible que hubiera podido prever el riesgo y evitarlo”.
“Sergio no sabía que fueran explosivos y menos que estaban destinados a provocar la muerte de seres humanos. Nada lleva a pensar que, de haberlo sabido, hubiera llegado a hacerlo”, continuó la letrada, que recalcó que su cliente “fue utilizado” por Trashorras y recordó que varios testigos lo han definido como “uno de los machacas” del ex minero, “de los pringaos”.
El último de los letrados que intervino este martes fue el de El Dinamita, Santiago Tejero, que reclamó la condena en costas de aquellas acusaciones que han mantenido “de forma injusta” la petición de cárcel para su patrocinado, a pesar de que la Fiscalía haya retirado la acusación de este procesado.