La consejera de Hacienda de Zaragoza defiende emplear fondos europeos para pagar íntegros sueldos de asesores

El Gobierno municipal de Zaragoza ha defendido este martes la imputación a dos proyectos financiados con fondos europeos de parte de los salarios de personal eventual, responsables de comunicación, altos funcionarios e incluso de la propia titular de Hacienda y Fondos Europeos. Ante las dudas planteadas por la portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, Marta Aparicio, la consejera Blanca Solans ha sostenido que estos gastos estaban contemplados en las bases de las convocatorias y ha atribuido buena parte de los problemas surgidos durante la justificación a la elevada “burocracia” de la Fundación Biodiversidad y al posterior cambio de sus criterios sobre los gastos elegibles.

La controversia afecta a dos subvenciones concedidas en 2022 y 2023 para actuaciones vinculadas al río Huerva, por un importe conjunto superior a cinco millones de euros. Según ha explicado Aparicio a partir de los expedientes, las primeras liquidaciones provisionales de la Fundación Biodiversidad dejaron inicialmente fuera una parte muy importante de los gastos presentados por el Ayuntamiento. En el proyecto de mejora de la biodiversidad del entorno del Huerva solo se aceptaron inicialmente unos 165.000 euros de los más de 3,5 millones justificados, mientras que en el proyecto de restitución paisajística se admitieron en una primera fase alrededor de 1,3 millones de más de tres millones presentados.

La situación cambió después de que el Consistorio aportara documentación complementaria. La Fundación terminó admitiendo como justificados alrededor de 3,1 millones en uno de los proyectos y algo más de 1,2 millones en el otro. Persistieron, sin embargo, distintas minoraciones, entre ellas las correspondientes a actuaciones que finalmente no llegaron a ejecutarse y, sobre todo, una discrepancia de mayor calado sobre los gastos de personal.

Es precisamente ahí donde el PSOE ha puesto el foco este martes, durante del debate de la Interpelación presentada por el grupo en la Comisión extraordinaria de Hacienda y Fondos Locales para que la consejera diera cuenta de los recursos interpuestos por la liquidación definitiva de subvenciones de la Fundación Biodiversidad, donde Aparicio ha asegurado que el Ayuntamiento imputó a las subvenciones más de 450.000 euros correspondientes a personal de confianza del Gobierno municipal. Entre los salarios cargados parcialmente a los proyectos citó puestos de confianza de Urbanismo, personal eventual de Comunicación –en algunos casos, salarios anuales íntegros–, altos funcionarios, la directora de Comunicación del Ayuntamiento e incluso parte de la retribución de la propia Solans, tal como publicó este diario.

La portavoz socialista no ha cuestionado que el Ayuntamiento recurra las liquidaciones de la Fundación Biodiversidad para tratar de recuperar las cantidades rechazadas. De hecho, ha insistido varias veces en que “respalda” que se defiendan los intereses municipales. Su crítica se ha dirigido a cómo se gestionaron y justificaron las ayudas y, especialmente, a la decisión de cargar a los proyectos europeos salarios que ya forman parte de la estructura ordinaria del Ayuntamiento.

“Si cobra igual todos los meses, si está en el presupuesto, no entiendo qué necesidad tienen de imputar un montón de miles de euros del sueldo de la directora de Comunicación a esta subvención”, ha reprochado Aparicio. La concejala socialista ha cuestionado también por qué la primera justificación provocó un rechazo tan elevado de gastos y ha considerado insuficiente atribuirlo únicamente a las exigencias burocráticas de la Fundación.

Solans ha rechazado de plano esa interpretación. La consejera ha defendido que las bases de las ayudas europeas permitían imputar recursos humanos destinados al proyecto y que no establecían una exclusión del personal eventual. Según su explicación, incorporar estos costes no constituye una irregularidad ni una práctica excepcional, sino una posibilidad expresamente contemplada en este tipo de convocatorias.

“Para la Unión Europea, para los reglamentos, ninguno de estos puestos es peyorativo imputarlos a un proyecto europeo”, ha señalado. Solans ha asegurado además que el Ayuntamiento no agotó siquiera el porcentaje máximo de gastos de personal que podía imputar y ha defendido que los puestos relacionados con Comunicación estaban amparados por la existencia de un plan de comunicación dentro de los proyectos.

De la “excesiva burocracia” al cambio de criterio

La consejera ha explicado también las importantes diferencias entre las primeras cantidades justificadas y las inicialmente aceptadas por la Fundación Biodiversidad. Según Solans, Zaragoza afrontaba por primera vez una convocatoria de esta entidad y se encontró con un estándar documental especialmente elevado. “La Fundación Biodiversidad es excesivamente burocrática en la exigibilidad de los documentos a presentar”, ha afirmado, aunque ha matizado que esa exigencia “no es mala”, sino que responde a un nivel muy alto de justificación.

El Gobierno municipal sostiene, además, que el problema de fondo no reside en haber incluido gastos de personal, sino en que la Fundación modificó posteriormente el criterio con el que determinaba cuáles eran elegibles. Solans asegura que las memorias de los proyectos recogían esos recursos humanos, que las ayudas fueron concedidas sobre esa base e incluso que algunas liquidaciones iniciales reconocieron este tipo de costes antes de que fueran rechazados en la liquidación final.

El Ayuntamiento ha recurrido por ello las liquidaciones. Según la consejera, durante agosto los servicios municipales estudiaron incluso qué vía jurídica podían utilizar porque las resoluciones no incorporaban, según su versión, un pie de recurso. Solans ha añadido que Zaragoza no sería el único municipio afectado y ha asegurado que existen discrepancias similares en otras convocatorias financiadas con fondos europeos.

La responsable municipal ha ido más allá y ha defendido la participación de personal propio del Ayuntamiento en estos proyectos, frente a la externalización a empresas privadas de tareas que, según ha señalado, es habitual en la gestión de fondos europeos. Precisamente, Solans ha situado parte de los problemas surgidos en las liquidaciones en la externalización de los servicios de gestión y verificación, al considerar que las entidades privadas encargadas de revisar los expedientes pueden no interpretar correctamente los criterios y el funcionamiento de las administraciones públicas.