Tras el rechazo de la ONU a las leyes de “concordia” PP-Vox, piden a Guardiola que lo pare en Extremadura

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) ha instado al Gobierno de PP y Vox en la Junta a paralizar de forma inmediata su anunciada derogación de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura e impulso de una ley de concordia, tras el informe de la ONU sobre esta normativa aprobada en otras autonomías. 

También ha instado al Gobierno de España a impulsar de manera inmediata una actuación contra esta “tendencia revisionista” marcada por los acuerdos de PP y Vox, también en Extremadura, sin descartar presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si fuera necesario. 

De forma paralela, ha pedido al Ejecutivo de Sánchez que desarrolle “profunda y reglamentariamente” la Ley de Memoria Democrática estatal, dada la “contundencia” del reciente informe de Naciones Unidas, por el que la asociación extremeña ha mostrado su “satisfacción”. 

Un informe firmado por el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; por el relator del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas y por el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Este se pronuncia sobre las leyes de concordia que, ha recalcado, “podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales y/o locales, en materia de derechos humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos, sufridas por las víctimas del franquismo y sus familias”. 

En él se recuerdan los compromisos que adquirió España al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados.

Blanqueo revisionista

La Armhex considera que las leyes de concordia “en realidad suponen un blanqueamiento revisionista del golpe estado contra el legítimo gobierno republicano y un ocultamiento de la represión llevada a cabo por la dictadura franquista que durante cuarenta años persiguió, torturó y humilló a los vencidos”.

Igualmente, representan “una directa agresión” para con las víctimas del franquismo y sus familias a los que “se revictimiza y maltrata con estas iniciativas”.

Ante esto, ha solicitado que se profundice en las políticas públicas de memoria consagradas en el Derecho Internacional y en la propia Ley 20/2022 de Memoria democrática estatal, según la cual la memoria y dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura franquista representan “un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”. 

“La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado. El olvido no es opción para una democracia”, ha expresado. 

En esta línea, ha continuado, solo desde “los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”, plasmado en los textos internacionales “se puede profundizar y garantizar los valores democráticos de convivencia, pluralismo político, y de defensa de los derechos humanos”.