El Gobierno de Navarra descarta medidas contra las colonias de Euskal Udalekuak a pesar de las peticiones de Álava

El Gobierno de Navarra se apoya en el triple archivo de la denuncia de Vox y Abogados Cristianos para no intervenir en las colonias Euskal Udalekuak de Abaigar y Goñi a pesar de que la Diputación de Álava pida para ellas medidas cautelares por estar bajo investigación por presunta violencia sexual otro campamento de la misma entidad, el de Bernedo. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias (Contigo/Zurekin), ha afirmado que “las entidades que gestionan” los campamentos en Navarra “son diferentes” y que en ellas “no hay ningún hecho denunciado”.

“Los hechos tramitados en Euskadi obedecen a unos sucesos que se produjeron” en esa comunidad autónoma, por lo que “no se pueden extender a las localidades navarras”, ha señalado Alfaro, parafraseando el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que refrendada dos resoluciones anteriores del juzgado de Estella cerrando la vía penal totalmente.

Según ha indicado Alfaro, se realizará por parte de las instituciones “la supervisión habitual” al no considerar que haya “elementos para extremar la cautela”. Los campamentos de Abaigar y Goñi “cumplen con los requisitos técnicos que se establecen y no hay motivos para tomar medidas cautelares”, defendía. Y añadía que estarán “atentos y vigilantes” como se hace “en cualquier caso”.

La Audiencia Provincial de Navarra desestimó el recurso presentado por Vox y por Abogados Cristianos y confirmó el archivo de las denuncias contra las colonias de Abaigar y Goñi de Euskal Udalekuak, para las que se pedía una investigación por si se reproducían los presuntos casos de violencia sexual conocidos en el campamento de esta misma asociación en Álava, en Bernedo. Fue la tercera resolución en el mismo sentido, después de la inicial del Tribunal de Instancia de Estella y de un recurso de reforma.

La consejera navarra también ha destacado que la denuncia no haya sido “formulada por las familias”, sino por un partido político y motivada por la “campaña de Abogados Cristianos”. En Álava, el Tribunal de Instancia de Vitoria lleva quince meses investigando la cuestión y, de cara a septiembre, se tomará declaración en calidad de imputados a varios monitores, según la Diputación alavesa.