Historias de La Bufona

Federico Echevarría es un arquitecto, metido a promotor, que fue socio de Jorge Esparza, uno de los considerados testaferros de Luis Roldán, que se dedicaba hacer obras, o al menos a cobrarlas, en los cuarteles de la Guardia Civil. Echevarría promovió en Almería tres planes parciales en terreno protegido. Tenía una trayectoria ideal para hacer negocios en Lanzarote. En su página web dice que tiene una oficina en la calle José Antonio, 87. No la busquen porque nunca ha habido nada parecido. En Arrecife encontró un socio, Francisco Carmona, ya fallecido, que era delineante del Ayuntamiento y encargado del catastro, dos cualidades que lo convierten en el socio ideal para todo promotor.

Con la empresa Brisa Inversiones comenzaron a hacer la urbanización La Bufona. Resulta que no tenían los 50.000 metros cuadrados necesarios para desarrollar el plan parcial, ni en las escrituras ni en la realidad física, pero eso no es impedimento para un inversor que se precie. El plan parcial original, de 1981, permitía construir 33 viviendas unifamiliares. Se solicitó cambiarlo para hacer 52 adosados pero se acabaron construyendo 52 viviendas unifamiliares. Las licencias se concedieron cuando era secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero. En las escrituras de las casas pone lo que pone en las licencias de obra: vivienda de 96 metros en parcela de 384. Los terrenos no se incluyeron en la base de datos del catastro, así que no pagaban impuestos. Tampoco se hizo la cesión obligatoria del diez por ciento al Ayuntamiento. Brisa debe cerca de un millón de euros a las arcas municipales por este concepto.

Catorce de esas casas, que tienen más de 200 metros cuadrados habitables, se construyeron parcialmente en suelo rústico. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural llegó a ordenar el precinto de las obras pero éstas continuaron. Tanto la ex alcaldesa María Isabel Déniz como Fernández Camero están imputados en un proceso judicial, que dura ya diez años, por, presuntamente, autorizar licencias cuando había una orden que lo impedía. El 23 de mayo pasado, un día después de las elecciones, la misma Agencia ordenó la demolición parcial de los elementos construidos en esas casas sobre ese suelo.

Quiso la fatalidad, precisamente, que ese suelo rústico tuviera dueño y que a ese dueño le diera por defender con ahínco lo que es suyo. Durante ocho años estuvo pagando los impuestos del suelo que ocupaban otros y, tras ese tiempo, la Dirección Provincial del Catastro cambió la titularidad del suelo sin que se iniciara ningún expediente ni se solicitara por ninguno de los 18 propietarios. Por las denuncias de Gonzalo Murillo se anuló la resolución y poco tiempo después se destituyó al gerente provincial. De los 18 afectados, tres no recurrieron esa resolución, y trece de ellos, que sí lo hicieron, eligieron como abogada a Juana Fernández, hija de Fernández Camero, que tenía cierta familiaridad con la urbanización porque había sido la abogada de la promotora, Brisa Inversiones, en un procedimiento que llegó hasta el Tribunal Supremo y que perdió, anulándose el plan parcial, que se encuentra actualmente fuera de ordenación.

La historia es más larga pero vamos a simplificarla para no aburrirles. Tomemos como ejemplo a uno de esos vecinos, que compró una de esas bonitas viviendas. Miguel Pallarés, casado con una sobrina de Fernández Camero, es uno de los representantes del Ministerio Fiscal, fue coordinador de la Fiscalía en Arrecife y hoy ejerce en Las Palmas. Pallarés ha puesto ya tres denuncias por injurias y calumnias hacia su persona: una contra el propietario de los terrenos donde está construida la piscina de su casa, que ha ganado, y dos contra la web El Agitador por dos viñetas sobre el caso 'La Bufona', que no se han resuelto. En el juicio que ganó declaró que las afirmaciones del denunciado “erosionaron gravemente y menoscabaron” su “honorabilidad y profesionalidad” porque entendió, como el tribunal, que se le imputaba la paralización del procedimiento judicial (que aún sigue sin resolverse). Sin dudar, por supuesto, de su honorabilidad y de su profesionalidad, ya que su profesión, entre otras funciones, recoge la de perseguir delitos (bien por iniciativa propia o mediante denuncia) y partiendo de la base de que compró su casa legalmente y de buena fe, hay unos hechos que llaman la atención.

El fiscal pagó por su casa por 20 millones de pesetas y al hipotecarla, unos meses más tarde, se la tasaron en 37.829.000 pesetas. La casa tiene dos escrituras, lo cual es una anomalía, aunque sólo una de ellas está registrada. Estuvo ocho años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles ya que la casa no estaba en la base de datos del catastro. Según Pallarés, su casa tiene “casi cien” metros cuadrados, pero la certificación del catastro dice que tiene 246 metros construidos. Reconoce que construyó una pérgola de aluminio en la vivienda. La Agencia dice que las obras de su casa para las que se pide la demolición “carecen de amparo administrativo alguno” y asegura que son “indudable y manifiestamente ilegalizables” al haberse producido una invasión de suelo rústico de valor natural ecológico.

Si como comprador de su casa es una víctima de los promotores, lleva tiempo, con todos los respetos, apuntando hacia el bando equivocado.

Publicado en diariodelanzarote.com

Saúl García