La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que instruye el caso Valka que impute a la concejal de Servicios Públicos de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), un delito de malversación, porque aprecia indicios de que contribuyó a un “expolio de 400.000 euros”.
En un escrito adelantado por Canarias 7 al que ha tenido acceso EFE, el Ministerio Público hace esas afirmaciones tras examinar el recorrido del contrato por el cual el Ayuntamiento compraba agua a la empresa Guerra Patrimonial FGG para riegos de calles y otros usos en los barrios de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya entre 2015 y 2022.
El fiscal Javier Ródenas sostiene que esa empresa facturó sistemáticamente al Consistorio cantidades “infladas” de agua, sin que los servicios municipales comprobaran si se correspondían o no con la lectura de los contadores y que la edil Medina convalidó los pagos a sabiendas de las irregularidades que se estaban cometiendo.
“De este modo, se configuró un mecanismo de desvío sistemático de fondos públicos con apariencia de legalidad administrativa, se concertaron en la adjudicación y ejecución ficticia del servicio, emitieron y validaron facturas mendaces sin verificación técnica previa y autorizaron su pago mediante certificaciones cuadradas para agotar el presupuesto anual”, añade Ródenas.
Por ese procedimiento, remarca, el Ayuntamiento llegó a pagar a Guerra Patrimonial FGG “sobrecostes de más del 70% respecto a los consumos reales”.
La Fiscalía implica en esa mecánica a dos funcionarios del servicio municipal de Parques y Jardines, Miguel Ángel P.H. y Sergio G.C., que habrían contado con la colaboración de Inmaculada Medina.
El Ministerio Público detalla que esa supuesta trama quedó al descubierto en diciembre de 2022, cuando una serie de funcionarios del Consistorio y la concejal de Parques y Jardines, Gemma Martínez Soliño (Podemos), se negaron a tramitar una sola factura más de ese suministro si no venía acompañada de la lectura de los contadores que justificara el volumen de metros cúbicos de agua consumidos.
“De forma reveladora, la facturación descendió hasta niveles propios del mes de julio de 2012. Es decir, el suministro de agua de tomadero nunca volvió a registrar los escandalosos niveles de consumo de m3 de agua facturados entre abril de 2015 y noviembre de 2022, porque el consumo real quedó en evidencia”, argumenta.
La Fiscalía subraya que Inmaculada Medina aprobó como concejal esas facturas y autorizó los pagos, “contribuyendo decisivamente a la distracción de fondos municipales en beneficio del contratista”.
“Ninguno de los implicados podía ignorar la falsedad de los consumos facturados ni la inexistencia de un control material sobre el servicio, ya que la práctica de lectura real solo se reanudó a partir de diciembre de 2022, siendo notorio que a partir de esa fecha la facturación se redujo drásticamente, confirmando el volumen inflado de los volúmenes de m3 de agua de los ejercicios anteriores”, argumenta Anticorrupción en su informe.
En consecuencia, pide al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que declare a Inmaculada Medina y al funcionario Sergio G.C. formalmente investigados en un delito de malversación agravada, en concurso con otros tres cargos de falsedad en documento público, prevaricación y fraude a la administración.
Las otras dos personas que presuntamente participaron en esa mecánica, el funcionario Miguel Ángel P.H. y el empresario Felipe G.G., responsable de la sociedad que vendía el agua al Consistorio, ya estaban encausados en las diligencias del caso Valka por falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación de fondos públicos.
Ahora, el Ministerio Público solicita que también se impute a la empresa Guerra Patrimonial FGG, como posible responsable de un delito de cohecho y otro de malversación de fondos públicos.
La acusación de cohecho se sustenta, entre otros indicios, en un préstamo de 430.000 euros que tenía contratado el funcionario Miguel Ángel P.H. Según el fiscal, las cuotas de ese préstamo las abonaba cada mes Guerra Patrimonial FGG mediante transferencias bancarias a la cuenta del funcionario municipal, cuando certificaba sus facturas.
“Existen indicios de que el préstamo se pagó con el sobre precio de los fondos públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”, denuncia el fiscal Javier Ródenas.
Como testigos de lo sucedido, la Fiscalía propone que se cite a declarar, entre otros, a la concejal Martínez Soliño y a los funcionarios que se negaron a tramitar las facturas sin verificar los consumos.