El Gobierno de Canarias acepta las modificaciones planteadas por el Estado a su Ley de Presupuestos para 2026
El Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han alcanzado un acuerdo en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias mediante el cual el Ejecutivo autonómico acepta las modificaciones planteadas por el Estado respecto a determinados artículos de la Ley 9/2025, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.
El acuerdo, suscrito por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, permite resolver las discrepancias competenciales detectadas por el Estado sobre varios preceptos de la norma presupuestaria autonómica y evita así la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con los criterios de aplicación administrativa y normativa acordados se da seguridad jurídica, como propuso el Estado, a los beneficiarios de pensiones no contributivas en Canarias a la hora de percibir el importe máximo posible de la pensión complementaria activada por el Gobierno insular, puesto que, sin este acuerdo, podía suscitarse la cuestión de que no quedara garantizado que la recibieran si superaba -con la suma de ambas- el tope anual máximo recogido en los Presupuestos Generales del Estado.
El ministro Torres ha destacado que este acuerdo, “es fruto del diálogo permanente y la voluntad del Gobierno de España de tender siempre la mano, y aporta una solución con garantías a miles de pensionistas”.
Modificaciones aceptadas por Canarias
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes. En virtud del acuerdo alcanzado, el Gobierno de Canarias se compromete a promover modificaciones legislativas para suprimir el apartado 4 del artículo 56 y el apartado cuatro de la disposición final sexta de la ley autonómica.
Asimismo, ambas administraciones acuerdan interpretar y aplicar la disposición adicional cuadragésima cuarta conforme a la normativa estatal vigente en materia de pensiones no contributivas y a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.