Autonomía, pero sólo para bajar impuestos, contratar a dedo y privatizar servicios

Resulta que desde la Constitución de 1978, España (no “el Estado”, como repiten majaderamente algunos) decidió reorganizarse y desplegar una forma de convivencia y un sistema político (ahora sí, un Estado) sustentado en una profunda distribución del poder entre las instituciones que representan a toda la ciudadanía española y unas instituciones de autogobierno de sus comunidades territoriales.

A pesar de lo que cacareen los voceros del conservadurismo, esa forma de convivencia y esa forma de Estado no sólo retoma las mejores tradiciones españolas, sino que es la más propicia para lograr integración, solidaridad y la que más se adapta a la realidad efectiva de la riqueza territorial y humana de este viejo país. Al modo de ser de España.

Sin embargo, así no es viable. En cualquier país organizado al modo federal, y España lo está, es inevitable que el poder territorial se utilicé como altavoz y tribuna de oposición al Gobierno estatal, si los estados federados, länder o comunidades autónomas están gobernadas por partidos opositores al del gobierno federal o “del Estado”. Así se fraguó, por ejemplo, el liderazgo del canciller H. Kohl utilizando el Senado (Bundesrat) como tribuna cuando era presidente de un länder. O pueden estarse curtiendo como nuevos líderes demócratas, frente a Trump, los gobernadores de California o New York. Pero todo tiene sus límites, como en todos los ámbitos de la vida y las relaciones humanas.

Y ese límite lo rebasan cada vez que les conviene los presidentes del PP, no digamos los del PP/Vox, y desde siempre muchos líderes nacionalistas.

Ese límite consiste en el respeto a la lealtad institucional, que es el sustento de cualquier sistema federal. La lealtad federal consiste en ejercer las competencias propias, que no sólo consisten en el poder de actuar, sino en el deber de actuar, como todas las potestades públicas. Son derechos/deberes al mismo tiempo. Consiste también en respetar las competencias de otras Instituciones territoriales, las del Estado o las de otras comunidades autónomas en nuestro caso.

Y consiste en la permanente disposición a colaborar en interés de la ciudadanía en todos aquellos asuntos o frente a aquellos acontecimientos “fronterizos”, o de difícil delimitación, competencialmente hablando. O, simplemente, ante circunstancias como el fenómeno migratorio que no están adecuadamente regulados por el bloque Constitución/estatutos de autonomía porque los constituyentes no eran adivinos y España era entonces un país de origen y no de llegada de emigrantes.

Pero no; la derecha española no cree en la España de las Autonomías, ni siquiera (en mi opinión, claro) en la España democrática. Creen, y esto no es nuevo, en cualquier sistema de gobierno que les permita acaparar el poder y usarlo para imponer sus intereses. Y no me refiero particularmente a la derecha política, sino a los poderes fácticos a los que representa.

De modo que para bajar impuestos a los más ricos, degradar las políticas públicas en las que toma cuerpo el Estado Social, adjudicar contratos públicos (si puede ser a dedo, perdón declarando situación de “emergencia” tecnológica, hídrica, energética…, como en Canarias) y privatizar servicios; o para practicar el victimismo, Sí. Para todo eso, Sí. O para subvencionar a tope la tauromaquia, como en Extremadura, y recortar a fondo los presupuestos para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, También.

Pero para ejercer sus poderes/deberes competenciales en materia de prevención y extinción de incendios o afrontar fenómenos climatológicos como la DANA, No. O para actuar con un mínimo de humanidad y de solidaridad acogiendo a los menores migrantes no acompañados, Tampoco.

No nos engañemos. Son lo(s) de siempre.

Y encima tratan de apropiarse en exclusiva -convenientemente manipuladas- de las tradiciones y la “forma de vida” españolas. ¿O es que la Monarquía de los Austrias, la del imperio en el que no se ponía el sol, no era una auténtica Confederación de Reinos, cada uno con sus Cortes, con sus Leyes, con su sistema del gobierno? ¿O es que la venerada Isabel La Católica no dictó a Nicolás de Ovando (1503) instrucciones para el gobierno de La Española, en las que le ordenaba procurar “que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias, y las mujeres cristianas con algunos indios, para que unos y otros se comuniquen y enseñen…”?

¿Qué tienen que ver aquella Confederación de Reinos o aquella sensibilidad de la reina, o las tesis que defendieron eminentes personalidades como Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, o Bartolomé de las Casas sobre los derechos de los pueblos aborígenes y de sus habitantes -o sobre el derecho de resistencia frente al tirano- con el autoritarismo autoritario y la xenofobia que proclaman los instigadores de cacerías criminales como la de Torre Pacheco y los individuos que los lideran y bendicen esas salvajadas? Nada.

Aquella forma de gobierno y aquellas personalidades forman parte esencial de lo mejor de las tradiciones españolas. Esas tradiciones de las que muchos españoles y españolas de buena voluntad nos sentimos herederos y las sentimos como propias. Y nos toca ahora defenderlas frente a la barbarie ultraderechista. Porque defenderlas es defender la Constitución, la democracia y el Estado Social. Y una España que merezca la pena. Que están en riesgo.

No estoy haciendo ninguna apología “españolista”, porque la historia hispana está llena de episodios espeluznantes de desigualdades sociales e injusticias sangrantes, de tradiciones abracadabrantes… Y protagonizada tantas veces por personajes sombríos y por ideas tétricas.

Por eso me rebelo contra a esa mezcla de ignorancia y autoritarismo (un ensamblaje indisociable) con la que algunos se alinean con lo más tenebroso de nuestro pasado: irracionalidad, privilegios, intolerancia, racismo, autoritarismo como si se tratara de la esencia de España.

Y España ha sido y es mucho más y mucho mejor que lo que una derecha cada vez más radicalizada representa, quiere monopolizar y pretende imponernos.