Se apaga la Minurso. Canarias en la primera línea del nuevo Atlántico

Durante los últimos meses he ido escribiendo en estas páginas, artículo a artículo, sobre los movimientos que están reordenando el tablero geoestratégico en el que se mueve Canarias. He hablado del deshielo del Ártico y de las nuevas rutas que abre a la rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China. De Suez y del mar Rojo. De Ormuz y de los desvíos por el cabo de Buena Esperanza. De la estrategia portuaria de Estado de Marruecos, con Tánger Med, Nador, Agadir y Dajla como piezas de un mismo plan. De sus pretensiones sobre nuestras aguas y sobre el Monte Tropic. De su empeño en que renunciemos a la seguridad aérea del Sáhara Occidental, que se presta desde Gando. De la compra del 45% de Boluda Maritime Terminals por la empresa pública Marsa Maroc. De los Acuerdos de Abraham y del rearme marroquí a poco más de cien kilómetros de nuestras costas. Lo he hecho, como dije hace unos días ante los investigadores de la Universidad y operarios portuarios, sin alarmismo, pero también sin ingenuidad.

Hoy tengo que añadir una pieza sobrevenida, y no es una pieza menor. El pasado viernes 30 de octubre el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue incapaz de renovar el mandato de la MINURSO, la misión creada en 1991 para vigilar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse. Rusia vetó el texto presentado por Estados Unidos, que había obtenido once votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Somalia. Aquel borrador quitaba la «R» de referéndum del nombre de la misión, que pasaría a llamarse MINUSO, y consagraba el plan de autonomía marroquí como único marco de negociación. Acto seguido, Washington votó en contra de la propuesta rusa, que planteaba prorrogar la misión un año más en sus términos de siempre y que solo logró tres apoyos. El mandato expiró a medianoche del sábado 31. Treinta y cinco años después, Naciones Unidas abandona el Sáhara sin haber cumplido el encargo para el que llegó.

La reacción de las partes dice mucho del escenario que se abre. El Gabinete Real marroquí calificó la no renovación como «un avance importante» y anunció que la presencia de la misión, «su personal, vehículos, equipos y símbolos», debe cesar en los próximos días. Dio además por suspendido el proceso político de la ONU. Su ministro de Exteriores, Naser Burita, llegó a decir que no intentó siquiera convencer a Moscú de que no vetara, porque Marruecos ganaba en cualquiera de los dos escenarios y avanzó que buscará sacar el expediente del Sáhara de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, la encargada de la descolonización. El Frente Polisario habló de «día histórico» y agradeció el veto ruso. Argelia expresó su «profundo pesar» y culpó al sesgo del texto estadounidense, «inclinado excesiva y descaradamente» a favor de Rabat.

Todos celebran o lamentan. Pero, objetivamente, se produce un vacío real. Un alto responsable de la misión definía hace poco su tarea como un «cable de alarma» político, no solo entre Marruecos y el Polisario, sino también entre Marruecos y Argelia. Ese cable ha dejado de existir. Conviene recordar que el Polisario dio por roto el alto el fuego en 2020 y que desde entonces vive un conflicto de baja intensidad con Marruecos, que controla de hecho alrededor del 80% del territorio. Hasta ahora ambos ejércitos se abstenían de intervenir en las zonas patrulladas por los observadores. Sin ellos, crece el riesgo de que las persecuciones en caliente se extiendan más allá de las fronteras de Mauritania o de Argelia y de que un conflicto enquistado adquiera una dimensión internacional. Y todo ello frente a nuestras costas.

No soy el único que mira con inquietud lo que viene. En estos días se han multiplicado las voces expertas, y casi todas coinciden en una palabra: incertidumbre. Riccardo Fabiani, analista de Crisis Group para el norte de África, lo resumía sin rodeos: «todo es incierto y la incertidumbre domina la situación». Y señalaba el riesgo más inmediato: que Rabat ocupe militarmente la llamada zona colchón, la franja que hasta ahora patrullaban los observadores, una medida «potencialmente escalatoria, con consecuencias peligrosas para la estabilidad regional». Crisis Group lleva tiempo describiendo la secuencia que podría desencadenarse: avance marroquí, ataques del Polisario lanzados directamente desde territorio argelino, persecución de las tropas marroquíes al otro lado de la frontera y, en el peor de los casos, un choque directo entre Marruecos y Argelia.

La analista Hannah Rae Armstrong, especialista en el Magreb y el Sahel, ya había calificado el borrador estadounidense de «receta para el regreso al conflicto», que elevaba «de forma inmediata y brusca» el riesgo de escalada. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la seguridad en el territorio y ha recordado que el fin de la misión «no anula» los derechos del pueblo saharaui, «en particular, su derecho inalienable a la libre determinación». Y Oxfam alerta de que la desaparición de la vigilancia pone en riesgo a la población civil y a las decenas de miles de refugiados que siguen en los campamentos de Argelia.

Hay también lecturas desde la otra orilla, y conviene conocerlas. Analistas próximos a Rabat sostienen que el veto ruso no cambia el rumbo, porque la resolución 2797 de 2025, que situó la autonomía marroquí como base de la negociación, sigue vigente. El Real Instituto Elcano, en un análisis reciente sobre el medio siglo transcurrido desde la retirada española, constata una «tendencia internacional abrumadora» a favor de la autonomía. Es decir: Marruecos tiene el viento diplomático a favor, pero ha perdido al árbitro sobre el terreno. Y esa combinación es precisamente la más peligrosa. Quien se sabe respaldado y ya no se siente observado tiene la tentación de acelerar.

Más cerca de nosotros, el catedrático José María Peredo advertía hace unas semanas que «una cosa es desbloquear una situación y otra, dejar en manos de un país la decisión unilateral o de una potencia dominante la resolución del conflicto». Y recordaba que cualquier cambio de soberanía sobre aguas cuya delimitación es hoy distinta obligará a contar con otros actores. Canarias es uno de ellos. A unos cien kilómetros de la costa del Sáhara, cualquier alteración del estatus jurídico de ese territorio repercute directamente sobre nuestros espacios marítimos, nuestros recursos y el espacio aéreo que gestionamos.

Saco de todo ello una conclusión. Los expertos discrepan sobre quién gana con la salida de la MINURSO, pero coinciden en quién pierde: la estabilidad. Y la estabilidad del Atlántico Medio es, para Canarias, una condición de supervivencia económica y social.

Lo que se dibuja no es un simple fracaso diplomático. Es la cristalización de bloques. De un lado, Estados Unidos, Marruecos e Israel, que van a intentar imponer la anexión del Sáhara como hecho consumado. El embajador estadounidense lo dijo sin rodeos: hay que «intentar algo diferente». Y ese algo diferente tiene respaldo militar. Washington ha blindado por ley, a través de la Sección 1268 de su Ley de Autorización de la Defensa Nacional, una alianza de diez años con Rabat. Marruecos maneja ya un presupuesto de defensa cercano a los 15.300 millones de dólares, recibe cazas F-16 Block 72, sistemas antiaéreos Barak MX y radares israelíes, y levanta un polo de fabricación de drones. España, en cambio, no tiene ningún compromiso de seguridad equivalente, ni con Rabat ni con Washington. Y la OTAN hace aguas, tras el pulso de Donald Trump.

Del otro lado, Argelia y Rusia. Apenas un día antes de la votación, en la cumbre Rusia-África, el presidente Tebboune agradecía públicamente a Moscú su «constante apoyo» a la autodeterminación saharaui. Al día siguiente llegó el veto. Rusia, que viene ampliando su influencia en el Sahel y en África Occidental, encuentra en el Sáhara otro escenario en el que medir fuerzas con Estados Unidos, lejos de Ucrania pero muy cerca de Europa. Y Argelia, con sus relaciones con Marruecos rotas desde 2021, no va a aceptar la anexión. Es un nuevo frente de confrontación en nuestra vecindad inmediata.

Y está China, que se abstuvo ante el texto estadounidense y votó a favor del ruso. Pekín juega otra partida, la económica: puertos, infraestructuras, materias primas, acceso a mercados. No le interesa un conflicto abierto que encarezca las rutas, pero tampoco renunciará a sacar provecho del desorden. Su papel está por ver, y será decisivo.

Bajo todo esto late lo que de verdad se disputa: el control de buena parte de África, del Atlántico Medio, del Estrecho y del Mediterráneo. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Lo que ocurre aquí al lado no es un episodio aislado. Es la manifestación más visible de una recomposición de alianzas que tiene a Marruecos como beneficiario y a Canarias como frontera expuesta.

Alguien podría pensar que la retirada de unos cientos de observadores en el desierto poco tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Se equivoca. Cada una de las preocupaciones que he planteado en estos meses se agrava con la salida de la MINURSO.

Empiezo por Dajla. Un puerto de unos 1.300 millones de euros que se construye en un territorio ocupado y pendiente de descolonización, que aspira a captar los tráficos de transbordo, los servicios y la redistribución logística hacia África Occidental que hoy encuentran en el Puerto de La Luz y de Las Palmas su escala natural. Sin presencia de Naciones Unidas, Rabat acelerará la normalización de esas inversiones y buscará legitimarlas ante empresas e instituciones europeas, también canarias. Lo dije en enero y lo repito: potenciar Dajla supone un atentado contra el derecho internacional y contra nuestro puerto. Y el Estado español, al que la ONU sigue considerando potencia administradora de ese territorio, no puede alegar ignorancia. Debe acabar con las equidistancias y el desprecio al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos.

Sigo por nuestras aguas. Marruecos aprobó en 2020 sus leyes de delimitación marítima incluyendo las aguas saharauis, y pretende extender su plataforma continental hasta las 350 millas, alcanzando el Monte Tropic, al suroeste de El Hierro, con sus reservas de telurio, cobalto, níquel y tierras raras. Si consigue sacar el Sáhara de la agenda descolonizadora, intentará presentar esas aguas como propias sin freno jurídico alguno. La delimitación con Canarias dejaría de ser una discusión entre un Estado y un territorio no autónomo para convertirse, a sus ojos, en una negociación entre iguales. Eso es inaceptable.

Continúo con el espacio aéreo. La gestión de la región de información de vuelo que cubre el Sáhara Occidental se presta desde Gran Canaria. Marruecos lleva tiempo reclamándola, y el fin de la misión le dará nuevos argumentos para exigir lo que considera un atributo de su soberanía. Renunciar a ella sería un error de enorme calado: perderíamos capacidad de control, de información y de seguridad sobre un espacio que en los próximos meses puede ser escenario de tensiones militares.

No olvido la migración. Lo hemos visto en Ceuta: cuando le conviene, Marruecos flexibiliza el control de su frontera como demostración de fuerza. Un Sáhara inestable, con movimientos de tropas, desplazamientos de población y un Sahel en descomposición, es el caldo de cultivo perfecto para nuevas presiones sobre la ruta atlántica. Y somos los cabildos, los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma quienes damos la primera respuesta.

Y vuelvo a los puertos. La operación de Marsa Maroc sobre el 45% de Boluda Maritime Terminals que, aunque parece que cuenta con la oposición del CNI y todavía está pendiente de autorización por la Junta de Inversiones Exteriores, adquiere en este contexto una gravedad añadida. ¿Vamos a permitir que una empresa pública de un Estado que acaba de dar por liquidado el proceso de la ONU en el Sáhara, y que compite directamente con nosotros, se siente en los órganos de decisión de nuestras autoridades portuarias? Si antes había razones para paralizarla, hoy hay más.

Hay además una paradoja que no quiero dejar pasar. La crisis de Ormuz y la inseguridad en el mar Rojo están empujando a muchas navieras hacia el cabo de Buena Esperanza. La historia nos dice que eso puede ser una oportunidad para La Luz: los cierres del canal de Suez en 1956 y en 1967 dispararon nuestros tráficos. Pero esa oportunidad solo existe si el Atlántico Medio es percibido como un espacio estable. Un conflicto abierto en el Sáhara, a las puertas del Archipiélago, encarecería seguros, alteraría escalas y convertiría nuestra centralidad oceánica en un factor de riesgo. Nuestra posición es una fortaleza solo si somos capaces de protegerla.

El giro de 2022, cuando Pedro Sánchez asumió la posición marroquí sobre el Sáhara buscando, aparentemente, estabilizar la relación bilateral, no ha traído la estabilidad prometida. Ha alimentado la percepción de que España cede cuando se le presiona. Y un socio que percibe que presionando obtiene resultados seguirá presionando, no se olviden de lo sucedido en Ceuta. Que el Congreso acabe de aprobar la ley que concede la nacionalidad española a los saharauis demuestra, por cierto, que la sociedad española no ha olvidado su responsabilidad histórica con ese pueblo.

Por eso planteo con claridad lo que entiendo que hay que hacer. Que España y Europa defiendan en Naciones Unidas algún mecanismo de observación que impida que el vacío dejado por la MINURSO lo llenen las armas, y que se oponga a que el Sáhara salga de la agenda de descolonización. Que la Unión Europea deje de mirar solo al este y construya una estrategia atlántica con Canarias en el centro de la decisión, no en su margen. Que el Estado blinde jurídica y políticamente nuestras aguas, el Monte Tropic y la gestión de la seguridad aérea desde Gando, y que no haya cesión alguna en ninguna mesa bilateral sin que Canarias esté presente. Que se paralice la entrada de Marsa Maroc en Boluda. Que se refuercen la vigilancia marítima y aérea y la protección de nuestras infraestructuras críticas: puertos, aeropuertos, cables submarinos y sistemas energéticos. Y que se apueste de una vez por la eólica marina y por las renovables, porque en este nuevo Atlántico la autonomía energética también es seguridad.

Decir todo esto no es un acto de hostilidad hacia Marruecos ni hacia su pueblo, con el que Canarias mantiene lazos históricos, comerciales y humanos que valoramos y queremos preservar. La cooperación es imprescindible; la dependencia, no. Pero no se puede construir una relación de vecindad madura sobre la ambigüedad calculada de una de las partes, ni sobre la renuncia permanente de la otra.

Cuando se retiran quienes vigilan, quedan quienes imponen. Esa es la lección que no deberíamos tener que aprender en carne propia. Marruecos jugará las cartas que le dejemos jugar y Estados Unidos, Israel, Rusia y China harán lo propio con las suyas. Depende de nosotros, de España y de Europa, que Canarias no sea el tapete sobre el que otros reparten la partida. Defender nuestra posición en el Atlántico no es una cuestión ideológica, es una obligación institucional y  como presidente del Cabildo de Gran Canaria no voy a dejar de ejercerla. Pero no puedo dejar de plantear que me preocupan que casi todos los demás interlocutores políticos e institucionales estén tan callados ante lo que estamos viviendo.