Canarias avisa de que no puede tener seis meses a migrantes que lleguen a las islas mientras se gestiona su regularización
El Gobierno de Canarias ha mostrado su preocupación este martes por el impacto que puede suponer para el Archipiélago el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y ha adviertido desde Bruselas que para una región ultraperiférica con territorio “limitado y fragmentado”, como es la suya, es “inasumible” el triaje de hasta seis meses de duración que prevé para las personas que lleguen desde junio.
En un comunicado, el Ejecutivo regional asegura que el Pacto Europeo supone tener a la persona 12 semanas iniciales que se pueden prorrogar otras 12, “cuando actualmente la media de estancia es de un mes”, subraya.
El viceconsejero del Gabinete del presidente de Canarias, Octavio Caraballo, lo ha expuesto en estos términos en la reunión que ha celebrado el grupo de trabajo sobre migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM), donde ha defendido que la puesta en marcha del Pacto Europeo de Migración y Asilo “precisa de más solidaridad, mayor financiación, protección real a los menores y una visión atlántica de la migración”, asevera.
Además, el representante del Gobierno que preside Fernando Clavijo ha recalcado que esta nueva regulación “debe dar voz a las regiones frontera”, ya que, de lo contrario, el acuerdo firmado por los 27 países miembros “no resultará eficaz”.
Caraballo, en la línea que ha mantenido hasta ahora el Gobierno de Canarias, se mostró crítico con el Pacto tal como ha sido aprobado porque considera que, si no se corrigen, “sus directrices pueden agravar la presión que vive el archipiélago” respecto a la migración.
En este sentido, Octavio Caraballo insistió en la “inquietud” que genera en el Gobierno autonómico no conocer el alcance real que tendrá el acuerdo en las islas y manifestó su convencimiento de que la aplicación “debe incluir mecanismos automáticos de derivación rápida de migrantes desde Canarias hacia la península y otros Estados miembros”.
Así, el viceconsejero hace hincapié en las regiones ultraperiféricas y zonas de alta presión migratoria, como es Canarias, y alerta de que las islas se pueden convertir en un espacio de retención y criticó la falta de información ofrecida hasta ahora al respecto.
Hizo hincapié en que, a pesar del descenso en la llegada de migrantes procedentes de la costa occidental de África en lo que va de año, es indispensable que Europa mantenga la mirada en el Sahel, “un área de gran inestabilidad política y social cuyas consecuencias podrían tener impacto en las islas con un incremento de los flujos migratorios”, resalta.
Asimismo, Octavio Caraballo recordó que Canarias tiene bajo tutela “en torno a 3.000 jóvenes”, por lo que aboga por crear un sistema europeo de protección de menores no acompañados, con reubicación obligatoria y rápida, una financiación estable para la acogida, educación y atención a la salud mental, así como estándares comunes de tutela en todos los estados“.
CEAR celebra nueva y “necesaria” regularización
Mientras el Gobierno canario critica las consecuencias que el nuevo Pacto Europeo puede tener sobre la presión migratoria, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha celebrado como una gran “victoria popular” la aprobación definitiva del Real Decreto para regularización de personas migrantes, una medida que servirá para “garantizar derechos y dignificar la vida de miles personas” que ya se encuentran residiendo en España.
CEAR señala en una nota que la regularización de personas migrantes, impulsada por los propios movimientos de personas migrantes y organizaciones sociales, “fue apoyada por más de 700.000 firmas de la ciudadanía”.
No obstante, la organización celebra que, aunque no logró ser tramitada a través del Congreso, sirvió como impulso para que el Gobierno la pueda aprobar mediante Real Decreto, “respondiendo a un amplio consenso social y político”, asegura.
Desde CEAR celebramos este momento histórico que demuestra que cuando hay voluntad política se puede atender al clamor popular y aprobar una medida necesaria y urgente, que como en anteriores regularizaciones sacará de la clandestinidad a muchas personas. Supone un triunfo de los derechos humanos y sociales frente a la deriva reaccionaria y autoritaria.
Para la entidad que se trate de una iniciativa impulsada desde la ciudadanía la hace aún más valiosa, demostrando que la sociedad organizada es capaz de ejercer una gran influencia política. Sin embargo, lamenta que se trate de una medida extraordinaria que resuelve solo puntualmente la situación administrativa irregular de quienes ya se encontraran con anterioridad en el país.
“La solución real pasa por establecer mecanismos estructurales que eviten meses y años en la irregularidad que lo único que provocan son situaciones de extrema vulnerabilidad y grandes obstáculos para acceder a derechos básicos como la sanidad, la educación o la vivienda, entre otros”, apuntan.
CEAR recuerda que las anteriores regularizaciones han permitido luchar decididamente contra la explotación laboral y lograr sociedades más inclusivas y cohesionadas, ya que dotan de seguridad jurídica a personas que llevan tiempo formando parte de la sociedad y aportando en diferentes ámbitos esenciales.
Además, subrayan que no solo favorece a la población migrante, sino a la sociedad en su conjunto, ya que es una poderosa herramienta de inclusión social imprescindible para construir sociedades diversas y cohesionadas.
Ahora, CEAR destaca que “el gran reto” una vez se han iniciado los trámites es que se pongan todos los medios para que este proceso sea “eficaz y no deje a nadie atrás”, sobre todo teniendo en cuenta el plazo “tan corto” con el que se contará para entregar toda la documentación necesaria, “de apenas dos meses y medio”.
CEAR recuerda que para tratar de agilizar el proceso y evitar fraudes, el Gobierno ha elaborado un listado de entidades colaboradoras, en el que se encuentran varias organizaciones especializadas en migración y asilo, entre ellas CEAR.