Ley Mordaza, ocho años después, el síntoma de un problema más profundo

Han pasado casi ocho años desde la entrada en vigor de la conocida como “ley mordaza”, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ocho años en los que se ha acumulado suficiente experiencia, suficientes datos y, sobre todo, suficientes vivencias en la calle como para poder hacer un balance honesto. Y ese balance, para una parte importante de la ciudadanía, es demoledor.

La promesa era clara, garantizar la seguridad ciudadana. La realidad percibida por muchos colectivos sociales ha sido otra bien distinta, una herramienta utilizada para limitar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protesta y la libertad de expresión. No se trata solo de una cuestión jurídica, sino de una experiencia cotidiana que han vivido activistas, periodistas, sindicalistas y personas que, simplemente, han decidido alzar la voz.

Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el uso recurrente de sanciones administrativas por conceptos amplios como la “desobediencia a la autoridad”. Este tipo de infracciones, difíciles de objetivar en muchos casos, han permitido imponer multas elevadas sin necesidad de un proceso judicial previo, trasladando la carga de la prueba a la ciudadanía. El resultado ha sido, en la práctica, un efecto disuasorio, protestar puede salir caro, incluso cuando no existe una conducta violenta ni un riesgo real para la seguridad.

A lo largo de estos años, organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han alertado sobre los riesgos que esta ley supone para los derechos civiles en España. También el Defensor del Pueblo ha señalado la necesidad de revisar determinados aspectos para evitar abusos. No hablamos, por tanto, de una crítica marginal o ideológica, sino de un debate con base en estándares internacionales de derechos humanos.

Entonces, ¿por qué sigue en vigor? La respuesta no es sencilla, pero apunta a varias capas. Por un lado, existe una inercia institucional, las leyes de seguridad tienden a mantenerse porque otorgan herramientas amplias a las administraciones. Por otro, hay un contexto político en el que modificar o derogar una norma de este tipo requiere consensos que no siempre se alcanzan. Y, finalmente, hay una cuestión más profunda, el modelo de relación entre el Estado y la ciudadanía.

La ley mordaza no aparece en el vacío. Es heredera de una cultura política donde el orden público ha sido históricamente prioritario frente al ejercicio de ciertos derechos. España arrastra, como otros países, una historia compleja en la que el equilibrio entre seguridad y libertad no siempre se ha resuelto a favor de esta última. Sin necesidad de recurrir a explicaciones simplistas, sí es legítimo preguntarse hasta qué punto ciertas estructuras y prácticas han sobrevivido más allá de los cambios formales del sistema político.

Plantear que esta ley protege “poderes heredados del franquismo” puede ser una afirmación que requiera matices, pero lo que sí parece evidente es que su aplicación ha generado un clima de restricción que choca con una concepción avanzada de la democracia. Una democracia madura no debería temer la protesta pacífica, ni convertir la discrepancia en un riesgo económico para quien la ejerce.

La cuestión de fondo no es solo jurídica, sino política y social: ¿qué tipo de ciudadanía queremos? ¿Una que participa activamente, que cuestiona, que se moviliza? ¿O una que mide cada paso por miedo a una sanción administrativa? Las leyes no solo regulan conductas; también moldean comportamientos y definen los límites de lo posible.

Ocho años después, la ley mordaza sigue siendo un espejo incómodo. No solo por lo que dice de la norma en sí, sino por lo que revela sobre nuestras prioridades colectivas. Derogarla o reformarla en profundidad no debería entenderse como un gesto de debilidad institucional, sino como un paso necesario hacia una democracia más robusta, donde la seguridad no se construya a costa de los derechos, sino junto a ellos.

Porque, en última instancia, una sociedad verdaderamente segura es aquella en la que la ciudadanía puede expresarse, organizarse y protestar sin miedo.