El Cabildo de Gran Canaria aprueba su presupuesto de 2020 con 820 millones
El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes con 17 votos a favor y once en contra los presupuestos de la corporación insular para 2020, unas cuentas dotadas con 820,5 millones de euros en gastos que rompen la tendencia expansiva de los últimos años.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha explicado que los presupuestos están “afectados por la deuda pública” y “por los recortes del Fdcan que ”se incorporarán posteriormente“, por lo que ”no son expansivos como en los últimos años“, aunque ”permitirán incluir las partidas financieramente sostenibles e inversiones que han visto reducidas sus propuestas“.
Como ha detallado, este es el caso de infraestructura turística, vivienda, depuradoras y desaladoras y renovables, que contarán con “un plan de inversiones adicionales a los presupuestos”, que tiene un “fuerte componente social con un 49% de los presupuestos” destinados a partidas de este tipo y de tipo económicos, y más de 100 millones de euros “destinados a inversión directa”.
Según ha argumentado, estos presupuestos permitirán iniciar el mandato “en la línea de la anterior legislatura”, centrándose en “la lucha contra la pobreza y generando dinamización económica y economía productiva” con propuestas “distintas” para que las obras que se acometan “tengan un servicio real a la ciudadanía”.
En relación a las críticas de la oposición, el presidente ha asegurado que el Cabildo “es, en parte, transmisor de dinero en todos sus gobiernos desde el inicio de la democracia” pero también “pone en marcha partidas destinadas a inversiones como el Fdcan o el Plan de Cooperación de manera coordinada y conjunta”.
También “hay obras propias” como ha recordado el caso de los platós de cine, además de las conveniadas con los municipios, ha señalado. De haberse aumentado las partidas para los ayuntamientos “no habría problema”, ya que “se trata de buscar fórmulas para agilizar la inversión de los recursos”, ha señalado.
Este ha sido el principal punto de crítica de la oposición, como ha indicado el portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, grupo que ha presentado once enmiendas parciales y que ha denunciado que el presupuesto “no representa a toda la ciudadanía”, ya que “1 de cada 10 euros son inversiones reales del Cabildo, el resto es transferido a terceros”. A juicio de Santana, “falta estrategia y criterio”.
La misma idea ha subrayado el portavoz de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, con una enmienda a la totalidad y que ha criticado la “pérdida de peso económico y político del Cabildo”, como “mero transmisor de dinero de la comunidad autónoma y del Estado”. Para Bravo de Laguna, el Cabildo es “menos motor económico de la isla”, con unos “presupuestos pobres”.
Por su parte, el portavoz del grupo popular, Marco Aurelio Pérez, que ha presentado tres enmiendas, se ha centrado en “la escasa capacidad de trabajo” que observa en el equipo de gobierno y ha criticado una política “paternalista y discrecional” que “da dinero a unos ayuntamientos al margen de los criterios de reparto habituales”, con “municipios discriminados frente a un exceso de bondad política” de otros. En este sentido “ha pedido un reparto con equidad de acuerdo a población”, que ha sido desestimado.
Las enmiendas presentadas por la portavoz de Podemos, Concepción Monzón, han sido relativas a la rehabilitación del parque de viviendas, el plan de vivienda pública desde el consorcio y proyectos de “housing first”, así como de accesibilidad de edificios con subvenciones para zonas comunes y contra la violencia machista, que han sido aprobadas.
El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Pérez, ha destacado el “enfoque de política social” del presupuesto, con una “fuerte incorporación económica en política social con el plan de infraestructura sociosanitaria” con 12 millones de euros, además de “reforzar las partidas de acondicionamiento y rehabilitación de carreteras” con tres millones de euros.
Además se han hecho “políticas específicas de transporte para abaratar precios en el transporte público en el bono joven a partir de septiembre” y se mantiene la política de “reforzar lo que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos” porque es “la mejor forma de cohesión territorial y social”.
