El PP pide formalmente al Gobierno ante el Congreso la ilegalización de ANV
El portavoz del grupo parlamentario popular, Eduardo Zaplana, fue el encargado de anunciar esta iniciativa en una rueda de prensa donde remarcó que existen plenas posibilidades legales de abordar tanto la ilegalización como la disolución de los consistorios. “ETA está contra la sociedad y los demócratas se tienen que defender y utilizar todas las herramientas para ello, de manera que los terroristas sepan que se va contra ellos con toda contundencia”, afirmó el diputado del PP.
El retorno a la actividad terrorista de la banda tras el período de tregua y el hecho de que ANV no haya condenado los últimos atentados de la banda son los presupuestos que para el PP justifican la adopción de medidas contra esta formación política que reclaman en la proposición no de ley presentada en la Cámara Baja. Esta iniciativa se someterá a debate en pleno a partir de la semana próxima, una vez recuperada la actividad parlamentaria.
Zaplana aseguró que a su grupo le “da igual” el procedimiento que utilice el Gobierno para ilegalizar ANV, incluida una posible modificación de la Ley de Partidos, porque lo que al final le importa son los resultados obtenidos para que ANV “abandone las instituciones”.
Disolución de ayuntamientos
Tampoco ve obstáculos legales para la disolución de los consistorios gobernados por un partido que el PP considera que forma parte de ETA, de forma simultánea a su ilegalización, puesto que la Ley de Régimen Local permite adoptar esta medida.
En este sentido, destacó que “no es nada extraordinario y la ley lo ampara perfectísimamente” y recordó que recientemente se ha aplicado en Marbella. “Si por otros motivos se disuelve un Ayuntamiento, por formar parte de una organización terrorista, con más razón todavía”, apostilló.
Zaplana considera que el hecho de que ETA no haya cometido aún ningún atentado mortal tras el fin de su tregua no debe frenar la ilegalización de ANV, porque si los etarras ponen un coche bomba “es porque quieren matar, quieren hacer lo único que saben hacer”. Él cree que ante este desafío “no se puede estar impasible sin responder con el cumplimiento de la Ley, con la Ley de Partidos en vigor y con las medidas que haya que tomar para corregir el error de que los terroristas hayan vuelto a las instituciones”.
“Estamos muy atentos a lo que ocurre en ese entorno”
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, aseguró este jueves que si las circunstancias cambian y existe una novedad “jurídicamente relevante” que pruebe la vinculación de ANV con el entramado etarra actuarán de inmediato, y advirtió de que “estamos muy atentos a lo que ocurre en ese entorno”.
En una rueda de prensa con motivo de la presentación de la memoria de la Abogacía General del Estado, el ministro explicó que debe tratarse de “cualquier novedad jurídicamente relevante, no cualquier novedad que pueda tener trascendencia social y periodística”. En este contexto, “hablamos de novedades con trascendencia jurídica, que supongan la existencia de pruebas que nos permitan actuar ante los tribunales”, recalcó Fernández Bermejo, quien agregó que si aparecen “se actuará coherentemente”, pero primero “deben producirse esas circunstancias con relevancia probatoria”.
El ministro de Justicia insistió en que la sentencia del Tribunal Constitucional, dictada días antes de las últimas elecciones municipales y autónomas, dejó “muy claro” que haber ilegalizado ANV “habría sido desproporcionado”.
Cadena perpetua
Por otra parte y respecto a la imputación en Francia de los cuatro presuntos etarras detenidos en Cahors por delitos penados hasta con cadena perpetua, el ministro señaló que esta pena “en España no podría haberla”.
Así, señaló que según el artículo 25 de la Constitución, “como no podría ser de otra forma en una Constitución moderna respetuosa con las grandes declaraciones de derechos humanos”, la cadena perpetua no puede existir porque la pena privativa de libertad no puede tener como sola finalidad castigar, sino ser compatible con la reinserción. Además, consideró que “tampoco puede decirse” que la pena de cadena perpetua exista en “el mundo civilizado” y explicó que en Francia lo que se conoce con ese nombre se trata de “una especie de pena indefinida”, ya que es una condena que debe ser revisada por el tribunal pasado un período de tiempo.
“En ningún país democrático se sostiene con ese grado de contundencia que pueda existir una respuesta de esa naturaleza”, señaló el ministro. Según el ministro, las autoridades judiciales francesas harán “lo que tengan que hacer”, lo que “en nada va a variar el ámbito de colaboración” judicial y policial entre ambos países.
