Nueva Canarias acusa al Gobierno de Clavijo de “proteger a los especuladores” con la vivienda en la nueva ley de licencias urbanísticas

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha rechazado este jueves, en comisión parlamentaria, el dictamen del proyecto de ley del Gobierno canario (CC y PP) para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas al considerar que “no aportará ni una sola medida eficaz para resolver el grave problema de acceso a la vivienda en Canarias”.

En este contexto, la diputada del grupo Carmen Hernández volvió a ofrecer las enmiendas de NC-BC para hacer frente a la emergencia habitacional con propuestas centradas en la vivienda pública, el alquiler, la movilización de los inmuebles vacíos y la lucha contra la especulación.

Hernández puso sobre la mesa estas propuestas como alternativa a la política del Gobierno presidido por Fernando Clavijo, que según la diputada, “protege a los intereses especuladores y la minoría privilegiada de los ricos mientras margina a la mayoría social”, subraya en un comunicado.

Carmen Hernández lamentó que los grupos que sostienen al Ejecutivo de las dos derechas volvieran a rechazar un amplio paquete de medidas planteadas por NC-BC para afrontar uno de los principales problemas de la mayoría de la ciudadanía canaria. Entre ellas, la reforma de la “obsoleta” Ley Canaria de Vivienda de 2003, el reconocimiento del derecho subjetivo a la vivienda para reclamar una solución habitacional o una ayuda pública cuando la administración no pueda ofrecer una casa y un compromiso real con la promoción de más vivienda pública.

Mantuvo además la puesta en marcha de un plan de movilización de vivienda vacía con financiación y aval del Gobierno para ofrecer seguridad a los propietarios, así como la posibilidad de aplicar expropiaciones temporales a grandes tenedores con inmuebles cerrados sin justificación. A estas medidas sumó una política fiscal contundente para favorecer a jóvenes y familias trabajadoras y penalizar la compra especulativa de vivienda.

La diputada de NC-BC insistió especialmente en la necesidad de actuar frente a la especulación inmobiliaria y la adquisición masiva de viviendas por parte de fondos e inversores extranjeros. A su juicio, el gabinete de Clavijo ha orientado su política de vivienda “a favor de una minoría privilegiada y de los intereses especulativos, en lugar de proteger a la mayoría social canaria”, critica.

“Han hecho más que nadie a favor de la vivienda, pero de unos pocos. De quienes pueden especular, acumular y rentabilizar el suelo y las casas, no de la gente corriente de esta tierra, de los trabajadores y trabajadoras y de nuestros jóvenes”, criticó.

Culpó al Ejecutivo de CC y el PP de señalar de forma injusta a los ayuntamientos como responsables de la demora en la concesión de licencias urbanísticas. Según Hernández, el proyecto de ley no resuelve los verdaderos “cuellos de botella” de la tramitación urbanística y, sin embargo, pone todo el foco sobre las oficinas técnicas municipales para “justificar una salida privatizadora” y generar una importante inseguridad jurídica.

La parlamentaria advirtió de que la norma, procedente del Decreto Ley 3/2025, es uno de los textos más importantes de la legislatura por su impacto tanto en el acceso a la vivienda como en la ordenación y protección del territorio, “un bien escaso, frágil y especialmente valioso en un archipiélago como el nuestro”.

Lamentó que nazca “sin participación real, sin diálogo sincero y sin consenso” y recordó que su tramitación como proyecto de ley vino determinada por el Consejo Consultivo.

Nueva Canarias presentó 28 enmiendas al texto, de las que solo una fue aceptada. La propuesta incorporada contempla la posibilidad de habilitar alojamientos dotacionales para situaciones de emergencia habitacional, una herramienta pensada para dar respuesta inmediata a personas y familias que se quedan sin alternativa residencial de un día para otro.

Pese al rechazo de la mayoría de sus iniciativas, Nueva Canarias aseguró que seguirá defendiendo en el Parlamento medidas “valientes, útiles y socialmente justas, para garantizar el acceso a una vivienda digna y proteger el territorio de Canarias”, concluye el comunicado.