El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha garantizado que el ejecutivo responderá “con rigor” a la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sobre su declaración como zona de vivienda tensionada, pero ha advertido de que no va a aprobar ninguna medida que lleve a la disminución de la oferta.
Durante una comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias para informar sobre su política de vivienda, Rodríguez ha asegurado que efectivamente es el Gobierno canario el competente para declarar zonas tensionadas, pero lo que plantea el ejecutivo es que haya un protocolo para que los ayuntamientos solicitantes sean los que presenten sus informes.
Ese protocolo se incorporará al nuevo decreto sobre vivienda que prepara el Gobierno de Canarias, para que tenga rango legal o reglamentario.
En el caso de la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se decidirá a la vista de los informes “de unos y de otros”, del Ayuntamiento y del Gobierno. También se va a dar trámite de exposición pública a la petición para que haya participación.
Luego se analizarán todos los factores con rigor porque “no vamos a aprobar nunca ninguna medida” que lleve a la disminución de la oferta, ha dicho Pablo Rodríguez.
El consejero ha repasado las políticas sobre viviendas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para un problema que se ha agravado desde la crisis financiera de 2007-2008, hasta el punto de que ya no afecta solo a los más vulnerables y a los jóvenes, sino al conjunto de la población.
“No hay una única causa detrás de este problema y, por tanto, tampoco hay una sola solución, sino varias”, ha dicho Rodríguez, quien ha asegurado que aunque “no hay una solución mágica, no vamos a tirar la toalla para dar respuesta a los ciudadanos”.
Ha detallado que un tercio de los inscritos en el registro de demandantes de vivienda solicitan vivienda pública en régimen de alquiler, unas 10.000 o 11.000 personas.
Pero además, la mitad de los inscritos demandan en régimen privado, ya sea en alquiler o en compraventa, de manera que no solo se demanda vivienda pública.
Por eso es necesario construir vivienda pública para los más vulnerables, pero también vivienda protegida en régimen de alquiler y compra-venta, tanto por parte del sector público como del privado, ha señalado.
Ha recordado que hace un año se aprobó el decreto de emergencia habitacional para agilizar los trámites en la construcción de vivienda pública correspondiente al Plan canario de Vivienda 2021-2025 y que gracias a eso en 2024 se están construyendo 1.000 viviendas y en 2025 se iniciarán otras 1.000.
Otras medidas del decreto están enfocadas a incentivar al sector privado para la construcción de vivienda protegida, porque eso es lo que va a garantizar que realmente aumente la oferta, según Pablo Rodríguez, quien también aludió a las medidas de ese decreto relacionadas con la transformación del suelo y la reutilización de edificaciones.
Algunas medidas del decreto tienen más recorrido que otras y por eso se ha encargado un estudio de evaluación de cada una en colaboración con los ayuntamientos, ha indicado.
Ha insistido en que “nunca antes” se habían movilizado tantas herramientas como ahora para solucionar el problema de la vivienda, lo que ha permitido “reactivar un sector que estaba prácticamente dormido, el de la construcción de vivienda protegida”.
Pablo Rodríguez ha mencionado otros instrumentos para incrementar la oferta del parque de viviendas, como los convenios con cooperativas, la Hipoteca Joven Canaria y bonificaciones fiscales para propietarios de viviendas vacías con el objetivo de que las pongan en alquiler.
Ha anunciado que este año se aprobará el Plan de Vivienda 2026-2031, que será “más realista para evitar frustraciones”.
También se está preparando un nuevo decreto ley para agilizar la obtención de licencias urbanísticas, ya que actualmente se tarda demasiado en conseguirlas en los ayuntamientos.
Este nuevo decreto incluirá el desarrollo de la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias con ingresos superiores a los requisitos de la vivienda pública pero que aun así tienen dificultades para acceder al mercado libre del alquiler.
El nuevo decreto contará con más incentivos para que el sector privado construya vivienda protegida, ha adelantado el consejero.
Por los grupos parlamentarios, Patricia Hernández, del PSOE, ha recordado que ayuntamientos como el de Las Palmas de Gran Canaria han pedido la declaración de zona de vivienda tensionada para que bajen los precios, sin que haya respuesta del Gobierno de Canarias, y ha acusado al ejecutivo de no aportar soluciones cuando hace un año que aprobó su decreto urgente por la crisis habitacional.
José Javier Pérez Llamas, de CC, ha asegurado que el problema de la vivienda procede de la anterior legislatura, a lo que se une el “fracaso” de la Ley Estatal de Vivienda, en particular en la declaración de zonas tensionadas.
La diputada del PP Jennifer Curbelo coincidió en el fracaso de la Ley estatal de Viviendas y del anterior Gobierno de Canarias, mientras que es ahora cuando se han tomado medidas.
Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha recordado que entre 2009 y 2019, con CC al frente del Gobierno de Canarias, solo se construyeron 34 viviendas públicas, después el pacto de las flores puso en marcha el plan canario de vivienda y ahora de nuevo CC “lo está haciendo peor”, algo que no la tranquiliza porque “afecta a la vida de la gente”.
Paula Jover, de Vox, garantizó el apoyo de su partido a la política de vivienda del Gobierno de Canarias, aunque el ejecutivo siga desoyendo sus propuestas.
La representante de ASG Melodie Mendoza defendió aplicar más medidas, como actualizar las medidas fiscales, dar más facilidades a la autoconstrucción, simplificar la concesión de licencias y fomentar la construcción en municipios de menos de 20.000 habitantes.
También se puede revisar la Ley Canaria de Vivienda para adaptarla a los nuevos desafíos del mercado inmobiliario y avanzar hacia una planificación insularizada de la vivienda, sugirió