Canarias pierde ya 4 millones en Tributos
La decisión del Gobierno canario de retirar la encomienda a los registradores de la propiedad, por medio de la cual realizaban funciones de recaudación de impuestos, ya le está costando a las Islas estos días unos cuatro millones de euros, cuando según el Ejecutivo regional se aspira a ahorrar con esta supresión unos seis millones en todo 2013, asumiendo directamente esa función pública.
Esa es la cantidad estimada que las arcas autonómicas dejan de percibir este mismo mes, al quedar paralizada la administración tributaria canaria con alrededor de 8.500 expedientes a punto de prescribir o de caducar para su recaudación ejecutiva en las oficinas liquidadoras comarcales, entidades que desde seis años han sido gestionadas por los registradores de la propiedad.
El decreto del 28 de diciembre firmado por el presidente, Paulino Rivero, y los consejeros de Hacienda, Javier González Ortiz (CC), y Justicia, Francisco Hernández Spínola (PSOE), no solo ha tenido una réplica contundente desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con la medida cautelar de dejar sin efecto lo que a las obligaciones del Colegio de Registradores se refiere, sino que se llevó a cabo sin tener en cuenta un inquietante informe interno de estos.
A pesar de que el informe sea considerado de parte en el seno del Gobierno, en el mismo, además del riesgo inminente de la pérdida de esos cuatro millones de euros -con los que casi se va a consumir el ahorro gubernamental previsto de seis millones en concepto de honorarios- se reclamaba a la Direccion General de Tributos encabezada por Alberto Génova, inspiradora de la eliminación de la encomienda, que se diera cuenta a la Intervención General y a la Audiencia de Cuentas del grave perjuicio que supone la medida para la capacidad recaudatoria de la Comunidad Autónoma Canaria.
Los datos con los que los registradores de la propiedad advierten al Gobierno de Canarias, según denuncia Davide, asociación en defensa del contribuyente, han provocado la alarma en el sector por el riesgo a que desaparezca el trabajo directo y el trato personalizado con unos 15.000 ciudadanos, asesores fiscales y gestorías, por medio de un servicio público al 70% de la población de las Islas que se elimina sin haber informado previamente a los ayuntamientos, colegios profesionales, Cámaras de Comercio o las propias comarcas que cubría.
El informe cuantifica en una pérdida efectiva de cuatro millones de euros ahora mismo la decisión de paralizar las oficinas comarcales liquidadoras, pero también aventura la volatilización de seis millones de euros cada mes, en relación a los datos cerrados de ejercicios anteriores y en los que la gestión recaudatoria, previa investigación y fiscalización del fraude fiscal, dio esos dividendos a las arcas públicas regionales, aparte de pingües beneficios a los registradores.
En el aire 160.000 expedientes y 80 millones de euros anuales
Las estadísticas de las propias oficinas liquidadoras comarcales de la administración tributaria canaria, avaladas también por el informe de la Inspección de Servicios del Ministerio sobre los tributos cedidos a la Comunidad, arrojan a 31 de diciembre unos 160.000 expedientes sin cerrar, que recaen ya sobre los funcionarios de Tributos Cedidos en unos departamentos de por sí saturados, cuando ejecutan solo un 10% del volumen de trabajo que les corresponde.
El informe obviado por Tributos augura el colapso de la administración regional en el resto de los órganos de gestión, al asumir la labor contra el fraude fiscal que llevaban a cabo las oficinas liquidadoras comarcales, y supondrá la imposibilidad física de tramitar el 96% de los expedientes iniciados o por iniciar dentro de su ámbito de actuación anterior a la supresión de la encomienda.
La falta de calificación y de revisión de esos expedientes se irá incrementado cada mes, de manera exponencial, en cuanto el retraso vaya creciendo, alertan en su informe al Gobierno canario los registradores de la propiedad.
Los datos son elocuentes: las Administraciones de Tributos Cedidos -gestionadas de manera directa por personal adscrito a la Comunidad Autónoma- tienen competencia directa en el 25% de los expedientes de Canarias, mientras que las oficinas tributarias comarcales a cargo hasta este año de los registradores de la propiedad gestionan el 75% restante.
El mismo informe concluye que los expedientes pendientes de cerrar por parte del personal de Tributos Cedidos superaría los 280.000, al haber finalizado solo el 4% de su trabajo contra el fraude fiscal, mientras que las oficinas liquidadoras comarcales han finalizado más del 80% de sus expedientes, y dada su ingente volumen, el 20% restante serían 160.000 expedientes, en confrontación de la eficacia de una y otra función. En los seis años de gestión indirecta a través de los registradores, estos han cerrado casi un millón de expedientes.
Las previsiones de los registradores a cargo de estas oficinas liquidadoras tampoco son muy halagüeñas: el fraude fiscal aumentaría un 70% perdiendo las arcas públicas unos 80 millones de euros anuales, que es la cuota que ha aflorado por la gestión de las oficinas comarcales en impuestos y actos varios como transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, operaciones societarias, sucesiones y donaciones y exenciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF).
