El Gobierno del PP en Zaragoza carga a dos proyectos europeos 456.000 euros en nóminas de puestos de confianza

Lío a la vista con la reforma de las riberas del Huerva impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza, una iniciativa sufragada con fondos europeos y cuyo coste se ha disparado hasta los 34 millones de euros. La Fundación Biodiversidad –perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y que canaliza desde el Gobierno central estas ayudas– ha rechazado un gasto en nóminas que asciende a 868.000 euros, la mayor parte de cargos de confianza y que en algunos casos incluyen el salario anual entero. Y eso que en varios casos el “parte de horas” registrado muestra que no se dedicó tiempo a esta labor.

El gasto en plantilla que la Fundación Biodiversidad no acepta se enmarca en los proyectos Ciudades, de mejora de la biodiversidad en el entorno del Huerva, y Ríos, Restitución paisajística-hidromorfológica. Y afecta a trece personas: entre ellas, Blanca Solans, actual consejera de Hacienda y Fondos Europeos y antes directora general de Fondos Europeos; su sucesora en este cargo; el coordinador general del Área de Urbanismo; el jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos; la directora de comunicación del Ayuntamiento, o asesores e interinos con labores de comunicación.

El grado de imputación del gasto objeto de la polémica varía mucho: mientras que de Solans se pasaron apenas 4.000 euros de 2022 y 2023, una parte mínima de su sueldo, el ahora coordinador general de Urbanismo superó el año pasado los 71.000 euros, lo cual supone un elevado porcentaje de sus percepciones totales porque encima tomó posesión del cargo en febrero. Mientras, el salario del jefe del Departamento de Gestión de Fondos Europeos derivado al proyecto del Huerva llegó a 50.232 euros ese año, más de la mitad de su nómina –pública, como todos estos puestos–. Y en el caso de un asesor de comunicación –personal eventual– equivalió el pasado ejercicio a su salario completo, pese a que continuó desarrollando su trabajo normal en el Ayuntamiento.

En total, el gasto en personal cargado por el Gobierno del PP a ambos proyectos europeos y que la Fundación Ecodiversidad no acepta asciende a 858.218,98 euros, encuadrado en cinco ejercicios presupuestarios (de 2022 a 2026). De estos, 456.634 euros son de puestos de confianza, entre directivos y asesores.

En los dos informes, la Fundación Biodiversidad excluyó los sueldos del personal funcionario y eventual del Ayuntamiento por considerarlo “estructural, ordinario o recurrente” y no financiable con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La Subdirección General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda, confirmó esta regla general, pero matizó que el criterio determinante es si el coste estaba previsto en la estimación de origen del Plan de Recuperación.

Y aquí es donde se le abre la puerta al Ayuntamiento de Zaragoza. El Consistorio alegó, por un lado, que las propias bases de estas ayudas permiten imputar hasta el 80% del coste de personal propio no contratado al efecto. Y, por el otro, que existe un cuadro de recursos humanos aprobado desde el origen de la convocatoria y que la Fundación dio por válida una modificación presupuestaria del Ayuntamiento que incorporaba parte del gasto en salarios y que identificaba nominalmente a los empleados.

Sin horas de trabajo en el parte

La propuesta de Acuerdo de Gobierno que recurre la liquidación el pasado 9 de septiembre, por cierto, está precisamente firmada por la consejera Blanca Solans, la directora de Fondos Europeos y el jefe de Gestión de Fondos Europeos, los tres con parte del salario derivado a la reforma del Huerva.

Pero hay más. Según recoge el propio informe, en el primer trimestre de este año se cargó a estos proyectos europeos la nómina de ocho empleados municipales pese a que el propio parte de horas proporcionado por el Ayuntamiento no permitía “verificar” que se dedicara nada de tiempo al proyecto, motivo por el que la Fundación no considera “elegible” este gasto. Según fuentes del Consistorio, la razón de ello es que, por la naturaleza de estos empleos –que incluye a asesores de comunicación pero también a personal laboral y funcionario– y la flexibilidad de las jornadas, resulta imposible que haya un registro horario.

Contactado por este periódico, fuentes de la Fundación Biodiversidad eluden la polémica. “No entramos a valorar públicamente los proyectos”, apuntan.