La diputada tránsfuga Vidina Espino, no está conforme con la reforma Espino, que es la que estos días acomete el Parlamento de Canarias precisamente para poner más dificultades al transfuguismo. Es la única de las 70 señorías que componen la Cámara autonómica que ha impugnado esa iniciativa, tomada a raíz de que ella abandonara Ciudadanos y permaneciera en el Grupo Mixto gozando de todas las ventajas políticas y económicas como si no hubiera pasado nada, aprovechándose precisamente de un fallo en el reglamento que ahora trata de corregirse.
Vidina Espino ha pedido a la Mesa del Parlamento que reconsidere “la disposición final de la modificación del Reglamento de la Cámara (...) para que las modificaciones de dicho texto sean de aplicación en la próxima legislatura, o en todo caso, que los cambios que afecten al Grupo Parlamentario Mixto sean de aplicación en la XI Legislatura”. Ha alegado que tal reforma vulneraría sus derechos fundamentales, “en especial el derecho al ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad, así como los derechos integrantes del ius in officium, en relación con la igualdad mencionada, atentando igualmente contra el principio de libertad de mandato”.
De entrar en vigor en marzo esas modificaciones, lo cual estaría en manos de la Comisión de Reglamento y no de la Mesa, Vidina Espino vería suprimidos los recursos económicos con los que actualmente cuenta -la mitad de los del Grupo Mixto, unos 157.000 euros al año- y el protagonismo político que le otorga ser la portavoz de ese grupo, en el que también se encuentra su excompañero en Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente. Como diputada del grupo de no adscritos solo tendría derecho a su salario y a las dietas que le correspondieran, y a votar en el pleno y en las comisiones de las que formara parte, pero no a intervenir en los plenos como portavoz o a manifestarse como tal a través de los comunicados de prensa que envía mediante una periodista que tampoco podría costear sin los recursos económicos que ahora tiene.
La petición de la diputada tránsfuga de “reconsideración” de la reforma del reglamento del Parlamento se ha tropezado con un contundente y prolijo informe de contestación del servicio jurídico de la Cámara, que a lo largo de 24 folios rechaza una a una todas las pretensiones expuestas por Espino en su escrito, de tan solo 6. Así, los letrados del Parlamento desmontan la primera de las pretensiones diciéndole a la tránsfuga que la “reconsideración” que pretende no puede remitirla a la Mesa de la Cámara, sencillamente porque ese órgano se limita a dar traslado del texto de reforma desde la Secretaría General a la Comisión de Reglamento, que habrá de ser a la postre la que lo debata y lo apruebe para su remisión al pleno. “Los miembros de la Cámara carecen de legitimación para la impugnación, en abstracto, de una modificación del Reglamento”, dicen los letrados en su informe, “al tratarse de una norma que tiene fuerza de ley en sentido material”.
Los letrados recomiendan a la diputada tránsfuga que, llegado el caso, recurra en amparo ante el Tribunal Constitucional si considera que la reforma pudiera vulnerar sus derechos a la representación política o cualquier otro derecho fundamental. Y que, en el ejercicio de sus derechos como parlamentaria canaria, vote en contra de la reforma si la considera lesiva contra sus intereses.
“En ningún caso podría sostenerse que la mera aprobación de la modificación del Reglamento y su inmediata entrada en vigor en la línea de lo que cuestiona la señora Espino”, dicen los letrados del Parlamento, “pudiera ser suficiente para constatar una lesión efectiva y real de los derechos que asisten a la citada diputada”.
No obstante, el servicio jurídico deja abierta una rendija para la esperanza que tiene Espino de no perder las ventajas de las que goza actualmente: que se solicite los grupos parlamentarios presentes en la Comisión de Reglamento que se incluya una enmienda para que la reforma que tanto le preocupa no entre en vigor hasta la siguiente legislatura, la undécima, en la que en el mejor de los casos, la diputada formaría parte del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, el de Coalición Canaria, el partido al que se abrazó tras abandonar Ciudadanos. Todavía se desconoce en qué lista será incluida, pero tiene muchas posibilidades de serlo en la del Parlamento por Gran Canaria.
Espino también ha tratado de impugnar sin éxito la modificación reglamentaria que actuaría directamente sobre los fondos económicos disponibles para el Grupo Mixto. La reforma habla de una división por secciones, lo que a ella le hace temer una pérdida de control sobre aquellos, lo que la lleva a denunciar una especie de intromisión en el funcionamiento interno de los grupos parlamentarios. Los letrados la tranquilizan informándole de que el texto de la modificación solo habla de una división en secciones cuando no haya acuerdo entre los miembros del Grupo Mixto. Hasta ahora no ha tenido problemas con el otro diputado, con quien mantiene unas relaciones estrictamente “correctas”.