El gran atasco canario

Quien conduce a diario por la TF-5 o por la GC-1 sabe que los atascos ya no son un fenómeno puntual, sino una condición estructural del día a día. La congestión forma parte del paisaje cotidiano y se ha normalizado como el precio a pagar por vivir y trabajar en unas islas densamente pobladas, con un territorio limitado y una elevada dependencia del vehículo privado.

Sin embargo, explicar el problema del tráfico únicamente como una falta de infraestructuras viarias resulta a todas luces insuficiente. Lo que ocurre en nuestras carreteras es, en realidad, el reflejo directo de cómo crecen, se organizan y funcionan las islas, y de cómo interactúan factores demográficos, territoriales, económicos y de comportamiento individual y colectivo en un espacio especialmente frágil.

Desde el punto de vista demográfico y territorial, Tenerife y Gran Canaria presentan un modelo claramente desequilibrado. Las capitales y sus áreas metropolitanas concentran la mayor parte de los servicios públicos, las sedes administrativas, los centros educativos, la oferta sanitaria especializada y una parte significativa del ocio y la actividad comercial. Esto convierte a los entornos de Santa Cruz–La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria–Telde en polos de atracción diaria para decenas de miles de desplazamientos, incluso para gestiones que podrían, en teoría, resolverse de forma descentralizada y/o telemática (desplazamientos evitables).

El empleo, sin embargo, no sigue exactamente ese mismo patrón espacial. Una parte muy relevante de los puestos de trabajo se localiza en las zonas turísticas del sur de ambas islas, mientras que las áreas industriales, logísticas y los aeropuertos se distribuyen a lo largo de los grandes ejes viarios insulares. Hoteles, complejos turísticos, restauración, transporte y servicios auxiliares generan una fuerte demanda de mano de obra que atrae trabajadores desde múltiples municipios.

Aquí aparece uno de los principales problemas estructurales de la movilidad insular, la creciente disociación entre lugar de residencia y lugar de trabajo. La realidad es que muchas personas trabajan en zonas donde no pueden permitirse vivir. El elevado precio de la vivienda, la presión de la actividad turística, la expansión del alquiler vacacional y la escasez de oferta residencial asequible tanto en las capitales como en los núcleos turísticos obligan a miles de trabajadores a residir lejos de su empleo.

A esta dinámica se suma otro flujo igual o más intenso: el de quienes continúan desplazándose hacia las áreas metropolitanas para trabajar, estudiar o realizar trámites administrativos. De este modo, las principales autopistas soportan movimientos bidireccionales constantes, con viajes hacia el sur y hacia las capitales que coinciden en las mismas franjas horarias, saturando la capacidad de la red.

El resultado es una movilidad diaria forzada, de media y larga distancia, altamente dependiente del coche privado. En el que el Gran Atasco no funciona como elemento disuasorio.

Este modelo de desplazamientos encierra una paradoja relevante. Canarias avanza hacia una población progresivamente envejecida y, sin embargo, mantiene una demanda de movilidad laboral extraordinariamente alta. La explicación no reside en un aumento global de la población activa, sino en su concentración funcional. 

Cada vez menos personas en edad laboral sostienen una mayor carga de actividad económica, de servicios y de desplazamientos, en un mercado de trabajo territorialmente fragmentado y con escasas posibilidades de proximidad residencial. La precariedad laboral, los horarios partidos y la falta de alternativas habitacionales cercanas al empleo intensifican aún más la necesidad de desplazarse diariamente.

Así, aunque el conjunto de la población envejezca, el tráfico no disminuye. Al contrario, se intensifica para quienes siguen trabajando, recorriendo mayores distancias y dedicando una parte creciente de su tiempo y de su energía al desplazamiento.

La TF-5 y la GC-1 se han convertido en el termómetro de este modelo territorial. Son infraestructuras estratégicas, pero extremadamente vulnerables que funcionan habitualmente al límite de su capacidad. Basta una incidencia menor —un accidente leve, un vehículo averiado o una incorporación conflictiva— para que el sistema colapse durante horas, afectando a miles de personas que carecen de alternativas reales de movilidad.

A este problema estructural se suma un factor frecuentemente infravalorado: el comportamiento de los conductores. En situaciones de congestión es habitual observar usos inadecuados de los enlaces, empleados como carriles de adelantamiento encubiertos mediante salidas y reincorporaciones inmediatas al tronco. Durante el atasco también se dan cambios constantes de carril en busca de una ventaja individual que rara vez se materializa. Desde el punto de vista técnico, estas maniobras generan perturbaciones en el flujo, provocan frenazos en cadena y reducen el nivel de servicio.

La impaciencia y el estrés transforman así la autopista en un espacio de alta tensión, cuando la conducción en condiciones de tráfico denso exige precisamente lo contrario: anticipación, estabilidad de velocidad y cooperación entre usuarios.

Los atascos no solo suponen una pérdida de tiempo. Incrementan las emisiones contaminantes, el consumo energético, el desgaste psicológico y la siniestralidad leve, además de afectar a la conciliación familiar y a la competitividad económica. En un territorio insular, donde las alternativas espaciales son limitadas, cada kilómetro mal gestionado tiene un impacto multiplicado.

Por todo ello, la respuesta no puede reducirse a la ampliación de carriles o a la ejecución de nuevas obras. Es imprescindible replantear el modelo territorial, la política de vivienda, la localización del empleo y la oferta de transporte público, especialmente en términos de frecuencia, fiabilidad e intermodalidad. Pero también asumir que cada decisión individual al volante influye en el funcionamiento del conjunto.

Porque en islas densas, envejecidas y profundamente dependientes de la carretera, la movilidad no es solo un problema de tráfico: es una cuestión de organización social, de calidad de vida y de convivencia. Y cuanto antes se aborde desde una perspectiva integral, mejor será el resultado para todos.