Un millón para aprender de 500: por un comité de especialistas que aclare el pufo de la moratoria turística
El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Canarias con las empresas afectadas por la llamada moratoria turística pone fin a uno de los conflictos administrativo judicial más destacado y largo de Canarias. Pero cerrar un litigio no significa necesariamente que el problema esté resuelto. Incluso, es probable que la cifra se incremente, sin olvidar lo que ha costado todo el proceso
El acuerdo supone una compensación global de unos 485 millones de euros para los propietarios de los terrenos afectados, después de que las reclamaciones llegaran a superar los 1000 millones. A cambio, se desbloquean los derechos urbanísticos de numerosas parcelas y más de una veintena de proyectos turísticos podrían volver a desarrollarse, sobre todo en Gran Canaria y Fuerteventura.
Es lógico que el Gobierno destaque que ha conseguido reducir bastante la factura potencial y que pone fin a 25 años de litigios. Pero eso no debería impedir una pregunta necesaria: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque 485 millones de euros no son poca cosa. Según los cálculos publicados, equivalen aproximadamente al 4% del presupuesto autonómico y a unos 220 euros por habitante.
Y si una parte tan importante del dinero público acaba destinada a resolver un conflicto jurídico, la obligación de las instituciones no debería limitarse a pagar, negociar y pasar página. Hay que aprender y proteger el futuro.
La discusión pública corre el riesgo de quedarse en un enfrentamiento entre quienes creen que la moratoria fue una decisión política necesaria y quienes piensan que fue un grave error. Yo creo que era necesaria, que estábamos en una espiral especulativa en la que algunos propietarios de terrenos sólo querían sacar el mayor provecho al suelo. Pero esa discusión, aunque sea legítima, no resuelve la pregunta que preocupa a la población: ¿el coste final era inevitable desde que se aprobaron aquellas normas o fue aumentando por decisiones, omisiones, retrasos o errores posteriores de la Administración?
La respuesta ha de ser un ejercicio de transparencia. Hace falta revisar expedientes, plazos, informes jurídicos, resoluciones, recursos, sentencias, actuaciones administrativas y decisiones tomadas durante todos estos años.
Y por eso Canarias debe, está obligada a crear un comité independiente de expertos para saber qué pasó, por qué pasó y qué tenemos que cambiar para que no vuelva a pasar. Por ello, no hablo de comisión parlamentaria de investigación, sino más bien de una auditoría externa.
¿Fracaso político o fallo administrativo?
Hay una diferencia importante entre una mala decisión política y una mala gestión administrativa. Una decisión política puede ser discutible y, con el tiempo, incluso resultar equivocada. Pero forma parte de la responsabilidad democrática de quienes gobiernan y legislan asumir las consecuencias de sus decisiones (también por quienes les votan). Otra cosa muy distinta es que, una vez aprobada una norma, la Administración no haya actuado con la diligencia necesaria para proteger los intereses públicos.
La información publicada apunta, entre otras cosas, a que el conflicto generado por la Ley 6/2009 acabó teniendo una dimensión económica enorme. El artículo 17.1 de aquella norma contemplaba expresamente una vía de indemnización para determinados derechos edificatorios. De hecho, la Ley de Medidas Urgentes de 2009 en Canarias —que modificó la moratoria turística anterior y generó posteriores reclamaciones por responsabilidad patrimonial— suele asociarse popularmente y en el ámbito político con el nombre de el «berrielazo», debido a su impulsor, el entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel.
También hay antecedentes judiciales que muestran lo complejo que era el asunto. El Tribunal Supremo ya había rechazado determinadas reclamaciones relacionadas con la primera moratoria, al considerar que no existía patrimonialización de los aprovechamientos urbanísticos. Suelos que estaban ‘secuestrados’ y administraciones locales que mantienen desde hace décadas planificaciones urbanísticas desfasadas (en nuestro caso: Mogán con Normas Subsidiarias desde 1987, y San Bartolomé de Tirajana con un Plan General de 1996)
Precisamente por esa complejidad es imprescindible reconstruir paso a paso lo ocurrido: ¿Cuándo se detectó el riesgo económico?; ¿Qué informes jurídicos se prepararon?; ¿Qué alternativas se estudiaron?; ¿Qué expedientes quedaron pendientes?; ¿Se cumplieron los plazos?; ¿Hubo silencios administrativos que después tuvieron consecuencias jurídicas?; ¿Se recurrieron todas las resoluciones que había que recurrir?; ¿Se defendieron bien los intereses de la Comunidad Autónoma en cada fase?; ¿Se calcularon correctamente las posibles contingencias económicas?; ¿Hubo suficiente coordinación entre los órganos de ordenación territorial, los servicios jurídicos y las administraciones locales?; Y, sobre todo, ¿en qué momento se podría haber reducido de forma importante el coste para las arcas públicas?
El coste reputacional
Hay otra cuestión que también conviene tratar con cuidado ya que, todo el ruido alrededor de este conflicto, puede dar la impresión de que estamos ante un problema de todo el sector turístico canario. No es así. Hablamos de un grupo reducido de empresas propietarias de determinados terrenos afectados por una legislación concreta. Las informaciones publicadas hablan de unos 36 expedientes, concentrados en buena medida en determinados municipios y bolsas de suelo turístico.
Por tanto, no deberíamos mezclar los intereses o la actuación de determinados propietarios de suelo con los de las miles de empresas, trabajadores y profesionales que forman el sector turístico de Canarias.
El turismo es una actividad estratégica para el Archipiélago. Su imagen no debería quedar ligada a un litigio urbanístico de 25 años ni a la idea de que ciertas decisiones públicas pueden acabar generando enormes beneficios privados a costa del presupuesto de todos. Precisamente por eso conviene aclarar lo ocurrido.
Un comité que sirva para mirar hacia adelante
El comité de expertos debería tener un mandato claro y limitado:
- reconstruir todo el proceso, desde las primeras medidas de moratoria hasta el acuerdo actual.
- Segundo, identificar las decisiones clave que marcaron la evolución económica y jurídica del conflicto.
- Tercero, diferenciar claramente entre responsabilidad política, responsabilidad administrativa y consecuencias derivadas de cómo los tribunales interpretaron las normas.
- Cuarto, calcular, en la medida de lo posible, el coste real para las arcas públicas: indemnizaciones, intereses, costas, gastos jurídicos y cualquier otro impacto directamente relacionado.
- Quinto, estudiar si hubo alternativas administrativas que hubieran permitido reducir ese coste.
- Y sexto, proponer protocolos de prevención y control para futuras decisiones legislativas o administrativas que puedan generar responsabilidad patrimonial. Este último punto es probablemente el más importante.
Canarias no puede permitirse que dentro de diez o veinte años descubramos que otro conflicto administrativo ha acumulado cientos de millones de euros en posibles costes porque nadie tenía la responsabilidad de seguirlo, evaluarlo y actuar a tiempo.
Un millón para evitar otros 500
Alguien podría preguntarse cuánto costaría crear ese comité.
Mi propuesta sería sencilla: un millón de euros como máximo y de forma simbólica para llevar a cabo una investigación independiente, rigurosa y con acceso a toda la documentación necesaria.
- Un millón para entender cómo se generó un problema de casi 500 millones.
- Un millón para crear mecanismos que eviten que vuelva a ocurrir.
- Un millón para mejorar los sistemas de alerta jurídica y financiera de la Administración.
- Un millón para saber dónde fallaron los procedimientos y cómo corregirlos.
Incluso si el comité concluyera que no hubo ninguna actuación administrativa incorrecta y que todo el coste era inevitable, el gasto seguiría estando justificado: habríamos conseguido conocimiento útil para tomar mejores decisiones en el futuro. Y con transparencia en lo que de verdad nos afecta a toda la comunidad.
El objetivo debería ser que los próximos 500 millones no vuelvan a salir del presupuesto por un problema que se podía haber detectado y corregido a tiempo.
La moratoria turística ha dejado una factura económica enorme y una controversia jurídica muy compleja. Ahora tenemos una oportunidad excepcional para convertir todo esto en una lección institucional.