La diputada tránsfuga Vidina Espino rompe la unanimidad para la reforma del reglamento del Parlamento canario

La diputada tránsfuga del Grupo Mixto Vidina Espino ha sido la única que se ha abstenido en la votación de la toma en consideración de la modificación del reglamento del Parlamento de Canarias, que entre otras cuestiones trata de poner coto al transfuguismo. El resto de votos han sido favorables.

Espino ha confirmado que presentará sendas enmiendas, una para que el dinero que no se hayan gastado los grupos se pueda donar a fines solidarios, y la otra, para que los efectos de la reforma sean efectivos a partir de la próxima legislatura para evitar perder fondos públicos, aunque argumenta que es “por si alguien tiene la tentación de obrar de forma incorrecta”.

Es la única de las 70 señorías que componen la Cámara autonómica que ha impugnado esa iniciativa, tomada a raíz de que ella abandonara Ciudadanos y permaneciera en el Grupo Mixto gozando de todas las ventajas políticas y económicas como si no hubiera pasado nada, aprovechándose precisamente de un fallo en el reglamento que ahora trata de corregirse.

Este miércoles, ha habido prácticamente unanimidad de todos los grupos en que la reforma es necesaria y oportuna, pues es habitual al final de cada legislatura, y ha habido diversos llamamientos al consenso para sacarla adelante. También ha habido coincidencia entre la mayoría de los diputados intervinientes en la necesidad de luchar contra el transfuguismo y de que los parlamentarios que dejen la formación con la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de estas pasen a ser diputados no adscritos.

De entrar en vigor en marzo esas modificaciones, Espino vería suprimidos los recursos económicos con los que actualmente cuenta -la mitad de los del Grupo Mixto, unos 157.000 euros al año- y el protagonismo político que le otorga ser la portavoz de ese grupo, en el que también se encuentra su excompañero en Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente. Como diputada del grupo de no adscritos solo tendría derecho a su salario y a las dietas que le correspondieran, y a votar en el pleno y en las comisiones de las que formara parte, pero no a intervenir en los plenos como portavoz o a manifestarse como tal a través de los comunicados de prensa que envía mediante una periodista que tampoco podría costear sin los recursos económicos que ahora tiene.